La mayoría del muro no bastó
La legislatura de 2023-2026 deja una pregunta que va más allá de la disputa entre partidos: ¿de qué sirve reunir los votos para alcanzar el Gobierno si después no se construye una mayoría capaz de gobernar?
El fracaso de una legislatura no se mide solamente por el número de derrotas que acumula un Gobierno. Se mide también por la distancia entre sus promesas y sus resultados, entre los apoyos que reúne para investir a un presidente y los acuerdos que consigue para atender las necesidades del país. Desde esa perspectiva, el balance de la legislatura española de 2023-2026 permite sostener una crítica severa: Pedro Sánchez logró los votos para continuar en la Moncloa, pero no consolidó una mayoría estable que respaldara su acción de gobierno. La disolución de las Cortes, publicada este 6 de octubre, y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre ponen término anticipado a esa experiencia política.
Conviene empezar por una precisión que no debilita la crítica, sino que la hace más rigurosa. La investidura de Sánchez fue legítima. El 16 de noviembre de 2023 obtuvo 179 votos favorables frente a 171 contrarios, con el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria. La diversidad de esos apoyos no invalidaba la elección del presidente. Lo que hacía era plantearle una exigencia: convertir una suma de voluntades distintas en una capacidad sostenida para gobernar.
Ese era el examen decisivo. Y los balances de la legislatura muestran la dificultad para superarlo. Una mayoría de investidura no es, por definición, una mayoría de gobierno. Puede coincidir en la persona que debe ocupar la presidencia sin compartir suficientemente las prioridades, los instrumentos o los compromisos necesarios para desarrollar un programa. La continuidad en el poder y la eficacia en el ejercicio del poder son cosas diferentes.
Gobernar exige algo más
La ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado constituye la prueba más concreta de esa debilidad. La legislatura ha transcurrido con las cuentas de 2023 prorrogadas y termina sin haber conseguido aprobar otras nuevas. La disolución deja además a España encaminada a comenzar 2027 con aquellas mismas cuentas prorrogadas. No se trata de un detalle administrativo: es una limitación central de la capacidad del Ejecutivo para trasladar sus prioridades a un acuerdo parlamentario.
El presupuesto debería ser el lugar donde las palabras adquieren compromisos y las prioridades encuentran respaldo. Por eso, su bloqueo prolongado ofrece un argumento más sólido que una sucesión de titulares sobre votaciones perdidas. Un Gobierno puede perder votaciones y seguir gobernando. Pero cuando no logra renovar durante toda una legislatura el principal instrumento de su política económica, la pregunta por la consistencia de sus apoyos resulta inevitable.
No hace falta exagerar para formular esa crítica. Tampoco es necesario presentar el periodo como una ausencia absoluta de actividad legislativa. Hubo normas aprobadas, aunque los balances consultados utilizan recuentos diferentes que no deben confundirse: El Debate habla de 37 leyes, mientras El País contabiliza 22 leyes y 43 decretos. Sin homogeneizar las categorías, esas cifras no permiten una comparación concluyente. El reproche no debe descansar en una aritmética escogida a conveniencia, sino en la insuficiencia de una mayoría para sostener decisiones fundamentales.
El límite del muro
Durante su investidura, Sánchez se presentó como un «muro» frente a la derecha y la extrema derecha. La expresión fijaba una frontera y ofrecía a sus aliados una razón para mantenerse juntos. Pero también encerraba una pregunta que el desarrollo de la legislatura no consiguió despejar: ¿basta la oposición a un adversario para construir un proyecto de gobierno compartido?
A mi juicio, ahí aparece la principal contradicción de aquella estrategia. El rechazo al otro puede cohesionar una campaña, movilizar simpatizantes y justificar acuerdos defensivos. No sustituye, sin embargo, el trabajo de negociar políticas, ordenar prioridades y asumir compromisos duraderos. Un muro señala lo que se quiere impedir; no explica necesariamente lo que se quiere construir.
