Corrupción, deterioro institucional, crisis de gestión y una confianza pública difícil de recuperar
Existe una diferencia fundamental entre perder unas elecciones por agotamiento natural de un proyecto y llegar a ellas bajo el peso de una crisis de credibilidad que afecta a la propia concepción del poder. Pedro Sánchez afronta el 29 de noviembre situado en esta segunda circunstancia. Su trayectoria gubernamental acumula avances reconocibles, pero también controversias judiciales en su entorno político, incumplimientos, contradicciones, conflictos institucionales y decisiones de gestión que han deteriorado la percepción pública del Ejecutivo. No todos los hechos poseen igual gravedad ni generan idénticas responsabilidades. Sin embargo, su acumulación constituye uno de los elementos más relevantes para interpretar la actual campaña electoral.
El problema más profundo del sanchismo no es que haya cometido errores. Todos los gobiernos los cometen. Su verdadera dificultad reside en la distancia que una parte de los ciudadanos percibe entre la regeneración democrática prometida en 2018 y las prácticas políticas que han acompañado el ejercicio posterior del poder.
La moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy se fundamentó políticamente en una exigencia de responsabilidad ante la corrupción. Ocho años después, Sánchez debe explicar por qué personas que ocuparon posiciones centrales en su organización y en su Gobierno aparecen vinculadas a investigaciones judiciales de considerable trascendencia.
La contradicción afecta al núcleo de su legitimidad política original.
La corrupción como corrosión de la autoridad moral
El denominado caso Koldo, las investigaciones relacionadas con José Luis Ábalos y Santos Cerdán y las sospechas sobre determinadas contrataciones públicas han condicionado gravemente el debate político de los últimos años.
La gravedad de estos asuntos no deriva únicamente de las cantidades económicas investigadas o de la posible existencia de comisiones ilegales. Reside también en el papel que desempeñaron algunos de sus protagonistas dentro de la estructura del poder socialista.
Ábalos fue ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Cerdán ocupó igualmente la Secretaría de Organización. Su proximidad política al presidente convirtió las investigaciones sobre sus actuaciones en una cuestión de responsabilidad que excedía el ámbito estrictamente judicial.
Es imprescindible establecer una distinción: una investigación judicial no equivale a una condena, y la relación política o personal con un investigado no convierte automáticamente a nadie en responsable de sus posibles delitos. No existe fundamento para atribuir culpabilidad penal a Sánchez por el mero hecho de haber compartido responsabilidades con personas investigadas.
Pero de esa cautela jurídica tampoco puede deducirse la inexistencia de responsabilidades políticas.
Un presidente responde por la elección de sus colaboradores más importantes, por los mecanismos de supervisión que establece y por la manera en que reacciona cuando aparecen indicios relevantes de irregularidades.
La pregunta no consiste solamente en determinar qué sabía personalmente Sánchez de cada actuación presuntamente delictiva. También importa conocer por qué determinadas personas alcanzaron posiciones tan decisivas, qué controles funcionaron o fallaron y cuáles fueron las consecuencias políticas de las informaciones conocidas.
El ejercicio del poder obliga a responder por los sistemas de responsabilidad, no únicamente por las conductas individuales.
La autoridad moral de un Gobierno se erosiona cuando sus explicaciones parecen depender del ritmo de los sumarios judiciales y no de una voluntad constante de transparencia.
La responsabilidad penal y la responsabilidad política no son intercambiables
Uno de los defectos del debate español es la tendencia a transformar cualquier investigación judicial en una sentencia anticipada o, por el contrario, a presentar la presunción de inocencia como una garantía absoluta frente al examen político.
Ambas posiciones son equivocadas.
La presunción de inocencia protege a las personas frente a condenas penales sin pruebas suficientes. Es un principio esencial del Estado de derecho y debe respetarse incluso cuando los investigados resultan políticamente antipáticos.
La responsabilidad política posee otra naturaleza. Puede existir sin delito cuando se produce una gestión negligente, una supervisión deficiente, una decisión injustificable o una pérdida objetiva de confianza.
La dimisión de un alto cargo no requiere necesariamente una sentencia condenatoria. Tampoco debe exigirse como castigo automático ante cualquier acusación, especialmente cuando esta carece de respaldo verificable.
Lo relevante es la gravedad de los hechos, la responsabilidad individual y la credibilidad de las explicaciones.
