
El debate dejó a un presidente defendiendo su balance cuando necesitaba ofrecer una razón para el futuro. La vivienda, el coste de la vida y la distancia entre anuncios y resultados dibujan el agotamiento de una forma de ejercer el poder.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ganó con claridad el cara a cara celebrado anoche frente al socialista Pedro Sánchez, según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL. El 64% de los españoles dice que Feijóo ganó el debate, mientras que sólo el 32% señala a Sánchez como el vencedor.
Hay un momento en la vida de los gobiernos en que las explicaciones empiezan a sonar a excusas, los balances a inventarios defensivos y las promesas a una nueva edición de las anteriores. No siempre coincide con una crisis parlamentaria ni con una derrota electoral. A veces se reconoce en una escena más sencilla: un presidente enumera lo que considera sus éxitos y no consigue responder a la pregunta que tiene delante.
El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dejó esa impresión de agotamiento. No porque la política pueda reducirse a un combate televisivo, sino porque el encuentro hizo visible una dificultad de mayor alcance: la de un Gobierno obligado a explicar por qué sus resultados no se corresponden suficientemente con las expectativas que él mismo alimentó.
Las crónicas difieren en intensidad, pero varias coinciden en la dirección del intercambio. ABC vio a Sánchez «noqueado»; El Mundo, abrumado; La Voz de Galicia, a la defensiva. La Vanguardia eligió una formulación menos aparatosa y más útil para el análisis: Feijóo salió fortalecido frente a un Sánchez comedido. No son expresiones equivalentes, pero describen una distribución semejante de papeles: uno exigía cuentas y el otro intentaba preservar su balance.
La contención no es una debilidad por naturaleza. Puede expresar serenidad, confianza y dominio. Se convierte en un problema cuando deja de ordenar la conversación y se limita a soportarla. Ese fue el límite de la estrategia presidencial: conservar el tono no bastó para recuperar la iniciativa.
El crecimiento no puede cerrar la conversación
El bloque económico mostró la principal fractura del discurso gubernamental. Sánchez defendió crecimiento, empleo y protección social. Feijóo respondió con precios, impuestos y dificultades familiares. Expansión y ABC interpretaron que el presidente no logró neutralizar ese desplazamiento desde los grandes indicadores hacia la economía doméstica.
No sería serio despreciar el crecimiento ni la creación de empleo. Son condiciones fundamentales para sostener los ingresos públicos, la actividad empresarial y las políticas sociales. La discusión relevante es otra: si el Gobierno ofrece una explicación suficiente sobre la forma en que sus resultados llegan a los ciudadanos y sobre los obstáculos que impiden que esa mejora sea más extensa y perceptible.
El dato agregado puede describir una evolución favorable sin resolver la experiencia de quien no consigue emanciparse, ahorrar o acceder a una vivienda. No hay que elegir entre estadística y vida cotidiana. Hay que exigir a la política que explique la relación entre ambas.
Un presidente no puede responder a cada dificultad particular como si fuera una impugnación injusta de sus cifras generales. Su tarea consiste en reconocer qué problemas persisten, por qué persisten y qué debe cambiar para resolverlos. Cuando esa explicación falta, el balance deja de funcionar como prueba de gestión y empieza a percibirse como una forma de esquivar responsabilidades.
Feijóo encontró ahí su oportunidad. Pero tampoco merece un cheque en blanco. Una columna de Expansión reprochó a los dos candidatos que ofrecieran garantías sobre las pensiones sin abordar con suficiente claridad su financiación. Ganar la iniciativa del intercambio no equivale a haber acreditado la viabilidad de las promesas.
Esa exigencia debe mantenerse. La crítica al Gobierno pierde valor si necesita suspender el examen de la oposición.
Entre una promesa y una llave
La vivienda llevó la discusión a un terreno todavía más comprometido. Ambos candidatos defendieron construir más. Sánchez añadió regulación, rehabilitación y protección del inquilino; Feijóo puso el acento en aumentar la oferta y rebajar impuestos. Pero la cuestión decisiva no era únicamente qué proponía cada uno para después de las elecciones. Era qué podía acreditar quien ya había gobernado.
Las verificaciones obligaron a corregir el balance presidencial. Los medios consultados rechazaron que pudiera hablarse de un millón de viviendas terminadas en los términos empleados por Sánchez. Aunque sus recuentos difieren por los periodos y criterios utilizados, coinciden en una distinción esencial: iniciar una vivienda no es terminarla. También cuestionan que puedan presentarse objetivos, ayudas y actuaciones en marcha como rehabilitaciones ya concluidas.
No son precisiones reservadas a especialistas. Entre una licencia y una llave hay una diferencia que cualquier familia comprende. Entre una subvención aprobada y una obra finalizada, también. La comunicación gubernamental pierde legitimidad cuando desdibuja esas fronteras para mejorar la apariencia de su balance.
