Cuenca necesita llevar la vivienda al centro de las próximas elecciones. Necesita hacerlo con propuestas que permitan saber qué pretende ejecutar cada candidatura, cuánto costará, qué administración deberá asumirlo y cuándo podrán comprobarse sus resultados. Porque detrás de esta cuestión hay jóvenes que no consiguen emanciparse, familias que dedican una parte excesiva de sus ingresos al alojamiento, trabajadores que encuentran dificultades para instalarse y personas mayores que habitan edificios poco adecuados para sus necesidades. La vivienda determina quién puede quedarse, quién debe marcharse y quién tiene la posibilidad de regresar. En una provincia preocupada por su futuro demográfico, esa dimensión debería situarla entre las primeras responsabilidades políticas.
El debate nacional suele contemplar la crisis residencial desde las grandes ciudades y los destinos turísticos. Esa perspectiva explica una parte del problema español, pero resulta insuficiente para diseñar una respuesta conquense. Aquí debemos distinguir la capital, las cabeceras comarcales y los pequeños municipios, además de las zonas vinculadas a otros mercados laborales. Ni la demanda, ni los ingresos, ni la conservación de los edificios, ni las posibilidades de rehabilitación son iguales en todas ellas. Una política que prescinda de esas diferencias corre el riesgo de gastar recursos sin resolver las necesidades concretas de los vecinos. Cuenca debe exigir un diagnóstico propio y convertirlo en la base de sus compromisos electorales.
La existencia de viviendas desocupadas puede convivir con las dificultades para encontrar un alojamiento adecuado. Basta pensar en una casa heredada que necesita obras, una propiedad compartida entre varios familiares, un edificio sin accesibilidad o un inmueble situado lejos del empleo y los servicios. Contar viviendas constituye un primer paso; conocer cuáles pueden recuperarse y en qué condiciones permite empezar a actuar. De cara a las elecciones, cada candidatura debería comprometerse a elaborar un inventario operativo del patrimonio residencial recuperable. Ese trabajo tendría que identificar su estado, los obstáculos para utilizarlo, la demanda existente y el coste aproximado de su puesta en servicio.
Hay, además, una desigualdad que merece atención política: la distancia entre quienes disponen de respaldo patrimonial familiar y quienes dependen exclusivamente de su salario. Heredar una vivienda o recibir ayuda para la entrada de una hipoteca puede cambiar por completo una trayectoria vital. Quien carece de ese apoyo afronta dificultades mayores para ahorrar, emanciparse o formar una familia. Una sociedad que promete igualdad de oportunidades debe preguntarse cuánto pesa el origen familiar en el acceso a un hogar. En Cuenca, facilitar la permanencia de las nuevas generaciones exige tomar en serio esa pregunta y acompañarla de instrumentos capaces de ampliar sus posibilidades.
El primer compromiso electoral debería ser un programa de vivienda asequible con financiación plurianual. Cada formación tendría que presentar los inmuebles y suelos sobre los que propone actuar, el número de viviendas que aspira a incorporar, el régimen de utilización y los plazos previstos. También debería distinguir las actuaciones maduras, que pueden comenzar pronto, de aquellas que requieren planeamiento, adquisición o estudios previos. Los ciudadanos necesitan conocer esa diferencia para valorar la credibilidad de una oferta política. Anunciar una promoción es relativamente sencillo; conseguir que las llaves lleguen a sus destinatarios exige presupuesto, capacidad administrativa y continuidad.
La ampliación del parque público de alquiler debe ocupar un lugar relevante en ese programa. Cuenca necesita disponer de viviendas que mantengan su función social durante muchos años, con rentas accesibles y una gestión solvente. Para conseguirlo pueden combinarse la construcción, la adquisición de edificios adecuados, la rehabilitación y los acuerdos de cesión. Cada operación debería justificarse por su coste y utilidad. También debe evitarse que el patrimonio creado con dinero público pierda rápidamente su finalidad asequible. Una inversión destinada a responder a un problema duradero merece una protección igualmente duradera, junto con mantenimiento, adjudicación transparente y rendición de cuentas.
Conviene abrir una vía de colaboración con los pequeños propietarios. Hay personas que conservan una vivienda desocupada porque no pueden afrontar las obras, desconocen cómo gestionarla o temen los problemas derivados del arrendamiento. Una intermediación pública bien organizada podría ofrecer asesoramiento, garantías y ayudas a la rehabilitación a cambio de incorporarla al alquiler habitual con condiciones asequibles. Esta actuación permitiría recuperar edificios y aumentar la oferta aprovechando recursos existentes. Pero deberá diseñarse con rigor: valorar previamente los inmuebles, fijar obligaciones comprensibles y comprobar que el coste público guarda proporción con las viviendas y los años de servicio obtenidos.