En la cultura política española se ha instalado una confusión interesada. Los partidos suelen reclamar dimisiones inmediatas cuando las investigaciones afectan a sus adversarios, mientras invocan criterios mucho más restrictivos cuando los protagonistas pertenecen a sus propias organizaciones.
Esa doble vara de medir contribuye a la desafección ciudadana.
El PSOE no puede reclamar estándares de limpieza institucional inferiores a los que exigió al PP en 2018. Pero tampoco el PP puede erigirse en juez moral sin aceptar el examen de sus antecedentes, de sus gobiernos autonómicos y de su propia actuación institucional.
La regeneración democrática no pertenece a ningún partido. Es una obligación compartida que debe mantenerse cuando resulta incómoda.
El desgaste institucional y la utilización partidista del Estado
El gobierno de Sánchez ha convivido con una confrontación intensa sobre el funcionamiento de los órganos constitucionales, el papel del Parlamento, las relaciones con el Poder Judicial y los límites de la intervención gubernamental en instituciones públicas.
Algunas discrepancias respondían a problemas reales, como los prolongados bloqueos en la renovación de órganos institucionales. Otras surgieron de iniciativas y declaraciones que intensificaron la sospecha de instrumentalización partidista.
La crítica debe evitar dos simplificaciones.
La primera consiste en interpretar cualquier propuesta de reforma institucional como un ataque a la democracia. Las instituciones pueden modificarse legítimamente y necesitan mecanismos de actualización.
La segunda consiste en considerar que una mayoría parlamentaria convierte automáticamente en conveniente cualquier actuación del Ejecutivo.
La legalidad es indispensable, pero no agota los requisitos de una buena democracia.
También importan la proporcionalidad, la transparencia, la calidad de los procedimientos, el respeto a las minorías parlamentarias y la preservación de organismos capaces de actuar sin subordinación al interés inmediato del Gobierno.
Una democracia madura necesita controles independientes precisamente porque ninguna mayoría debe disponer de poder ilimitado.
La reiterada conversión de los desacuerdos institucionales en enfrentamientos personales ha perjudicado esa cultura de límites.
El ciudadano termina contemplando un escenario en el que la defensa de las instituciones parece depender del partido que las ocupa.
Y cuando se normaliza semejante percepción, la confianza pública se debilita.
De gobernar con alianzas a depender de ellas
El pacto parlamentario constituye una práctica legítima y necesaria. España es una democracia plural, con partidos de ámbito nacional, autonómico y territorial, y sus instituciones deben poder integrar esa diversidad.
Sin embargo, la legislatura iniciada en 2023 presentó una dificultad especial: los partidos que facilitaron la investidura de Sánchez no constituían una mayoría estable para desarrollar un programa compartido de gobierno.
El apoyo inicial dependía de acuerdos diferenciados, con objetivos muchas veces divergentes.
La consecuencia fue una considerable vulnerabilidad parlamentaria. Cada iniciativa relevante exigía nuevas negociaciones, mientras los socios conservaban capacidad para condicionar la agenda del Ejecutivo.
Este modelo puede funcionar cuando existe una cultura de acuerdos transparente y unos objetivos verificables. Resulta mucho más problemático cuando las concesiones se negocian de manera fragmentaria y no siempre se explica su coherencia con el interés general.
El deterioro acabó manifestándose en la dificultad para aprobar presupuestos y en los obstáculos para convertir distintas iniciativas en legislación estable.
La derrota de los decretos de vivienda, antecedente inmediato de la convocatoria electoral, mostró hasta qué punto el Gobierno había perdido la capacidad de articular su mayoría.
La pregunta política resulta inevitable: ¿puede considerarse satisfactoria una legislatura cuando su supervivencia ocupa más esfuerzos que la ejecución de un proyecto coherente?
La permanencia de un presidente no debería convertirse en el objetivo prioritario de la actividad gubernamental.
El problema de la economía cotidiana
Uno de los argumentos centrales del PSOE se apoya en los resultados macroeconómicos, la evolución del empleo y las políticas de protección social.
Sería injustificado negar que estos elementos forman parte de las realizaciones de los gobiernos de Sánchez.
Las reformas laborales, las subidas del salario mínimo, la revalorización de las pensiones y diferentes mecanismos de apoyo a los hogares contribuyen a explicar por qué el presidente conserva apoyos sociales importantes.
Pero el bienestar de una sociedad no se puede evaluar exclusivamente mediante grandes cifras agregadas.
