Un convenio firmado para transformar terrenos ferroviarios no puede convertirse en un acertijo que las instituciones resuelvan mediante declaraciones contrapuestas. El acuerdo suscrito el 16 de septiembre de 2022 por ADIF, el Ayuntamiento de Cuenca y la Diputación Provincial ha llegado a su cuarto aniversario rodeado de una pregunta elemental: ¿sigue vigente? El Partido Popular afirma que caducó el pasado día 16; el alcalde, Darío Dolz, replica que está «más que vivo». Si tres administraciones no son capaces de mostrar el documento que zanja la discusión, el problema político existe incluso antes de conocer la respuesta jurídica.
El texto publicado en el Boletín Oficial del Estado fija una vigencia máxima de cuatro años. Permite prorrogarlo, pero exige para ello el acuerdo unánime de las partes mediante una adenda. También establece que el convenio adquiere eficacia con su inscripción en el registro estatal. Por eso, la fecha de la firma no permite por sí sola certificar el día exacto de su extinción. ADIF, Ayuntamiento y Diputación deben exhibir la fecha de inscripción y, si la hay, la adenda de prórroga debidamente tramitada. Lo demás es pedir a los conquenses que elijan entre dos versiones políticas de un hecho comprobable.
Conviene saber, además, qué se firmó exactamente. El convenio no aprobaba de golpe la urbanización de los aproximadamente 230.000 metros cuadrados del recinto de la estación y del trazado urbano. Comprometía unas primeras actuaciones: una rotonda en Diego Jiménez, dos aparcamientos, instalaciones deportivas entre las calles Orégano y Álvaro de Luna y el acondicionamiento de terrenos de la estación convencional. ADIF asumía su financiación, estimada en 2,16 millones de euros sin IVA, y la Diputación se encargaba de los proyectos y las obras. La transformación urbanística general quedaba remitida a otros instrumentos. Confundir ambos planos agranda artificialmente el alcance del convenio y dificulta pedir cuentas por lo que realmente debía hacerse.
Aun con esa precisión, cuatro años son tiempo suficiente para exigir un balance. ¿Qué actuaciones se proyectaron y aprobaron? ¿Cuáles se contrataron? ¿Qué obras están terminadas, cuáles siguen pendientes y por qué? ¿Cuánto dinero abonó efectivamente ADIF y cuánto desembolsó la Diputación? ¿Qué acuerdos adoptó la comisión de seguimiento cuando empezó a ser evidente que el plazo se agotaba? Son preguntas administrativas, económicas y políticas. Ninguna necesita esperar a una campaña electoral.
Si se confirma que el convenio se extinguió sin prórroga, las obras ejecutadas no se desvanecen ni quedan anulados automáticamente los derechos y obligaciones nacidos mientras estaba vigente. El propio acuerdo prevé la liquidación y contempla cómo concluir las actuaciones que estuvieran en marcha. Pero una obra futura no puede apoyarse sin más en un convenio extinguido. Habrá que determinar el fundamento jurídico de cada actuación pendiente y, cuando corresponda, tramitar un nuevo acuerdo. La caducidad no borra el pasado; obliga a ordenar sus cuentas y a explicar el futuro.
Ese examen alcanza también a los terrenos. Debe hacerse público qué parcelas continúan vinculadas al uso ferroviario, cuáles han sido desafectadas, si se otorgaron las concesiones gratuitas previstas para usos anticipados y si hubo transmisiones definitivas al Ayuntamiento. Un aparcamiento abierto no responde por sí solo a esas preguntas. Tampoco la extinción del convenio devuelve automáticamente cada metro cuadrado a su antigua función. Hay actos y títulos específicos que deben identificarse, con sus fechas y condiciones.
En el aspecto económico existe una distinción que ninguna administración debería eludir: 2,16 millones de euros era una estimación de financiación, no la prueba de un gasto realizado por esa cantidad. Si la Diputación adelantó pagos para proyectos u obras, debe acreditar cuáles, con qué autorización y qué parte ha recuperado de ADIF. Si quedan cantidades pendientes, corresponde reclamarlas con las certificaciones y documentos oportunos. Si una actuación acabó beneficiando al municipio sin cumplir las condiciones inicialmente previstas, habrá que explicar su encaje contable y patrimonial. Las cuentas públicas no pueden permanecer suspendidas entre la promesa de una transformación urbana y la discusión sobre si el convenio está vivo o muerto.
Hay una segunda controversia que tampoco debe mezclarse con la primera. Se ha tramitado otro convenio, relativo a la preparación del planeamiento para integrar los terrenos ferroviarios en la ciudad. Fue sometido a alegaciones en 2026 y generó un debate político propio sobre el destino del corredor y el levantamiento de la vía. Su expediente, sus respuestas a las alegaciones y su situación actual deben examinarse separadamente. Si el acuerdo de 2022 ha vencido, ello no decide automáticamente la validez de ese otro procedimiento. Pero obliga a contemplar conjuntamente sus efectos antes de adoptar transformaciones del suelo difíciles de revertir.
