De la reconquista del PSOE a unas elecciones que pueden cerrar una época
Pedro Sánchez llega a las elecciones generales del 29 de noviembre enfrentado a una paradoja que resume buena parte de su trayectoria política: el hombre que hizo de la resistencia su principal virtud puede descubrir ahora que esa misma resistencia, prolongada más allá de lo políticamente razonable, se ha convertido en su mayor debilidad. No es una cuestión de fortuna electoral ni exclusivamente de capacidad comunicativa. Es el resultado de ocho años de ejercicio del poder, de decisiones estratégicas discutibles, de alianzas sucesivas, de compromisos incumplidos o reinterpretados y de una erosión de la confianza que amenaza con sobrevivir al propio presidente.
La convocatoria anticipada de elecciones, formalizada el 5 de octubre, puso fin a una legislatura que pretendía llegar hasta 2027. Lo hizo después de la derrota parlamentaria de las iniciativas gubernamentales sobre vivienda, en un momento en el que la mayoría de investidura había dejado de proporcionar una base estable para gobernar. Sánchez decidió transformar una situación de debilidad parlamentaria en una nueva apelación al electorado. La maniobra respondía a su instinto político más reconocible: cuando disminuyen las posibilidades de negociación, elevar la confrontación hasta convertirla en una disyuntiva general entre proyectos de país.
Pero el escenario de 2026 no es el de 2017, ni siquiera el de 2018. Tampoco reproduce las circunstancias que permitieron al PSOE conservar el Gobierno tras las elecciones de julio de 2023. La acumulación de experiencias ha modificado la percepción pública del presidente, mientras los ciudadanos disponen de un balance de gestión suficientemente prolongado para juzgarlo sin depender exclusivamente de promesas futuras.
El problema de Sánchez es que ya no puede presentarse únicamente como una alternativa a lo que otros hicieron. Ahora debe responder por lo que él mismo ha hecho.
La extraordinaria ascensión de un dirigente inesperado
Para comprender el momento actual resulta imprescindible regresar a mayo de 2017. Pedro Sánchez recuperó entonces la secretaría general del PSOE después de haber sido desplazado de la dirección del partido en octubre de 2016. Su victoria frente a Susana Díaz representó mucho más que una disputa orgánica. Supuso la rebelión de una parte importante de la militancia contra los equilibrios tradicionales del aparato socialista y convirtió al candidato derrotado meses antes en símbolo de recuperación de la autonomía política.
Aquella victoria proporcionó a Sánchez un capital emocional considerable. Había construido un relato de resistencia frente a las estructuras establecidas, frente a las presiones internas y frente a quienes pretendían administrar el partido desde las jerarquías territoriales.
El dirigente que recuperó Ferraz se presentó como defensor de la autenticidad democrática de las bases. Su éxito transmitía una idea sencilla: un político podía ser apartado del poder y regresar gracias a la voluntad de sus militantes.
Sin embargo, aquella concepción participativa fue encontrando límites conforme Sánchez consolidó su autoridad. La recuperación del liderazgo acabó acompañada por una creciente concentración de las decisiones estratégicas en el entorno presidencial. El PSOE pasó de la rebelión de las bases a una organización en la que la discrepancia interna encontraba cada vez menos espacio público.
No significa esto que desapareciera toda diversidad de opiniones. Significa que la legitimidad obtenida mediante las primarias terminó utilizada, en buena medida, para reforzar un liderazgo de carácter marcadamente personal.
Ahí se encuentra una de las primeras contradicciones del sanchismo: nació reivindicando la autonomía de la militancia y evolucionó hacia una dirección extraordinariamente dependiente de su líder.
La moción de censura y el origen de una legitimidad discutida
El 1 de junio de 2018, la moción de censura contra Mariano Rajoy convirtió a Sánchez en presidente del Gobierno. La iniciativa tuvo como detonante político inmediato la sentencia del caso Gürtel, que había golpeado severamente la credibilidad del Partido Popular.
La moción constituyó un procedimiento plenamente constitucional. Conviene recordarlo, porque la crítica política no debe confundir una investidura legítima con una supuesta anomalía jurídica. La Constitución española contempla expresamente la moción de censura constructiva, y Sánchez alcanzó la presidencia mediante los mecanismos previstos por el sistema parlamentario.
Ahora bien, una cosa es la legitimidad constitucional y otra la capacidad de construir una mayoría estable, coherente y duradera.
El nuevo presidente llegó a La Moncloa sostenido por fuerzas políticas que compartían el objetivo de desalojar a Rajoy, pero no necesariamente un proyecto homogéneo de gobierno. Desde aquel momento, la política española empezó a depender de una geometría parlamentaria especialmente compleja.
La provisionalidad inicial se transformó después en un método de supervivencia. Primero mediante acuerdos ocasionales; más adelante, a través de una coalición gubernamental con Unidas Podemos; finalmente, mediante la negociación con diferentes partidos nacionalistas e independentistas.