Los problemas de vivienda se han convertido en un factor de frustración generacional. Numerosos jóvenes encuentran dificultades para emanciparse, formar hogares y construir proyectos vitales estables. El encarecimiento residencial limita las oportunidades incluso de personas que disponen de empleo.
También resulta necesario examinar la carga fiscal efectiva de los hogares, los incrementos nominales de renta, los efectos acumulados de la inflación y las diferencias entre colectivos.
La situación de los pensionistas merece un análisis especialmente cuidadoso. La revalorización conforme al IPC constituye un avance relevante para proteger las pensiones frente a la inflación, pero no significa que todos los jubilados hayan mejorado de manera homogénea su bienestar económico.
La desigualdad entre pensiones altas y bajas, los gastos asociados a la dependencia, la vivienda y los servicios esenciales condicionan la situación real de muchas personas mayores.
Algo semejante sucede con el empleo. Su crecimiento constituye un indicador favorable, pero debe acompañarse de un examen de salarios, productividad, calidad de las ocupaciones y oportunidades para los trabajadores más jóvenes.
El balance económico, por tanto, no admite ni la celebración incondicional ni el catastrofismo.
Lo que sí puede criticarse es la tendencia gubernamental a seleccionar los indicadores favorables y presentar las dificultades persistentes como problemas ajenos a su responsabilidad.
Gobernar consiste precisamente en afrontar los problemas que permanecen, no únicamente en destacar los que mejoran.
La crisis ferroviaria y los límites de la responsabilidad ministerial
Las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda han incorporado a la campaña electoral una dimensión especialmente dolorosa: la seguridad de las infraestructuras y la responsabilidad de quienes gestionan servicios públicos esenciales.
La dimisión de Óscar Puente, anunciada el 3 de noviembre, representó un acontecimiento de notable repercusión política. Su significado excede la trayectoria personal del exministro porque obliga a discutir la supervisión del sistema ferroviario, las inversiones de mantenimiento, la transparencia y la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.
La dimisión no demuestra por sí misma la existencia de responsabilidad penal ni establece automáticamente las causas técnicas de los accidentes. Estas cuestiones requieren investigaciones rigurosas e independientes.
Pero tampoco puede utilizarse la ausencia de conclusiones judiciales definitivas para eludir la rendición de cuentas sobre las políticas públicas.
Las víctimas y sus familias tienen derecho a conocer las causas, las posibles deficiencias preventivas y las medidas necesarias para evitar nuevas tragedias.
El Gobierno, además, debe responder por la coordinación de las responsabilidades institucionales. El cese o la dimisión de un ministro puede cerrar una etapa administrativa, pero no sustituye el examen del sistema que dirigía.
Desde Cuenca esta discusión adquiere un significado particular. La clausura del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia ha sido objeto de controversias técnicas, sociales, administrativas y políticas durante años.
No existe una relación causal que permita equiparar aquel cierre con los accidentes recientes. Sería irresponsable sugerirla. Pero ambos debates obligan a reflexionar sobre la planificación ferroviaria, la asignación de inversiones y los criterios con los que se decide conservar, modernizar o abandonar infraestructuras.
Los ciudadanos de una provincia afectada por la pérdida de conexiones tienen derecho a exigir explicaciones que vayan más allá de la rentabilidad inmediata.
La movilidad constituye también una cuestión de ciudadanía.
El cansancio social y la psicología del poder
La sociología política permite identificar un fenómeno especialmente relevante en las etapas prolongadas de gobierno: la transformación de la percepción ciudadana cuando el gobernante deja de representar una expectativa de cambio y comienza a ser identificado con los problemas existentes.
No todos los ciudadanos experimentan ese proceso de igual manera. Los partidarios más fieles pueden conservar una identificación intensa con el líder, mientras otros electores que anteriormente lo respaldaron desarrollan dudas, fatiga o rechazo.
El desgaste electoral no surge solamente de los errores objetivos. También depende de su repetición, de la respuesta institucional y de la credibilidad de las explicaciones.
Cuando las controversias se suceden, el ciudadano dispone de menos tiempo y disposición para analizar cada una. Puede acabar integrándolas en una impresión general de deterioro.
Ese proceso produce un efecto acumulativo.
Una noticia que aisladamente tendría consecuencias limitadas puede adquirir mayor trascendencia cuando se incorpora a una secuencia de conflictos previos.
