De las primarias de 2017 a las investigaciones de la UCO, nueve años de poder, lealtades y responsabilidades que desembocan en unas elecciones decisivas para el futuro político de España.
La historia política tiene la particularidad de que algunos acontecimientos adquieren su verdadero significado mucho tiempo después de producirse. El regreso de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, en mayo de 2017, fue presentado como una victoria de la militancia frente al aparato del partido. Nueve años más tarde, cuando las investigaciones judiciales alcanzan a antiguos colaboradores de aquel proyecto político, resulta inevitable volver la mirada hacia sus orígenes. No para reescribirlos a conveniencia, sino para comprender cómo se construyó una estructura de poder que hoy afronta una crisis de confianza de extraordinaria trascendencia.
Las seis detenciones practicadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 5 de noviembre, dentro de una nueva investigación relacionada con presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas, han devuelto al primer plano las conexiones personales y profesionales del entorno socialista. Entre los detenidos figuraba Cristian Corvillo, relacionado con los desplazamientos de Sánchez durante las primarias de 2017. Todos quedaron posteriormente en libertad. Conviene subrayarlo: una detención no equivale a una condena, y una vinculación personal no demuestra complicidad delictiva. Pero tampoco puede ignorarse el interés político de unas investigaciones que continúan examinando actividades relacionadas con antiguos responsables del poder ministerial.
Para comprender la situación actual hay que regresar al 21 de mayo de 2017. Sánchez recuperó entonces el liderazgo socialista después de haber sido apartado de la Secretaría General en octubre de 2016. Su victoria, con algo más del 50 % de los votos de la militancia, representó una rebelión interna contra quienes habían facilitado, mediante la abstención del PSOE, la continuidad de Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno.
Aquel movimiento tuvo una dimensión emocional y política considerable. Sánchez se presentó como defensor de la autonomía socialista, de la regeneración democrática y de una nueva forma de ejercer el liderazgo. Sin embargo, como sucede en cualquier organización, su recuperación también necesitó equipos, financiación, apoyos territoriales y colaboradores especialmente leales. Entre ellos destacó José Luis Ábalos, convertido después en secretario de Organización del PSOE y, posteriormente, en ministro de Fomento.
La relación entre fidelidad personal y ejercicio del poder constituye una de las cuestiones esenciales de esta historia. La confianza es indispensable para gobernar, pero cuando se prolonga sin suficientes controles puede favorecer ámbitos de opacidad. El problema surge cuando la proximidad política pesa más que la fiscalización de las decisiones, especialmente en departamentos responsables de adjudicar contratos y administrar inversiones millonarias.
La segunda fecha fundamental es el 1 de junio de 2018. La moción de censura contra Mariano Rajoy permitió que Sánchez llegara constitucionalmente a la Presidencia del Gobierno con 180 votos favorables. La sentencia del caso Gürtel había deteriorado gravemente la credibilidad del Ejecutivo popular y Sánchez convirtió la lucha contra la corrupción en uno de los argumentos centrales de su alternativa.
Ahí aparece una de las contradicciones políticas más significativas de su trayectoria. Un Gobierno que justificó su nacimiento mediante la necesidad de regeneración institucional terminó afrontando investigaciones sobre personas que ocuparon responsabilidades destacadas dentro de su propia estructura política y administrativa. Esta circunstancia no demuestra que Sánchez participara en las irregularidades investigadas, pero exige examinar la eficacia de los controles aplicados durante sus mandatos.
Ábalos asumió Fomento en junio de 2018, departamento posteriormente denominado Ministerio de Transportes. Koldo García se integró en su entorno ministerial, mientras Santos Cerdán consolidaba su posición en la organización socialista. La coincidencia de antiguas lealtades políticas y nuevas responsabilidades administrativas acabaría adquiriendo una relevancia que difícilmente podía anticiparse en aquellos primeros meses.
En julio de 2021, Sánchez apartó a Ábalos del Gobierno y de la dirección del partido, sin ofrecer entonces una explicación exhaustiva sobre las razones de aquella decisión. Santos Cerdán pasó a ocupar la Secretaría de Organización. Posteriormente, Ábalos volvió a integrar una candidatura socialista en las elecciones generales de 2023. Esta secuencia suscita interrogantes legítimos sobre los criterios de selección, continuidad y supervisión de los responsables políticos.
El estallido público del caso Koldo, en febrero de 2024, abrió una etapa diferente. Las investigaciones sobre contratos de material sanitario durante la pandemia pusieron bajo escrutinio actuaciones desarrolladas en el entorno del Ministerio de Transportes. En 2025, las pesquisas sobre presuntas comisiones relacionadas con adjudicaciones de obra pública alcanzaron a Santos Cerdán, que abandonó sus responsabilidades en el PSOE.
La gravedad judicial adquirió una nueva dimensión en junio de 2026, cuando el Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas. La existencia de condenas obliga a distinguir los delitos ya juzgados de otras investigaciones todavía abiertas. También impide tratar toda la controversia como si fuera únicamente una disputa propagandística entre partidos.