La capacidad para pactar es una virtud necesaria en cualquier democracia parlamentaria. Lo cuestionable no es negociar con fuerzas distintas, sino la falta de una explicación convincente cuando las condiciones del acuerdo parecen contradecir compromisos anteriores.
Y esa contradicción acabó convirtiéndose en una característica persistente del periodo.
De la política de principios a la política de necesidades
La evolución de Sánchez puede examinarse a través de sus cambios de posición sobre cuestiones decisivas.
La relación con Podemos, la negociación con los independentistas catalanes, los indultos de 2021, la ley de amnistía de 2024 y diferentes iniciativas institucionales reflejan una combinación de pragmatismo y rectificación política que sus adversarios consideran oportunismo y sus partidarios defienden como adaptación a las exigencias de una sociedad plural.
Ambas interpretaciones deben ser consideradas, pero ninguna elimina la pregunta fundamental: ¿hasta dónde puede llegar un gobernante en la revisión de sus compromisos sin deteriorar su credibilidad?
En política, cambiar de opinión no constituye necesariamente una falta. Las circunstancias evolucionan y los dirigentes necesitan modificar sus estrategias. Lo que resulta más problemático es presentar decisiones incompatibles entre sí como si todas hubieran respondido desde el principio a un mismo proyecto perfectamente definido.
La aprobación de la amnistía se convirtió en uno de los ejemplos más expresivos de esta tensión. El Gobierno defendió la medida como un instrumento de normalización política en Cataluña. Sus críticos interpretaron que respondía, sobre todo, a la necesidad de reunir los apoyos parlamentarios imprescindibles para la investidura de 2023.
La controversia no se limitó a la constitucionalidad o conveniencia de la norma. Afectó también a la percepción de sinceridad de los compromisos electorales.
Sánchez demostró una capacidad excepcional para conquistar y conservar posiciones de poder, pero la eficacia táctica no garantiza por sí sola la consistencia estratégica.
Ganar una votación parlamentaria no equivale necesariamente a ganar la confianza de un país.
Los gobiernos de Sánchez y sus resultados contradictorios
Sería intelectualmente deshonesto sostener que los años de Sánchez en La Moncloa carecieron de realizaciones.
Durante su presidencia se aprobaron reformas laborales, incrementos del salario mínimo, medidas de protección social, políticas de transición energética y actuaciones dirigidas a afrontar las consecuencias económicas de la pandemia y de la crisis energética.
La economía española mostró asimismo fortalezas apreciables en determinados indicadores de actividad y empleo. Estos resultados forman parte del balance y no deben desaparecer porque el juicio editorial sea crítico.
Pero tampoco bastan para declarar satisfactorio el conjunto de la gestión.
El crecimiento agregado puede coexistir con dificultades importantes de acceso a la vivienda, pérdida de capacidad adquisitiva en determinados hogares, precariedad de oportunidades para los jóvenes, desequilibrios territoriales y problemas persistentes de funcionamiento de los servicios públicos.
La evolución del empleo no elimina por sí misma la inseguridad económica. El aumento de los recursos públicos no garantiza automáticamente una administración eficiente. Y la aprobación de nuevas leyes no constituye una prueba suficiente de que sus objetivos sociales se hayan cumplido.
España necesita evaluar políticas por sus efectos reales, no por el número de anuncios ministeriales ni por la espectacularidad de sus presentaciones.
A ello se añadió el deterioro del clima institucional. La polarización política alcanzó niveles que dificultaron acuerdos básicos, mientras el Parlamento se convirtió con demasiada frecuencia en escenario de confrontaciones verbales antes que de deliberación legislativa.
El fenómeno no es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. La oposición también contribuyó al endurecimiento del debate. Pero quien preside el Gobierno tiene una obligación añadida de preservar las condiciones que permiten el funcionamiento razonable de las instituciones.
El personalismo como problema de gobernabilidad
Uno de los rasgos más persistentes de esta etapa ha sido la identificación creciente entre la estabilidad del Gobierno, la continuidad del PSOE en el poder y la permanencia personal de Sánchez.
Ese proceso ha tenido consecuencias importantes.
En primer lugar, ha reducido el espacio disponible para distinguir las críticas al presidente de los ataques al conjunto del socialismo. Los errores de gestión han tendido a interpretarse como episodios de una batalla entre bloques, dificultando el examen individual de las responsabilidades.
En segundo lugar, ha debilitado la capacidad de rectificación visible. Cuando toda decisión se incorpora a una estrategia de resistencia, reconocer un fallo puede parecer una concesión al adversario.
En tercer lugar, ha complicado la aparición de alternativas internas. El futuro del partido ha quedado estrechamente vinculado al resultado de su líder, hasta el punto de que una eventual derrota electoral podría abrir una discusión no solo sobre personas, sino sobre el modelo organizativo y político del PSOE.
La consecuencia es una organización sometida a una prueba de madurez: demostrar que posee un proyecto capaz de sobrevivir a quien ha dirigido sus destinos durante la última década.
Un partido histórico no puede quedar reducido al destino de una sola biografía.