La rehabilitación merece especial atención en una ciudad cuyo patrimonio constituye parte esencial de su identidad. Conservar las fachadas resulta insuficiente cuando el interior de los edificios pierde habitantes o permanece inutilizado. Recuperar vivienda exige atender a la seguridad, la eficiencia energética, la accesibilidad y las necesidades de quienes van a vivir allí. Las candidaturas deberían señalar dónde actuarían primero y cómo facilitarían los proyectos compatibles con la protección patrimonial. También tendrían que explicar qué recursos técnicos pondrían a disposición de propietarios y comunidades. Una ciudad habitada necesita edificios cuidados, servicios cotidianos y condiciones que hagan posible permanecer en sus barrios.
La agilización administrativa es otra reforma indispensable. Un expediente que recorre oficinas durante meses sin una respuesta clara puede frustrar una rehabilitación o retrasar una promoción necesaria. Los candidatos deben comprometerse a reforzar los servicios técnicos, coordinar informes y publicar los tiempos de tramitación. Esa mejora exige organización y personal suficiente, además de revisar los trámites duplicados. Deben mantenerse las garantías de seguridad y calidad, mientras se corrigen las demoras que carecen de justificación. La capacidad de resolver expedientes forma parte de la política de vivienda tanto como la disponibilidad de suelo o la financiación de las obras.
También debemos exigir una respuesta equilibrada a los conflictos del alquiler. El inquilino necesita estabilidad, información y protección frente a abusos. El propietario necesita reglas claras y mecanismos eficaces ante los incumplimientos. Cuando aparece una situación de vulnerabilidad, la Administración debe intervenir con ayudas, mediación y alternativas de alojamiento. Esa responsabilidad requiere servicios sociales dotados de recursos y coordinación con los programas residenciales. La emergencia de una familia no puede quedar abandonada entre procedimientos administrativos y disputas particulares. De cara a las elecciones, sería razonable pedir un protocolo público que explique quién actúa, con qué medios y dentro de qué plazos.
En los pequeños municipios, la vivienda debería incorporarse a una estrategia de arraigo. Una bolsa comarcal permitiría compartir asistencia técnica, localizar inmuebles recuperables y ayudar a ayuntamientos que carecen de medios para gestionar por sí solos un programa complejo. La Diputación y la Junta tienen que participar en esa cooperación, junto con los municipios. Sin embargo, recuperar casas exige mirar alrededor de ellas: empleo, transporte, conectividad, atención sanitaria y educación. La decisión de instalarse en un pueblo depende de poder desarrollar una vida cotidiana viable. Por eso, las propuestas electorales deben explicar cómo conectarán la actuación residencial con los servicios y las oportunidades del territorio.
La emancipación juvenil merece un tratamiento específico. Las ayudas económicas pueden aliviar gastos iniciales o situaciones de dificultad, pero su eficacia depende de que exista oferta disponible y de que las condiciones del alojamiento permitan sostenerse con los ingresos del hogar. Cuenca necesita estudiar qué viviendas requieren sus jóvenes, dónde buscan instalarse y qué obstáculos encuentran. También conviene escuchar a quienes se marcharon y desean regresar. Una política diseñada únicamente desde los despachos puede ignorar necesidades elementales: contratos estables, pequeños alojamientos adecuados, proximidad al trabajo o información accesible. La participación debe servir para corregir esas carencias antes de invertir.
Durante los meses previos a las elecciones, los colectivos vecinales, las organizaciones juveniles, los profesionales y los medios de comunicación deberían impulsar un debate público sobre estos compromisos. Sería útil celebrar encuentros en los que todas las candidaturas respondieran a las mismas preguntas y presentaran sus propuestas por escrito. Cuántas viviendas, en qué lugares, con qué financiación, para quiénes y dentro de qué plazo. El periódico SOMOS y La Vanguardia de Cuenca pueden contribuir a que ese examen tenga continuidad, dando espacio a las necesidades de los ciudadanos y contrastando las promesas con su viabilidad. La información local tiene aquí una tarea concreta: hacer comprensible lo que se propone y permitir comprobar después lo que se cumple.
Esa exigencia debe alcanzar también a Somos Cuenca si pretende ofrecer una alternativa al desgaste de las fórmulas tradicionales. Su credibilidad dependerá de la calidad de sus propuestas, de su capacidad para escuchar y de la claridad con la que identifique responsabilidades. La vivienda ofrece un campo en el que demostrar preparación y conocimiento del territorio. Un compromiso útil sería promover un acuerdo provincial con objetivos compartidos y mantener públicamente un registro de ejecución. Las diferencias políticas seguirán existiendo, pero deberían expresarse sobre prioridades, financiación y métodos de actuación que los ciudadanos puedan comparar.
Las próximas elecciones deben permitir escoger entre proyectos reconocibles para el futuro de Cuenca. En materia de vivienda, ese futuro se concreta en decisiones muy cercanas: poder independizarse, aceptar un empleo, cuidar a una persona mayor, regresar al lugar de origen o permanecer en el pueblo donde se ha construido una vida. Cada candidatura tendrá que explicar qué hará para facilitar esas decisiones. Y los ciudadanos debemos exigir que sus respuestas se conviertan en compromisos verificables. Poner la vivienda en las urnas significa llevar esas necesidades al debate, asignarles recursos y exigir resultados durante todo el mandato. Cuenca necesita empezar ese trabajo antes de votar y mantenerlo después.