Hay un momento en que la propaganda deja de persuadir y empieza a irritar. No porque los ciudadanos hayan perdido la capacidad de comprender las dificultades de gobernar, sino porque conocen demasiado bien las dificultades de vivir. Entonces, la distancia entre lo que se proclama desde el poder y lo que se experimenta fuera de él se convierte en una fractura de confianza.
Ese es el argumento central de una crítica exigente a los ocho años de Pedro Sánchez: no basta con defender la continuidad del Gobierno; hay que demostrar para qué le sirve al ciudadano esa continuidad. El balance de este periodo admite reformas y avances, como recuerda la crónica de su octavo aniversario, pero también está atravesado por crisis e investigaciones judiciales que impiden despacharlo con una celebración complaciente.infobae
La palabra decisiva es gestión. No el anuncio. No la comparecencia. No la habilidad para ganar la discusión de la tarde. Gestión: convertir los recursos públicos, las competencias administrativas y las decisiones políticas en soluciones que puedan comprobarse.
El país no cabe en un eslogan
«España va bien» y «España no funciona» son dos afirmaciones demasiado rotundas para describir por sí solas una sociedad compleja. La primera puede ocultar los problemas detrás de una cifra favorable; la segunda puede borrar cuanto sigue funcionando gracias al trabajo cotidiano de millones de personas.
Una crítica seria no necesita afirmar que todo está destruido. Le basta con plantear una pregunta bastante más incómoda: ¿por qué los avances que reivindica el Gobierno no se traducen, para tantos ciudadanos, en una expectativa convincente de bienestar y seguridad?
En ese desencuentro entre balance oficial y experiencia cotidiana se sitúa buena parte de la crítica editorial reciente: vivienda, servicios públicos, funcionamiento administrativo y rendición de cuentas aparecen como terrenos donde se cuestiona la distancia entre relato y resultados. Son diagnósticos de opinión, no pruebas suficientes de cada acusación que contienen; pero expresan con claridad el marco del descontento.abc+1
Porque el ciudadano no habita en una presentación de resultados. Habita en una casa que debe pagar, en un municipio del que necesita salir y al que quiere regresar, en un empleo con el que pretende construir una vida. La política pierde autoridad cuando le exige que sustituya esa experiencia por un eslogan.
Ocho años obligan a responder
El tiempo transforma la responsabilidad política. Lo que al comienzo puede explicarse como una herencia recibida, al cabo de ocho años exige un balance propio.
Eso no significa atribuir a Sánchez todos los problemas de España. Sería tan cómodo como inexacto. Tampoco significa ignorar las crisis extraordinarias que han atravesado su presidencia. Significa algo más elemental: las circunstancias explican las dificultades, pero no cancelan la obligación de responder por las decisiones.
¿Qué se prometió? ¿Qué se hizo? ¿Qué resultado produjo? ¿Qué no funcionó y cómo se corrigió?
Ese debería ser el interrogatorio habitual de una democracia adulta. No un intercambio de agravios entre bloques, sino una evaluación de responsabilidades. Y cuanto más larga es la permanencia en el poder, menos razonable resulta refugiarse exclusivamente en los errores del adversario.
La oposición puede ser mediocre, oportunista o contradictoria. Nada de eso convierte automáticamente en buena la gestión del Gobierno.
No confundir responsabilidades: exigirlas
También conviene resistir una tentación frecuente: cargar sobre la Moncloa cualquier deficiencia, sin distinguir competencias, decisiones y administraciones.
La exigencia democrática debe ser más precisa. Si se denuncia un servicio deteriorado, hay que identificar quién lo dirige, quién lo financia, qué decisiones se adoptaron y qué controles fallaron. Si se cuestiona una inversión, deben examinarse su ejecución y sus resultados, no únicamente el presupuesto anunciado. Si se habla de corrupción, hay que separar las investigaciones, las acusaciones y los hechos probados.
No son precauciones para suavizar la crítica. Son condiciones para hacerla más difícil de refutar.
El hartazgo pierde fuerza cuando se convierte en una imputación indiscriminada. La gana cuando presenta una factura concreta.
Mirar España desde fuera del escaparate
Desde Cuenca, el juicio político puede formularse con una vara especialmente útil: la igualdad territorial debe medirse por las posibilidades reales de vivir en un lugar, no por la solemnidad con que se lo menciona.
Para evaluar cualquier política territorial habría que preguntar: ¿mejora la movilidad cotidiana?, ¿facilita el acceso a los servicios?, ¿ofrece oportunidades a quien quiere quedarse?, ¿reduce la desventaja de quien vive lejos de los grandes centros?
Este es el criterio que merece ocupar el centro del debate. No dar por demostrado un abandono con una frase, sino exigir que cada compromiso pueda contrastarse con una realidad.
Una provincia no necesita convertirse en decorado de una visita institucional. Necesita que las decisiones públicas tengan continuidad después de que se retiren los micrófonos.
El cansancio no es una deslealtad
Hay algo políticamente insano en tratar cualquier malestar como una maniobra del enemigo. Un ciudadano puede rechazar a la extrema derecha y estar profundamente decepcionado con Sánchez. Puede valorar una reforma y denunciar una mala gestión. Puede haber votado al PSOE y considerar agotada la confianza que le concedió.
No existe contradicción alguna. Existe libertad de juicio.
El voto no es un contrato de adhesión perpetua. Y pedir cuentas a un gobierno no equivale a desear el fracaso del país. Al contrario: supone creer que el país merece algo mejor que la obligación de aplaudir a los propios.
Por eso, la crítica más contundente no necesita insultos ni profecías de derrumbe. Necesita independencia para decir que ninguna causa política, por legítima que se considere, concede una exención de responsabilidad.
Gobernar no es resistir
La resistencia puede ser una cualidad personal. No es, por sí sola, un programa de gobierno.
Permanecer en la Moncloa, recomponer una mayoría o superar una crisis parlamentaria tiene valor para quien conserva el poder. Para el ciudadano, su valor depende de lo que permita hacer después.
Ese es el balance que cabe exigir tras ocho años: menos celebración de la supervivencia y más explicación de los resultados; menos superioridad moral y más transparencia; menos anuncios sin seguimiento y más compromisos verificables.
«La España que no funciona» puede ser un título eficaz. Para convertirse en una crítica verdaderamente útil, debe nombrar lo que falla, demostrarlo y señalar a quien corresponde responder.
Porque el hartazgo no debería desembocar en la resignación de que todos son iguales. Debería desembocar en una exigencia mucho más democrática: que nadie pueda confundir durante tanto tiempo mantenerse en el Gobierno con gobernar bien.