La explicación de Guijarro sobre el voto de Sahuquillo convierte la responsabilidad parlamentaria en una cuestión de código postal: Cuenca aporta el diputado, pero al parecer no siempre puede pedirle cuentas.
José Luis Martínez Guijarro ha encontrado una solución extraordinaria para las contradicciones políticas: ponerles una frontera provincial. Según recoge Voces de Cuenca, el vicepresidente primero del Gobierno de García-Page considera que no existe incongruencia en que Luis Carlos Sahuquillo votase a favor de la amnistía porque esta «no tiene ningún efecto específico en la provincia de Cuenca». Conviene conservar ese «específico», que figura en sus declaraciones. No hace falta recortar la frase para apreciar la fragilidad del argumento: incluso completa, la explicación amenaza con caerse sobre sus propios zapatos.vocesdecuenca
Hasta ahora, algunos ingenuos creíamos que un diputado participaba en decisiones nacionales y debía explicar el sentido de sus votos. Guijarro nos descubre una fórmula bastante más descansada: antes de exigir explicaciones, compruébese si la ley pasa por Motilla del Palancar, produce algún temblor en Tarancón o deja una señal reconocible en la plaza de Mangana. Si no sucede nada de eso, puede archivarse la pregunta. La responsabilidad política, como ciertos envíos, no tendría cobertura en todos los destinos.
La ocurrencia merece atención porque no es solamente una mala frase. Contiene una manera de entender la representación: el ciudadano elige, el diputado decide y, cuando la decisión resulta incómoda, un compañero explica que aquello no afecta específicamente a la provincia. Una estupenda distribución del trabajo. Al elector le corresponde aportar la confianza; al representante, administrar el voto; y al dirigente protector, determinar cuáles de las preguntas del primero merecen respuesta del segundo.
Un Congreso con ventanillas provinciales
El problema no consiste aquí en estar a favor o en contra de la amnistía. Esa discusión tiene sus argumentos, sus controversias y sus responsabilidades. El problema consiste en pretender que una supuesta ausencia de efectos provinciales específicos permita despachar la cuestión de la congruencia. Una cosa es defender una decisión y otra muy distinta declarar que no hace falta examinarla porque sus consecuencias no llevan impreso el nombre de Cuenca.
La Constitución establece que las Cortes Generales representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa del Estado y controlan la acción del Gobierno. No configura el Congreso como una diputación provincial ampliada ni presenta a sus miembros como encargados de un mostrador territorial, autorizados a desentenderse políticamente de cuanto sucede más allá de su circunscripción. La representación nacional no desaparece cuando la explicación del voto se vuelve molesta.boe
Se puede defender la amnistía por convicción. Se puede rechazar por convicción. Se puede sostener que responde a una necesidad política o que constituye un error. Lo que resulta intelectualmente desolador es sustituir cualquiera de esas posiciones por un «aquí no tiene efectos específicos». Eso no explica por qué se votó a favor. Explica, a lo sumo, por qué quien responde preferiría que la conversación terminase cuanto antes.
Llevado hasta sus últimas consecuencias, el razonamiento exigiría una ventanilla previa para las inquietudes ciudadanas. ¿Desea usted preguntar por una votación? Aporte certificado de afectación provincial. ¿Quiere conocer las razones de su diputado? Demuestre primero que la norma altera de manera específica su entorno. Si únicamente le preocupa la orientación del Estado, la calidad de las decisiones públicas o la correspondencia entre discursos y hechos, vuelva otro día. Su pregunta no reúne los requisitos territoriales.
La coherencia y el código postal
La coherencia, según esta nueva escuela, ya no se mediría por la relación entre lo que se sostiene y lo que se hace. Dependería del código postal. Una decisión podría ser discutible en el plano nacional y quedar, sin embargo, dispensada de examen en Cuenca por falta de efectos locales identificables. No estamos ante una defensa del voto, sino ante una tentativa de reducir el ámbito de las preguntas.