La respuesta gubernamental basada exclusivamente en denunciar una campaña hostil puede resultar insuficiente, porque no todos los ciudadanos críticos participan de una estrategia partidista.
Muchos simplemente desean estabilidad, eficacia administrativa, explicaciones claras y una relación menos conflictiva con sus instituciones.
La polarización permite movilizar a los convencidos, pero también puede alejar a los moderados.
Este es uno de los principales riesgos para Sánchez: que la defensa de su continuidad se interprete como una confrontación interminable en la que los problemas cotidianos permanecen subordinados al combate político.
La factura que no se paga con propaganda
Pedro Sánchez mantiene una capacidad comunicativa considerable. Su experiencia política le permite identificar los puntos débiles de sus adversarios y convertir determinadas cuestiones en símbolos de movilización.
Pero existe un límite para cualquier estrategia de comunicación: la distancia entre el relato y la experiencia vivida.
Un ciudadano con dificultades para acceder a una vivienda no resuelve su situación porque se le presenten buenos datos agregados de crecimiento. Una familia que necesita servicios públicos eficaces no obtiene una solución mediante la descalificación de la oposición. Una comarca sin suficientes alternativas de transporte no mejora su conectividad por la acumulación de anuncios institucionales.
El Gobierno debe explicar sus logros, pero también reconocer los problemas que no ha conseguido solucionar.
Una democracia necesita gobernantes capaces de admitir que determinadas decisiones fueron equivocadas y que algunas políticas no produjeron los efectos esperados.
Esa disposición a rectificar debería constituir una fortaleza, no una manifestación de debilidad.
La resistencia permanente, en cambio, puede acabar confundiendo la fortaleza personal con la incapacidad para asumir responsabilidades.
El PSOE ante una decisión que trasciende al presidente
La proximidad electoral obliga al socialismo español a plantearse una cuestión que se ha aplazado durante demasiado tiempo: si su proyecto político posee una identidad suficientemente definida al margen del liderazgo de Sánchez.
El PSOE no nació con el actual presidente y tampoco desaparecerá cuando concluya su etapa. Su historia, su implantación territorial y su contribución a la democracia española superan ampliamente la experiencia reciente.
Precisamente por esa trayectoria, merece conservar capacidad crítica y mecanismos de renovación.
La lealtad a un proyecto no debería confundirse con la adhesión incondicional a una persona. Tampoco la discrepancia interna debe ser interpretada automáticamente como deslealtad.
La reconstrucción de una cultura partidaria basada en la deliberación, el debate ideológico y la rendición de cuentas podría resultar necesaria cualquiera que sea el resultado electoral.
Si Sánchez consigue renovar su mandato, necesitará demostrar que ha comprendido las causas del desgaste. Si pierde, el PSOE deberá decidir si se limita a buscar nuevos responsables o acomete una revisión profunda de su funcionamiento.
En ambos casos, la pregunta será semejante: ¿qué socialismo necesita España después de esta etapa?
La respuesta no puede reducirse al destino de un solo dirigente.
El verdadero significado de la rendición de cuentas
La democracia representativa no ofrece un mecanismo perfecto para evaluar gobiernos. Las elecciones agrupan múltiples debates, intereses y percepciones en una decisión colectiva.
Sin embargo, constituyen la oportunidad principal para exigir responsabilidades políticas.
El 29 de noviembre no se juzgará penalmente a Pedro Sánchez ni a ninguno de sus colaboradores. Tampoco se decidirá de manera definitiva su lugar en la historia.
Se examinará algo más concreto: si una parte suficiente del electorado considera que el presidente merece continuar al frente del Gobierno o si prefiere abrir una etapa distinta.
La discusión debería trascender el rechazo visceral y la adhesión acrítica.
Los ciudadanos necesitan conocer los resultados de las políticas, los costes de las decisiones, el estado de las instituciones y la viabilidad de las alternativas.
No basta con reprochar al Gobierno sus errores. Quienes aspiran a sustituirlo deben demostrar que disponen de propuestas superiores y capacidad para ejecutarlas.
Pero esa exigencia hacia la oposición no disminuye las obligaciones del gobernante saliente.
El gran lastre de Pedro Sánchez consiste en haber convertido la supervivencia política en una virtud tan reiterada que una parte de la sociedad empieza a preguntarse si todavía sirve a un proyecto de país o si el proyecto ha terminado subordinado a la supervivencia del propio presidente.
El 29-N comenzará a despejarse esa incógnita.