Octubre de 2026: cuando la resistencia dejó de ser suficiente
El adelanto electoral del 5 de octubre puso de manifiesto que la supervivencia parlamentaria había alcanzado sus límites.
Los rechazos a las medidas gubernamentales de vivienda evidenciaron la fractura de una mayoría que ya no lograba traducir los acuerdos de investidura en una acción legislativa consistente.
La vivienda, precisamente uno de los problemas sociales de mayor sensibilidad, se convirtió en el detonante inmediato de una convocatoria que respondía a tensiones acumuladas durante muchos meses.
El presidente intentó transformar aquel revés en una oportunidad para confrontar dos alternativas políticas. Sin embargo, el electorado podía plantearse una pregunta menos favorable para él: si el Gobierno había perdido capacidad para aprobar medidas fundamentales, ¿por qué había prolongado hasta entonces una situación de creciente bloqueo?
Las encuestas conocidas al comenzar noviembre tampoco dibujaban una recuperación suficiente para garantizar la continuidad del bloque gubernamental. El promedio publicado por Onda Cero el 9 de noviembre situaba al PP en el 31,1 % de los votos, al PSOE en el 27,1 % y a Vox en el 18,9 %. Estos datos no constituyen resultados electorales, pero muestran la magnitud del desafío para los socialistas.
El problema no es únicamente que el PP aparezca por delante del PSOE. Es que la distancia entre las fuerzas del bloque conservador y las distintas formaciones de la izquierda plantea una dificultad parlamentaria considerable para reproducir las alianzas de 2023.
Sánchez afronta, por tanto, una doble prueba: convencer de que merece continuar y demostrar que dispone de apoyos suficientes para convertir esa continuidad en un gobierno viable.
Cuenca ante una nueva decepción posible
La provincia de Cuenca ofrece un ejemplo especialmente significativo de la distancia entre el discurso nacional y las consecuencias territoriales de las decisiones gubernamentales.
La clausura del servicio ferroviario convencional Madrid-Cuenca-Valencia simboliza, para numerosos ciudadanos y colectivos, una manera de entender la modernización que termina sacrificando infraestructuras consideradas esenciales por los territorios afectados.
Es legítimo debatir sobre costes de mantenimiento, demanda de viajeros, eficiencia del transporte y alternativas de movilidad. Lo que no parece razonable es resolver cuestiones de semejante trascendencia sin un acuerdo territorial amplio, sin una evaluación suficientemente convincente de las alternativas y sin atender a sus consecuencias sociales a largo plazo.
El conflicto del ferrocarril se suma a problemas históricos de despoblación, envejecimiento, escasez de oportunidades laborales, dificultades de acceso a determinados servicios y limitada capacidad de influencia política.
La responsabilidad de esta situación no corresponde exclusivamente al Gobierno de Sánchez. Intervienen también decisiones autonómicas, provinciales, municipales y de administraciones anteriores. Pero la responsabilidad compartida no debe convertirse en un mecanismo de impunidad colectiva.
El elector conquense tiene derecho a conocer qué hicieron sus representantes durante la legislatura, qué posiciones defendieron ante las decisiones que afectaban a la provincia y qué compromisos concretos asumen ahora para los próximos cuatro años.
No basta con repetir los argumentarios de las sedes nacionales. Tampoco con denunciar los errores de los adversarios sin presentar alternativas financiables y jurídicamente viables.
Cuenca necesita representantes capaces de hacer valer los intereses provinciales incluso cuando eso exija discrepar de sus propias direcciones políticas.
El final de una etapa o el comienzo de otra resistencia
A dieciocho días de la votación, Pedro Sánchez continúa siendo un adversario electoral de considerable capacidad táctica. Sería imprudente subestimar su experiencia, su habilidad para movilizar apoyos y su destreza para identificar las contradicciones de sus competidores.
Pero la elección de 2026 presenta una diferencia decisiva respecto a las anteriores.
El presidente comparece ante las urnas con una trayectoria suficientemente extensa para que sus resultados puedan ser sometidos a un juicio histórico inmediato. Ya no basta con advertir de los riesgos de un gobierno alternativo. Debe explicar qué ha conseguido, qué ha deteriorado, qué responsabilidades asume y por qué los españoles deberían concederle una nueva oportunidad.
Quienes sostienen que todo ha sido un fracaso desatienden una parte de la realidad. Quienes pretenden presentar estos años como una sucesión de avances sin costes políticos ni institucionales tampoco ofrecen una interpretación creíble.
La verdad política se encuentra en el contraste entre ambas dimensiones, pero ese contraste no obliga a conceder el mismo valor a los aciertos y a los errores.
La democracia no exige a los ciudadanos gratitud hacia sus gobernantes, sino evaluación de sus decisiones.
Y en esa evaluación Pedro Sánchez lleva consigo un equipaje que nadie más puede transportar por él.
Su principal hándicap ante el 29-N no es Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal ni la oposición parlamentaria. Es la necesidad de justificar, ante millones de votantes, el balance de su propia presidencia.