Hay momentos en política en que un Gobierno puede sobrevivir a una crisis, incluso a varias. Puede resistir una mala encuesta, una derrota parlamentaria, una polémica ministerial y hasta un escándalo que durante unas semanas monopolice los titulares. Lo verdaderamente peligroso comienza cuando los episodios dejan de percibirse como excepcionales y empiezan a formar un paisaje. Eso es precisamente lo que amenaza ahora al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El problema político que tiene ante sí ya no puede resumirse en Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García, los contratos de la pandemia o la antigua Fiscalía General del Estado. El problema electoral es la acumulación. Y en política, cuando se acumulan demasiadas explicaciones, llega un momento en que una parte de los ciudadanos deja de escuchar cada explicación por separado y comienza a juzgar el conjunto.
Conviene establecer desde el principio una frontera que ninguna columna responsable debería atravesar. Pedro Sánchez no está condenado por estas causas y las responsabilidades penales son individuales. Quienes están siendo juzgados, investigados o han sido condenados tienen derecho a las garantías propias del Estado de derecho, incluidos los recursos correspondientes. La apertura de un juicio tampoco equivale a una condena. Pero confundir esa elemental prudencia jurídica con la inexistencia de consecuencias políticas sería ignorar cómo funciona una democracia. Los jueces determinan delitos y responsabilidades penales; los ciudadanos juzgan comportamientos políticos, confianza, explicaciones, responsabilidades y formas de ejercer el poder.
Y ahí reside el verdadero problema de La Moncloa.
El paso a juicio oral de Begoña Gómez posee una potencia política evidente por mucho que el Gobierno insista, legítimamente desde su posición, en la falta de fundamento de las acusaciones y en la existencia de una estrategia de persecución. La Fiscalía ha mantenido una posición favorable a la esposa del presidente y determinadas actuaciones del instructor han sido corregidas durante la causa. Todo esto debe recordarse. Pero también debe recordarse que el procedimiento continúa y que la esposa del jefe del Ejecutivo tendrá que afrontar un juicio por presuntos delitos que afectan directamente a la percepción pública sobre las relaciones entre intereses privados y poder institucional.
David Sánchez añade otra dimensión. Ya no estamos únicamente ante diligencias de investigación. La Audiencia Provincial de Badajoz lo condenó en primera instancia a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa relacionada con su contratación en la Diputación de Badajoz. La sentencia está recurrida y, por tanto, no es firme, pero electoralmente resulta imposible pretender que semejante acontecimiento permanezca encapsulado exclusivamente dentro de un expediente judicial.
El llamado caso Koldo ha añadido al cuadro nombres que pertenecieron al corazón mismo del poder socialista. José Luis Ábalos no fue un dirigente periférico. Fue ministro, secretario de Organización del PSOE y una persona situada durante años dentro del círculo político de máxima confianza de Pedro Sánchez. De ahí que las investigaciones relacionadas con aquel entorno tengan una capacidad de desgaste muy superior a la que tendrían si afectasen a cargos administrativos desconocidos para la opinión pública. Algunas piezas judiciales han avanzado hasta sentencia mientras otras investigaciones continúan abiertas.
Y la condena del antiguo fiscal general Álvaro García Ortiz introdujo un ingrediente todavía más delicado: el de las instituciones. El Tribunal Supremo lo condenó por revelación de datos reservados, y en febrero de 2026 quedó agotada la vía ordinaria de impugnación de aquella condena. Una cosa es un caso que afecte a un familiar del presidente; otra, uno relacionado con antiguos responsables políticos; y otra particularmente sensible es que entre en escena quien ocupó la cúspide del Ministerio Fiscal.
Cada caso es jurídicamente distinto. El elector, sin embargo, no necesariamente los procesa así.
Ahí está la gran dificultad del PSOE.
Un ciudadano que no siga minuciosamente la actualidad judicial probablemente no distinguirá entre autos, recursos, diligencias previas, apertura de juicio oral, acusación popular, Fiscalía, Audiencia Provincial o Tribunal Supremo. Lo que puede quedar en su memoria es una palabra mucho más sencilla: «otra vez».
Otra investigación. Otro auto. Otra declaración. Otro recurso. Otra portada. Otro nombre próximo al poder.
Ese «otra vez» es electoralmente mucho más peligroso que cualquier folio de un sumario.
La política se decide muchas veces por sedimentación. Los gobiernos rara vez pierden apoyo únicamente porque un acontecimiento fulminante cambie de golpe la opinión de millones de personas. Con frecuencia el desgaste se produce lentamente. Una controversia se coloca encima de otra; una explicación debe sustituir a la anterior; una promesa de normalidad queda desmentida por una nueva noticia; y el ciudadano va acumulando pequeñas reservas hasta que la confianza política empieza a erosionarse.