Y ahí aparece la confusión esencial. Que una ley no tenga destinatarios específicos en una provincia no significa que su aprobación resulte ajena al juicio político de quienes viven en ella. Los ciudadanos pueden interesarse por decisiones nacionales sin acreditar un daño particular, un beneficio inmediato o una modificación de su vida cotidiana. Para pedir explicaciones a un representante no debería ser necesario presentar antes una factura.
La ausencia de efectos específicos, aun aceptándola como premisa, no resuelve la cuestión planteada. No demuestra congruencia ni incongruencia. Simplemente desplaza la conversación hacia otro sitio. Si alguien pregunta por las razones de una decisión, responderle que esa decisión no tiene consecuencias particulares en su provincia se parece demasiado a contestar por el tiempo cuando se ha preguntado por la hora. Puede haber palabras; lo que falta es respuesta.
Guijarro podía haber explicado qué razones justificaban aquel voto. Podía haber argumentado por qué lo consideraba compatible con las posiciones defendidas por Sahuquillo. Podía, incluso, haber reconocido la dificultad de conciliar mensajes y decisiones. Cualquiera de esas opciones habría permitido discutir políticamente. La elegida, en cambio, parece diseñada para clausurar la discusión mediante una barrera geográfica: asunto nacional, efectos no específicos, expediente cerrado.
Discrepar mucho, demostrarlo poco
La información incorpora otra pieza digna de examen. Guijarro presenta a Sahuquillo como alguien que «dice las cosas muy claras» y que discrepa cuando debe hacerlo. Añade que le consta que no apoyaba el modelo de financiación planteado en el acuerdo entre el Gobierno y ERC. También precisa que no había votado sobre ese modelo porque no se había producido ninguna votación en el Congreso.vocesdecuenca
Esta última precisión debe respetarse. No corresponde atribuir a nadie un voto inexistente ni fabricar contradicciones con decisiones que no se han producido. La crítica pierde fuerza cuando sustituye los hechos por la impaciencia. Pero, con idéntico rigor, tampoco corresponde convertir una discrepancia acreditada únicamente por el testimonio de un compañero en una demostración concluyente de independencia parlamentaria. «Me consta» puede expresar confianza; no permite al lector comprobar gran cosa.
La escena tiene algo de examen resuelto entre conocidos. Uno asegura que el otro discrepa, el otro recibe el reconocimiento y el ciudadano debe aceptar el certificado. No se detallan en esa explicación las objeciones, las alternativas o las actuaciones que permitirían apreciar el alcance de la discrepancia. Se ofrece, sobre todo, la garantía personal de quien la invoca. Es una fórmula cómoda para la confianza interna y bastante insuficiente para la rendición de cuentas.
Si la independencia de criterio se utiliza como mérito público, habrá que mostrarla con posiciones y actuaciones comprobables. No hace falta exigir heroísmos ni convertir cada diferencia en una representación teatral. Basta con algo más sólido que un aval entre compañeros. De lo contrario, se pide al elector que admire una valentía cuya documentación no sale de las dependencias del partido. Mucha firmeza certificada y poca posibilidad de conocer sus términos.
La provincia sirve para elegir
Guijarro destaca asimismo la vinculación territorial de los candidatos, su conocimiento de las necesidades provinciales y la doble responsabilidad de Sahuquillo: defender el proyecto del partido y representar a los conquenses. Precisamente ahí se encontraba la cuestión que merecía una respuesta seria. ¿Cómo se articulan esas responsabilidades cuando una votación provoca controversia? ¿Qué razones permiten sostener que ambas obligaciones se han atendido de manera compatible?vocesdecuenca
Decir que la amnistía no tiene efectos específicos en Cuenca no resuelve ese equilibrio. Lo esquiva. La representación no se agota en atender asuntos provinciales, del mismo modo que la pertenencia a un partido no vuelve innecesaria la explicación individual de las decisiones. El ciudadano puede comprender que existen compromisos colectivos, prioridades y discrepancias. Lo que no tiene por qué aceptar es que todo eso se sustituya por una fórmula de exoneración territorial.