Un ciudadano no puede instalarse en una previsión presupuestaria. No puede pagar un alquiler con el anuncio de una actuación futura. Necesita que las decisiones administrativas recorran el camino completo hasta convertirse en soluciones disponibles.
También Feijóo utilizó argumentos que requieren corrección. La verificación de El País cuestionó que las 540 entregas localizadas en determinadas comunicaciones pudieran presentarse como un balance exhaustivo del compromiso gubernamental. Otras comprobaciones señalaron errores al comparar los desahucios de Barcelona y Madrid, mezclando ciudades con comunidades autónomas y niveles con evolución.
Reconocerlo no absuelve a Sánchez. Impide sustituir una contabilidad complaciente por otra interesada. El rigor no puede depender de a quién perjudique.
Tampoco conviene utilizar la discusión sobre Barcelona como un veredicto automático a favor o en contra de toda la política de alquiler. Contratos nuevos, anuncios disponibles y viviendas ocupadas en arrendamiento son categorías que deben distinguirse antes de extraer conclusiones. La disputa política no elimina esa obligación; la hace más necesaria.
El examen que importa desde Cuenca
Desde Cuenca, este debate merece algo más que adhesiones de equipo. No necesitamos convertirnos en espectadores subsidiarios de una discusión nacional que termina cuando se apagan los focos. Necesitamos juzgar qué políticas permiten desarrollar un proyecto de vida y qué administraciones responden de sus compromisos.
La exigencia debe ser concreta: resultados identificables, plazos comprobables y responsabilidades que no se disuelvan entre instituciones. Cuántas actuaciones se anuncian, cuántas se ejecutan, quién las financia y a quién benefician. Esa debería ser la gramática elemental de la rendición de cuentas.
No hace falta atribuir a este debate un balance provincial que no contiene. Basta con aplicar una pregunta que sirve para Cuenca y para el conjunto del país: ¿qué ha cambiado de manera verificable entre la promesa y el final de la legislatura?
Cuanto más tiempo permanece un Gobierno en el poder, menos convincente resulta pedir confianza exclusivamente sobre la base de lo que hará después. La experiencia debe aportar capacidad de ejecución, no una mayor destreza para explicar los retrasos.
La continuidad ya no basta
El debate no demuestra una derrota electoral futura. Los votos no se cuentan mediante titulares y la alternancia no garantiza por sí sola mejores políticas. Feijóo tendrá que acreditar que sus propuestas son realizables, compatibles entre sí y financiables.
Pero quien preside el Gobierno comparece con obligaciones distintas de quien aspira a sustituirlo. La oposición debe explicar lo que pretende hacer. El presidente debe responder, además, por lo que hizo, por lo que dejó pendiente y por la distancia entre sus compromisos y sus resultados.
Y las carencias que afloraron afectan al núcleo del balance: una defensa económica que no cerró la discusión sobre el bienestar cotidiano; unas cifras de vivienda necesitadas de correcciones; unos compromisos sobre pensiones cuya financiación merecía explicaciones más claras de ambos contendientes. Son ingresos, techo y seguridad para el mañana: las materias con las que se construye la confianza en un Gobierno.
Una legislatura no necesita fracasar en todos sus indicadores para agotar su justificación política. Puede registrar avances y dejar sin resolver problemas que había situado en el centro de su mandato. Puede conservar la capacidad de anunciar mientras pierde la credibilidad necesaria para que el siguiente anuncio sea recibido como una respuesta.
Ese es el desgaste más profundo: no que falten palabras, sino que las palabras hayan perdido valor. No que se desconozcan las promesas, sino que se recuerden demasiado bien.
Por eso la pregunta decisiva ya no es si Sánchez conserva recursos para resistir. Resistir describe una habilidad de supervivencia; gobernar exige una finalidad. La cuestión es para qué pide seguir y por qué habría de resultar convincente ahora aquello que no ha conseguido resolver hasta aquí.
Una presidencia se agota cuando la defensa de su continuidad ocupa el lugar de un proyecto reconocible. Cuando necesita hablar más de los riesgos del relevo que de las razones de su propia renovación. Cuando confunde la capacidad de permanecer con la capacidad de abrir una etapa.
Ese es el sentido político del fin de ciclo. No una profecía electoral, sino un juicio sobre el agotamiento de una forma de ejercer y justificar el poder. La decisión pertenece a los electores. El análisis no tiene por qué esperar a la noche del recuento.
Sánchez necesitaba utilizar el debate para ofrecer una próxima etapa. Mi lectura es que terminó defendiendo las insuficiencias de la anterior. Necesitaba convertir su experiencia en una garantía de futuro y no consiguió desprenderse del peso de su balance.
No perdió el Gobierno en un plató. Pero tampoco ofreció una razón suficiente para que su continuidad pareciera algo distinto de una prórroga.
Y una prórroga no es un proyecto de país.
Fin de ciclo.