Por eso hablar simplemente de «cerco judicial» puede incluso ocultar la dimensión auténtica del problema. Sánchez puede sostener que existe lawfare. Sus adversarios pueden afirmar que existe corrupción estructural. Ambas son interpretaciones políticas enfrentadas. Lo que ningún relato puede evitar es que existen procedimientos judiciales reales y que algunos han superado ya fases procesales relevantes. La batalla política consistirá precisamente en determinar cuál de esas dos narraciones consigue mayor credibilidad social.
Sánchez ha demostrado durante años una extraordinaria capacidad para sobrevivir políticamente a situaciones que parecían límite. También ha convertido la polarización en una herramienta eficaz de movilización electoral. Cuando una parte de sus votantes percibe que el presidente es objeto de una ofensiva de sus adversarios políticos, mediáticos o judiciales, puede activarse un mecanismo de solidaridad partidista. No sería extraño, por ello, que nuevos avances judiciales provoquen simultáneamente desgaste entre unos electores y movilización defensiva entre otros.
Por eso tampoco resulta serio presentar cada novedad judicial como prueba automática de un hundimiento electoral socialista.
Las encuestas disponibles demuestran hasta qué punto el panorama sigue siendo abierto. Estudios privados recientes han situado al PP por delante del PSOE, mientras el CIS de septiembre ofreció una fotografía inversa, con los socialistas encabezando la estimación de voto. La disparidad entre unos trabajos y otros desaconseja cualquier profecía sobre el resultado de unas futuras elecciones generales.
Pero una cosa son los porcentajes concretos de una encuesta y otra las tendencias políticas que pueden identificarse. Y existe una que merece atención: a medida que se prolonga el frente judicial, el Gobierno pierde capacidad para seleccionar el terreno sobre el que quiere combatir.
Todo Ejecutivo desea que las elecciones se celebren sobre sus fortalezas. Si considera favorable el empleo, hablará de empleo. Si dispone de buenos indicadores económicos, hablará de crecimiento. Si mejora las pensiones, hablará de pensiones. Si aumenta políticas sociales, hablará de derechos. La oposición, por el contrario, tratará de trasladar el debate hacia los ámbitos que considere más vulnerables.
El problema para Sánchez aparece cuando son los acontecimientos judiciales los que interrumpen periódicamente cualquier intento de fijar la agenda.
El Gobierno puede anunciar una medida sobre vivienda por la mañana y verse obligado a responder por una resolución judicial por la tarde. Puede presentar cifras económicas y comprobar cómo desaparecen de las portadas después de conocerse nuevas diligencias. Puede intentar construir un relato sobre estabilidad y encontrarse otra vez explicando por qué determinada investigación no afecta al presidente.
Es una política permanentemente a la defensiva.
Y ningún Gobierno desea acudir a unas elecciones obligado a defenderse.
Pero este fenómeno posee una derivada que desde Madrid quizá se observe con menor atención y que en Castilla-La Mancha resulta fundamental. La contaminación política puede viajar desde La Moncloa hasta las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027.
Aquí comienza un problema especialmente interesante para Emiliano García-Page.
Page ante el incendio de Madrid
El presidente de Castilla-La Mancha lleva mucho tiempo construyendo una personalidad política diferenciada de Pedro Sánchez. Ya no se trata de discrepancias episódicas. Existe una estrategia pública de diferenciación que en septiembre ha llegado a adquirir una extraordinaria dureza verbal.
El 9 de septiembre, después de que Sánchez calificase determinadas posiciones internas como minoritarias y marginales dentro del PSOE, García-Page respondió elevando considerablemente el tono contra el secretario general de su propio partido.
El PSOE castellanomanchego, por su parte, insiste en presentar a Page como un dirigente con identidad propia, centrado en los intereses regionales y diferenciado de la dirección federal. Sus responsables llevan meses destacando públicamente esa «coherencia» y esa defensa de Castilla-La Mancha independientemente de quién gobierne en Madrid.
No es difícil comprender la lógica electoral de esa diferenciación.
Si la marca nacional del PSOE llega dañada a 2027, los candidatos territoriales necesitarán convencer al electorado de que no todas las papeletas socialistas significan exactamente lo mismo. Page tratará previsiblemente de hacer valer su gestión autonómica, su personalidad política y sus frecuentes discrepancias con Sánchez. Frente a la nacionalización de las elecciones, el socialismo castellanomanchego intentará regionalizarlas.
Pero aquí aparece una contradicción difícil de resolver.
Page puede distanciarse de Sánchez políticamente, pero continúa siendo el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha. Sus candidatos competirán con las mismas siglas. Sus diputados nacionales forman parte del Grupo Socialista. Y una parte importante de la maquinaria territorial pertenece a la misma organización cuya dirección federal encabeza Pedro Sánchez.
Eso permite una autonomía discursiva, pero no una completa independencia electoral.