Las nuevas actuaciones de la UCO del 5 de noviembre han ampliado el debate sobre las relaciones personales y empresariales que acompañaron distintas etapas del poder socialista. Sin embargo, los hechos conocidos no acreditan que la campaña de primarias de 2017 estuviera financiada mediante una trama corrupta ni permiten atribuir automáticamente al presidente responsabilidades penales ajenas. La exigencia de rigor obliga a rechazar tanto las acusaciones sin pruebas como los intentos de reducir cualquier crítica a una maniobra partidista.
La responsabilidad política, además, no comienza ni termina en los tribunales. Un presidente debe responder por sus nombramientos, por los sistemas de control que establece y por la reacción institucional ante las irregularidades detectadas. No se trata de exigir omnisciencia al gobernante, sino de evaluar si su Administración dispuso de procedimientos suficientes para prevenir abusos, investigar alertas y proteger los recursos públicos.
A esta crisis se ha sumado el deterioro de la confianza en la gestión ferroviaria. La tragedia de Urda, ocurrida el 28 de octubre, y la posterior dimisión del ministro Óscar Puente han situado la seguridad y la responsabilidad administrativa entre los asuntos centrales de la campaña. No existe fundamento para vincular causalmente aquel accidente con las tramas de corrupción investigadas, pero ambos episodios obligan a examinar aspectos diferentes del funcionamiento institucional.
En Cuenca, donde la clausura del ferrocarril convencional Madrid–Cuenca–Valencia continúa representando una profunda controversia territorial, el debate adquiere una resonancia especial. La desaparición de este servicio, las alternativas del Plan XCuenca y las decisiones sobre el patrimonio ferroviario merecen una evaluación independiente de resultados, costes y consecuencias sociales. No cabe vincular esas decisiones a una trama delictiva sin pruebas específicas, pero sí exigir a todas las administraciones explicaciones sobre sus actuaciones y compromisos.
Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se celebrarán, por tanto, en un contexto de acumulación de problemas políticos, judiciales y administrativos. Los sondeos publicados a comienzos de noviembre muestran diferencias relevantes entre empresas demoscópicas. Mientras varias encuestas sitúan al PP por delante del PSOE en estimación de voto, el CIS ofrece una lectura distinta. Esta disparidad aconseja examinar las metodologías y evitar convertir las previsiones en resultados anticipados.
La gran incógnita no es únicamente cómo afectarán las investigaciones al voto socialista. También interesa conocer la respuesta de los electores indecisos, la participación, las transferencias entre partidos y el peso relativo que tendrán la corrupción, la economía, la vivienda, las pensiones y los servicios públicos. El comportamiento electoral no responde a una causa única, y sería equivocado suponer que el desgaste de un dirigente se traduce automáticamente en un determinado resultado parlamentario.
El futuro inmediato de Sánchez dependerá de las urnas y, después, de la posibilidad de construir una mayoría de investidura. La continuidad gubernamental, la alternancia o las dificultades para formar Ejecutivo constituyen escenarios institucionalmente posibles. Tampoco puede anticiparse si el PSOE abordará una renovación de su liderazgo o mantendrá su actual dirección. Esas decisiones corresponderán a sus órganos y afiliados conforme evolucionen los acontecimientos.
Hablar de la muerte política de Pedro Sánchez es, por ahora, una interpretación periodística, no un hecho consumado. Resulta especialmente significativo recordarlo tratándose de un dirigente cuya trayectoria incluye una recuperación inesperada después de su caída interna de 2016. Lo que sí está acreditado es que las condenas, las investigaciones pendientes y las controversias sobre la gestión pública forman parte de un examen político especialmente exigente de sus años de gobierno.
El 29-N colocará nuevamente al ciudadano ante la responsabilidad de decidir. Y esa responsabilidad requiere algo más que indignación, fidelidad partidista o aceptación de titulares. Exige memoria, información contrastada y capacidad para distinguir las decisiones políticas de las resoluciones judiciales, las promesas de los resultados y las opiniones de los hechos.
España necesita instituciones capaces de prevenir la corrupción independientemente de quién gobierne. Necesita administraciones transparentes, controles eficaces y representantes dispuestos a rendir cuentas. Cuenca necesita, además, que esas exigencias se traduzcan en una atención sostenida a sus infraestructuras, su despoblación y sus oportunidades de desarrollo.
Las urnas del 29 de noviembre determinarán una nueva correlación parlamentaria, pero no resolverán por sí solas todos los problemas acumulados. Las investigaciones seguirán su curso, las responsabilidades deberán esclarecerse y las instituciones tendrán que afrontar sus obligaciones.
El verdadero significado de esta etapa no dependerá solamente del futuro de Pedro Sánchez. Dependerá de si España consigue convertir una profunda crisis de confianza en una oportunidad para fortalecer la transparencia, la responsabilidad pública y la calidad de su democracia.