La filtración de datos fiscales convierte la relación de investigados en un arma política
La investigación del caso Rato por supuestos delitos fiscales, blanqueo de dinero y alzamiento de bienes se ha convertido en la demostración palmaria de una mala gestión política y jurídica. Casi una semana después de que se filtrara la información de que el exvicepresidente del Gobierno se había acogido a la amnistía fiscal de 2012 y pasados varios días desde que Rodrigo Rato fuera detenido durante horas mientras se registraban su domicilio y su despacho, el Gobierno ha sido incapaz de explicar la lógica enrevesada de las sucesivas intervenciones de la Agencia Tributaria, el Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales), el recurso apresurado a un juez de guardia para justificar la detención o, lo que es más chocante, detallar las acusaciones que formulan la Agencia Tributaria y el Sepblac. Todo lo que se ha conseguido confirmar es que la Agencia dispone de una lista de 715 sospechosos de blanqueo de capitales.
Teniendo en cuenta los precedentes de filtraciones y el abuso de la información fiscal, la lista se convierte en un arma arrojadiza muy peligrosa con efectos políticos potencialmente devastadores. El ministro de Hacienda se ha especializado en amonestar, coartar y amenazar a la oposición o a colectivos críticos con el Gobierno con supuesta información que no debería mencionar; ni siquiera tener. La pérdida de credibilidad de la Agencia es tan clamorosa, las fugas de información tan repetidas e interesadas, que se hace imprescindible evitar, con cualquier decisión política razonable —quizá un compromiso parlamentario con una relación estricta de las personas que disponen de esa lista— que los nombres salgan a la luz. A estos extremos de malestar conduce la gestión aparentemente imprudente de la información por parte de la Agencia y otros organismos.
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Quizá era esperar demasiado que el director de la Agencia, Santiago Menéndez, hubiese dado respuesta ayer a algunas de las explicaciones urgentes sobre el papel del Gobierno; empezando por quién inicia la investigación y por qué; siguiendo por la torpeza atropellada que ha causado una confusión jurídica, y terminando por el origen de la filtración del nombre de Rato (único conocido entre los investigados). Pero Menéndez —además de establecer un hito al afirmar que los datos en su posesión son “la repera patatera”— se perdió entre los vericuetos estadísticos de la amnistía y los bienes de españoles en el extranjero. Apenas asomó a la realidad para ofrecer mensajes de carril: que la denuncia a la fiscalía sobre Rato responde al procesamiento previsto por la ley y que de la Agencia “nunca salen informaciones sobre contribuyentes”.
Ambas afirmaciones están superadas por los hechos. Pero no es Menéndez quien tiene que comparecer en el Parlamento, sino Cristóbal Montoro. Y, por supuesto, Rato debería comparecer ante la opinión pública para explicar por qué un exministro tiene dinero sin declarar susceptible de purgarse con una amnistía fiscal.