El problema no es que un Gobierno marque diferencias con la oposición. Las diferencias son consustanciales a la democracia. El problema surge cuando la frontera entre proyectos se convierte en una frontera moral entre ciudadanos, cuando el adversario deja de ser alguien con quien disputar el poder y pasa a ser alguien cuya presencia debe presentarse como una amenaza permanente.
Esa es una crítica a la lógica del «muro», no una demostración de que dicho discurso explique por sí solo todos los bloqueos parlamentarios. La heterogeneidad de los apoyos y la dificultad para sostener acuerdos también forman parte del balance. Confundir interpretación con prueba conduciría al mismo empobrecimiento del debate que se pretende denunciar.
Un balance sin equívocos
Para distinguir la crítica política del cuestionamiento indiscriminado de las instituciones, conviene ordenar los principales elementos de la legislatura:
| Plano | Equilibrio defendible |
|---|---|
| Investidura | Sánchez obtuvo una mayoría suficiente y legítima para formar Gobierno el 16 de noviembre de 2023. RTVE |
| Gobernabilidad | Los apoyos iniciales no aseguraron la aprobación de presupuestos ni una agenda legislativa estable. |
| Estrategia política | El discurso del «muro» reforzó una lectura de la política organizada en bloques antagónicos. |
| Responsabilidad institucional | Las derrotas del Ejecutivo no prueban que el Parlamento haya incumplido todas sus funciones; también muestran que el Gobierno carecía de apoyos para determinadas decisiones. vozpopuli |
| Desenlace | La legislatura termina anticipadamente con la disolución de las Cortes y las elecciones convocadas para el 29 de noviembre. BOE |
El cuadro permite identificar el objeto de la crítica. No es la pluralidad del Parlamento. No es el derecho de sus miembros a rechazar iniciativas del Ejecutivo. No es siquiera la existencia de acuerdos entre partidos diferentes. Es la distancia entre la mayoría anunciada y la gobernabilidad efectivamente conseguida.
Por eso, hablar de «fracaso del Parlamento» exige cautela. Un Congreso que rechaza una propuesta gubernamental no está dejando necesariamente de cumplir su función. Puede estar ejerciéndola. La derrota en las votaciones sobre vivienda, por ejemplo, no equivalía jurídicamente a una retirada formal de la confianza al Gobierno. La responsabilidad política de no reunir apoyos no puede trasladarse automáticamente a la institución que vota.
La ciudadanía no es un bloque
También merece precisión la idea de una España dividida. La polarización no empezó con esta investidura ni pertenece en exclusiva a una sola formación. Ya en 2023 se describían la pésima relación entre Sánchez y Feijóo, la crispación de las campañas y las protestas contra la amnistía impulsadas por PP y Vox. Una crítica exigente al Gobierno debe reconocer igualmente las estrategias de confrontación de la oposición.
Pero repartir responsabilidades no obliga a diluirlas. Quien preside el Gobierno tiene una responsabilidad singular: representar institucionalmente a un país que no se agota en quienes le respaldan. La ciudadanía no es una prolongación de los grupos parlamentarios. No cabe reducir a millones de personas a dos ejércitos enfrentados ni convertir cada discrepancia en una prueba de adhesión o de enemistad.
La salida democrática no debería consistir en levantar un muro más alto, sino en recuperar una exigencia más sencilla y más difícil: gobernar con resultados, explicar los acuerdos y responder por los incumplimientos. Las elecciones del 29 de noviembre permitirán a los ciudadanos juzgar esta etapa y decidir la siguiente.
Lo que queda sometido a ese juicio no es únicamente la continuidad de un presidente. Es una forma de entender el poder: si basta con conservarlo frente al adversario o si su legitimidad política debe renovarse también mediante la capacidad de hacer cosas útiles para el conjunto del país.
Una mayoría puede abrir la puerta de la Moncloa. Para gobernar, tiene que abrir algo más: un camino compartido.