Para solicitar el voto, la provincia ocupa el centro del discurso: sus pueblos, sus necesidades, sus habitantes, su confianza. Para explicar una votación nacional incómoda, de pronto esa misma provincia se convierte en pantalla protectora. Como la decisión no produciría aquí efectos específicos, no habría incongruencia que examinar. Cuenca resulta suficientemente importante para proporcionar el escaño y demasiado periférica para reclamar una explicación completa sobre su uso.
Esa asimetría es lo que irrita. No que un dirigente defienda a un compañero, cosa perfectamente legítima, sino que la defensa rebaje la pregunta del ciudadano. El territorio no puede invocarse solemnemente cuando toca recibir apoyo y emplearse después como límite de las obligaciones de quien lo ha obtenido. La confianza electoral no debería llevar incorporada una cláusula que permita seleccionar las preguntas admisibles.
La amistad no es una prueba
No hace falta atribuir esta defensa a una amistad antigua ni convertir las relaciones personales entre dirigentes en una causa demostrada. La noticia no acredita esa explicación y una crítica rigurosa no necesita inventar motivaciones. Basta con el argumento que se ha ofrecido públicamente. Es suficientemente débil por sí mismo. Añadirle intenciones no probadas sería regalar a sus defensores una escapatoria que el razonamiento original no merece.
El problema no es que dos compañeros se aprecien. El problema aparece cuando el respaldo de uno pretende suplir las explicaciones que debe ofrecer el otro. Los ciudadanos no tienen por qué considerar cerrada una controversia porque una autoridad asegure que el representante conoce la provincia, posee experiencia y discrepa cuando corresponde. Todo eso puede ser cierto y, simultáneamente, la justificación de una votación puede seguir siendo endeble.
La experiencia, además, debería elevar la calidad de las respuestas. Si se invoca una trayectoria para pedir confianza, cabe esperar que esa trayectoria se traduzca en mejores argumentos. Después de tanto oficio, resulta pobre presentar una cuestión nacional como si bastara comprobar su alcance provincial para resolverla. El conocimiento de los procedimientos y de las responsabilidades públicas tendría que servir para aclarar las controversias, no para construir atajos alrededor de ellas.
Tampoco los ciudadanos están obligados a escoger entre el insulto y la resignación. Cabe una crítica severa, incluso sarcástica, que no fabrique hechos ni confunda el juicio político con la descalificación personal. Aquí no hace falta llamar incapaz a nadie. Basta con señalar que una explicación es insuficiente, que no responde a lo preguntado y que trata de convertir una responsabilidad nacional en una discusión sobre límites provinciales.
Aduana para las preguntas
Cuenca no necesita una aduana que examine cuáles de sus inquietudes pueden circular hasta el Congreso. Sus habitantes pueden preguntar por una ley nacional, por los principios que la sustentan y por las razones de quienes la apoyaron. Pueden hacerlo aunque no exista un efecto particular sobre su calle, su pueblo o su provincia. Ese interés no desborda la representación: la toma en serio.
La defensa de Guijarro habría ganado mucho explicando el voto y habría perdido muy poco reconociendo sus dificultades. Eligió, sin embargo, una justificación territorial para una decisión que exigía una explicación política. De ahí nace el sarcasmo, casi sin necesidad de empujarlo: Cuenca aporta representantes a una institución nacional, pero cuando pregunta por determinadas decisiones recibe una respuesta que parece devolverla a su perímetro provincial.
La próxima vez podrían ahorrarse el rodeo y colocar un cartel a la entrada de la provincia: «Bienvenidos a Cuenca. Las preguntas sobre votaciones nacionales deberán acreditar efectos específicos». No sería una buena doctrina democrática. Pero, al menos, la ocurrencia quedaría señalizada.