También deben aclararse las objeciones formuladas sobre la aprobación municipal del convenio inicial y la respuesta a las alegaciones presentadas en 2022. El PP sostiene que nunca obtuvo aprobación definitiva del Pleno. Esa afirmación exige confrontar acuerdos, informes de competencia, actas y resoluciones; sería irresponsable elevar una denuncia política a nulidad demostrada sin examinar el expediente. Sería igualmente irresponsable que el Ayuntamiento se limitara a descalificarla sin publicar los documentos. La transparencia que se pide aquí no es un gesto: es la condición para conocer la legalidad de la tramitación y evaluar la gestión.
Las responsabilidades deben atribuirse según las funciones asumidas. ADIF era el titular de los suelos y el financiador previsto de las actuaciones. La Diputación aceptó redactar proyectos y ejecutar obras. El Ayuntamiento asumió compromisos urbanísticos y debía recibir, en las condiciones pactadas, terrenos y actuaciones. Los tres participaban en la comisión de seguimiento, presidida por la representación municipal. Sus actas permitirán saber quién impulsó las actuaciones, quién comunicó los obstáculos y si alguien propuso prorrogar el acuerdo a tiempo. Atribuir toda la culpa a una sola firma antes de leerlas sería tan cómodo como permitir que la responsabilidad compartida se convierta en irresponsabilidad de todos.
El balance político llega cuando se acercan las elecciones municipales y autonómicas de 2027. El equipo de gobierno puede invocar las obras visibles; el PP, los plazos, las alegaciones y las dudas sobre la aprobación del convenio. Ambos tendrán que decir algo más. A los defensores del Plan XCuenca les corresponde explicar por qué su modelo de movilidad y transformación territorial merece comprometer un corredor ferroviario. A quienes fiscalizan la caducidad les corresponde precisar si quieren conservar una opción real de reapertura o si su crítica termina en la denuncia de una mala gestión urbanística. Cuenca necesita conocer la posición de cada fuerza política sobre el tren, expresada en decisiones y propuestas verificables.
La vertiente judicial impone realismo. El Tribunal Supremo ha desestimado recursos contra el acuerdo estatal que clausuró el tramo Tarancón–Utiel. Es una dificultad seria para quienes defendemos la recuperación del ferrocarril: no cabe escribir como si aquellas sentencias no existieran ni confiar en que la posible caducidad de un convenio urbanístico anule el cierre de la línea. Son decisiones y procedimientos distintos.
Eso tampoco significa que todo acto posterior quede fuera de control. Un acuerdo de clausura validado judicialmente no exime de tramitar correctamente una cesión, un instrumento urbanístico, una obra o una intervención material sobre la infraestructura. Cada expediente puede examinarse y, si presenta defectos concretos, recurrirse dentro de sus plazos. Varios municipios acudieron además al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para cuestionar el cierre; esa iniciativa debe seguirse con atención, sin atribuirle entretanto un resultado favorable ni efectos que no constan.
Aquí se encuentra la tarea más exigente para la defensa del Madrid–Cuenca–Valencia. Preservar la posibilidad física de recuperar un corredor es urgente, pero una reapertura necesita mucho más que impedir el levantamiento de unas vías. Requiere estudiar el estado de la plataforma, estaciones y estructuras; calcular la inversión por tramos; definir servicios de viajeros y, donde exista una oportunidad acreditable, de mercancías; estimar su demanda y comparar sus beneficios territoriales con las alternativas implantadas. El Libro Blanco del Tren Convencional Madrid–Cuenca–Valencia ofrece una base de trabajo y de debate. Su utilidad crecerá si sus propuestas pueden contrastarse públicamente con datos oficiales, costes actualizados y un calendario de ejecución.
Por eso, las acciones inmediatas tienen un orden claro. Primero, reclamar el expediente íntegro del convenio de 2022 y una liquidación comprensible de lo hecho y lo pagado. Segundo, obtener el estado exacto del convenio de planeamiento y de cada acto que afecte a la continuidad del corredor; presentar alegaciones técnicas y recurrir a tiempo las decisiones que lo comprometan indebidamente. Tercero, pedir al Ministerio de Transportes y a ADIF un estudio actualizado sobre las condiciones de una recuperación ferroviaria, con participación de los municipios afectados. Cuarto, exigir a los partidos que incorporen una posición explícita sobre esa recuperación a sus compromisos para 2027. La presión social tendrá más fuerza cuanto más precisas sean sus preguntas y más comprobables sus alternativas.
La posible caducidad del convenio no devuelve el tren a Cuenca. Sí ofrece una ocasión para detener la inercia y exigir una explicación completa antes de seguir transformando sus terrenos. El alcalde, la Diputación y ADIF deben mostrar los documentos; la oposición debe llevar su fiscalización hasta las cuentas y el modelo de transporte; y quienes reclamamos la reapertura debemos convertir esa reivindicación en una propuesta técnica y política capaz de sostenerse después de las sentencias adversas.
La verdadera responsabilidad histórica no consistirá en haber perdido una discusión sobre la fecha de vencimiento de un acuerdo. Consistirá en permitir que, mientras se discutía, Cuenca perdiera también los suelos, la continuidad del trazado y la posibilidad de decidir algún día, con información suficiente, que su tren convencional debía volver.