El votante podrá diferenciar entre Page y Sánchez, naturalmente. Lo que está por comprobar es cuántos electores realizarán esa distinción cuando llegue el momento de introducir la papeleta en la urna.
Y esa incógnita tiene especial importancia en provincias donde unos pocos miles de votos pueden modificar de manera sustancial la distribución institucional.
Y Cuenca, en medio
Cuenca añade todavía otra singularidad.
El alcalde de la capital, Darío Dolz, ha ido bastante más lejos de lo habitual dentro de un partido gobernante. El pasado 16 de agosto pidió, «desde la lealtad» al PSOE, que Pedro Sánchez convocase elecciones generales «lo antes posible» y describió la situación política como insostenible en determinados momentos. También rechazó expresamente la posibilidad de hacer coincidir unas generales con las municipales y autonómicas previstas para el 23 de mayo de 2027.
Esa declaración no es menor.
Significa que el principal representante institucional socialista de la capital conquense percibe un riesgo evidente en la contaminación entre elecciones nacionales y locales.
Cuenca constituye además un territorio donde el PSOE regional tratará de reivindicar gestión. Sus dirigentes provinciales destacan inversiones autonómicas como el nuevo Hospital Universitario y otros proyectos impulsados por el Gobierno de García-Page. Ángel Tomás Godoy, secretario de Organización provincial y presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, viene defendiendo precisamente ese balance de actuaciones como argumento frente a la oposición.
La pregunta electoral será si ese balance local y autonómico consigue imponerse sobre el ruido nacional.
Porque un candidato municipal puede hablar de calles, impuestos o servicios públicos, pero si durante una campaña electoral todas las televisiones nacionales dedican horas a un juicio o a una nueva investigación, la agenda local corre el riesgo de desaparecer. Y un candidato autonómico puede pretender discutir sobre sanidad, agua, agricultura, despoblación o financiación, pero si las elecciones terminan convertidas en un plebiscito emocional sobre Sánchez, buena parte de esa conversación territorial puede quedar desplazada.
Esto resulta especialmente significativo para Cuenca porque la provincia acumula problemas estructurales que merecerían por sí mismos una campaña electoral completa: despoblación, envejecimiento, empleo, infraestructuras, comunicaciones ferroviarias, servicios públicos, vertebración territorial y dificultades para retener población joven. Que esas cuestiones queden sepultadas bajo una batalla nacional entre «corrupción» y «lawfare» empobrecería considerablemente el debate político conquense.
También puede perjudicar al PSOE provincial por una razón adicional. Cuanto mayor sea el distanciamiento de dirigentes como Page o Dolz respecto de Sánchez, más visible resultará una pregunta inevitable: si discrepan tan profundamente con la dirección nacional, ¿hasta dónde llega realmente esa discrepancia?
Es una cuestión incómoda porque obliga a mantener un difícil equilibrio. Demasiada proximidad a Sánchez puede transmitir a determinados electores el desgaste de La Moncloa. Demasiado alejamiento puede producir incoherencia dentro del propio partido. Y romper abiertamente con la dirección federal tendría consecuencias políticas de otra naturaleza.
Ahí se encuentra una de las paradojas de 2027.
El PSOE de Castilla-La Mancha podría necesitar una campaña muy centrada en Page precisamente cuando el PSOE nacional necesitará movilizar al máximo toda su estructura territorial. Y los candidatos conquenses podrían intentar hablar de Cuenca precisamente cuando la política nacional amenace con absorberlo todo.
Nada de ello permite saber cuál será el resultado.
Sí permite identificar el terreno sobre el que previsiblemente se desarrollará la batalla.
Pedro Sánchez necesita que las próximas elecciones se discutan sobre economía, políticas sociales, derechos y gestión. Sus adversarios intentarán que se discutan sobre integridad institucional, corrupción y confianza. Page necesitará que Castilla-La Mancha vote pensando en Castilla-La Mancha. Y los candidatos conquenses necesitarán que los ciudadanos juzguen lo que sucede en Cuenca.
Cuatro agendas que pueden terminar chocando dentro de una misma urna.
El problema último del denominado «cerco judicial» no consiste, pues, únicamente en lo que pueda decidir un juez.
Consiste en algo políticamente más profundo: la pérdida progresiva del monopolio sobre el relato.
Cuando un Gobierno dedica cada vez más energía a explicar que las cosas no son como parecen, significa que alguien más está consiguiendo decidir de qué se habla. Y cuando eso ocurre durante demasiado tiempo, la cuestión deja de ser exclusivamente judicial y empieza a convertirse en electoral.
Los tribunales determinarán las responsabilidades penales que correspondan.
Los ciudadanos determinarán otra cosa muy distinta.
Si todavía confían.
Y esa sentencia, a diferencia de las judiciales, no admite recurso: se dicta introduciendo una papeleta en una urna.