El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha convertido la crítica al modelo de financiación autonómica en una de las columnas vertebrales de su discurso político. Denuncia que el sistema penaliza a territorios con baja densidad de población, envejecidos y con altos costes de prestación de servicios. La tesis es correcta. Sin embargo, resulta inevitable preguntarse hasta qué punto esos principios se aplican también dentro de la propia comunidad. La provincia de Cuenca, una de las más castigadas por la despoblación, ofrece un ejemplo especialmente revelador de esta contradicción.
Durante los últimos años, el debate sobre la financiación autonómica se ha convertido en un campo de batalla política. En él se cruzan reclamaciones de equidad, acusaciones de privilegio y discursos sobre la llamada “España vaciada”. García-Page ha sabido situarse en ese escenario como una voz que exige sensibilidad hacia los territorios más frágiles. Y no se puede negar que su diagnóstico tiene fundamento.
Castilla-La Mancha es una comunidad extensa, con numerosos municipios pequeños, población envejecida y una dispersión que encarece cualquier política pública. Mantener un centro de salud, una escuela o una red de transporte en esas condiciones es objetivamente más costoso que hacerlo en entornos urbanos densos. Por eso, reclamar que estos factores se tengan en cuenta en el reparto estatal no solo es razonable: es imprescindible.
Pero esa misma lógica debería tener un reflejo directo en las decisiones internas.
Y ahí es donde aparece el problema.
Porque si existe una provincia que encarna todos los elementos que se esgrimen para exigir una financiación más justa, esa es Cuenca. Y, sin embargo, su papel dentro de la comunidad dista mucho de ser el de un territorio prioritario.
El discurso de la despoblación y su aplicación selectiva
Cuenca es una de las provincias más despobladas de España. Hay municipios con menos de cien habitantes, con una edad media muy elevada y con enormes dificultades para sostener servicios básicos. No es una excepción: es el patrón dominante en buena parte del territorio.
La consecuencia es conocida: cada cierre de escuela, cada reducción de horario en un consultorio médico, cada supresión de una línea de transporte no es un ajuste técnico, sino un golpe directo a la viabilidad del municipio. Estas decisiones, acumuladas, generan un efecto dominó: se marchan las familias, se reduce la actividad económica, aumenta la dependencia y el abandono se acelera.
Desde la administración se suele argumentar que mantener servicios para tan poca población no es sostenible. Sin embargo, este razonamiento entra en colisión directa con el discurso que se sostiene a nivel nacional. Si se considera injusto que el Estado aplique criterios puramente demográficos al reparto de recursos, ¿por qué se aceptan esos mismos criterios cuando se aplican dentro de la comunidad?
Esta incoherencia no es solo teórica. Tiene consecuencias prácticas.
Cuenca reúne todos los factores que el propio Gobierno regional utiliza para exigir una reforma del modelo estatal: baja densidad de población, dispersión extrema, envejecimiento acusado y enormes dificultades para sostener servicios públicos en condiciones de igualdad.
En teoría, esto debería convertirla en una prioridad.
En la práctica, no lo es. En la Serranía Alta, en la Alcarria conquense o en la Manchuela, el cierre progresivo de servicios esenciales se ha convertido en una constante. Escuelas que desaparecen, consultorios que reducen días de atención, oficinas bancarias que cierran, servicios sociales cada vez más centralizados. Un vecino de Zafrilla que necesita acudir a un especialista debe recorrer decenas de kilómetros. Una persona mayor en Beteta o en Cañete depende de terceros para gestiones básicas. No hablamos de excepciones, sino de normalidad.
Y cuando estas situaciones se denuncian, la respuesta institucional suele ser la misma: no es sostenible mantener todos los servicios en todos los pueblos.
Ese argumento es exactamente el mismo que se critica cuando lo emplea el Estado.
Si es injusto que el Gobierno central distribuya recursos sin tener en cuenta la despoblación, ¿por qué se acepta ese mismo criterio dentro de la comunidad? Aquí comienza la contradicción.
Mientras se refuerzan infraestructuras en áreas más pobladas o con mayor peso político, Cuenca se mantiene en un plano secundario. No se trata de una exclusión explícita, sino de una jerarquización silenciosa. Un segundo nivel de prioridad.
Infraestructuras, servicios y oportunidades: el patrón de la concentración
La política territorial no se mide solo por discursos, sino por decisiones presupuestarias. Y estas muestran un patrón claro: la concentración de recursos en los espacios más visibles.
El caso del ferrocarril es ilustrativo. La llegada de la alta velocidad fue presentada como una oportunidad histórica. Pero para muchos municipios de la provincia, esa infraestructura no se tradujo en una mejora real de la conectividad. Sin transporte público coordinado, sin integración territorial efectiva y con el deterioro paralelo del ferrocarril convencional, el balance es, cuando menos, discutible.
Lo mismo ocurre con la red viaria secundaria. Carreteras comarcales envejecidas, mal mantenidas o peligrosas son una constante en amplias zonas de la provincia. Esto no solo afecta a la seguridad, sino también a la capacidad de atraer actividad económica.
En el ámbito administrativo, la concentración es aún más evidente. La mayoría de los nuevos organismos, centros de decisión y empleos públicos se instalan en los mismos lugares de siempre. Esto no es neutro: genera empleo estable, consumo, arraigo y tejido social. Cuenca queda, una vez más, fuera de esa ecuación.
La consecuencia es una desigualdad estructural que no se corrige, sino que se consolida.
La lógica no declarada: rentabilidad política
Sería ingenuo pensar que estas dinámicas son fruto únicamente de errores o descuidos. En buena medida responden a una lógica política clásica: la de la rentabilidad.
Invertir en territorios con poca población no genera grandes titulares. No produce imágenes espectaculares. No asegura rédito electoral inmediato. En cambio, una gran obra en una capital de provincia tiene un impacto mediático garantizado.
Este cálculo, raramente explicitado, condiciona muchas decisiones.
Cuenca, desde esta perspectiva, no es un territorio atractivo. No porque no tenga necesidades, sino porque no tiene suficiente peso electoral para convertir esas necesidades en prioridad.
Y aquí se encuentra el núcleo del problema: la despoblación no solo es una consecuencia, sino también un factor que perpetúa el abandono.
Menos población implica menos poder político.
Menos poder político implica menos inversión.
Menos inversión implica más despoblación.
Es un círculo vicioso.
Una cuestión de coherencia
La crítica al modelo de financiación autonómica es legítima y necesaria. Pero para que sea creíble debe ir acompañada de coherencia.
No se puede exigir al Estado que tenga en cuenta la dispersión territorial mientras se gobierna internamente como si fuera un inconveniente. No se puede hablar de justicia sin practicarla. No se puede reclamar equidad y reproducir desigualdad.
Cuenca no necesita ser un símbolo retórico de la España vaciada. Necesita ser un territorio prioritario en la práctica.
Eso implica decisiones difíciles: invertir donde no es rentable, descentralizar donde resulta más cómodo centralizar, sostener servicios aunque no sean eficientes en términos estrictamente económicos.
Pero ese es el precio de la cohesión territorial. Todo lo demás son palabras.
Hablar de financiación autonómica es hablar de equidad territorial. De cómo se reparten los recursos en un país profundamente desigual. Pero también es hablar de coherencia. Porque ningún discurso hacia fuera puede sostenerse si las prácticas hacia dentro reproducen aquello que se critica.
Cuenca no es una excepción anecdótica dentro de Castilla-La Mancha: es su caso más extremo. Municipios como Huélamo, Beamud, Valdemeca, Campillos-Paravientos, Casas de Garcimolina, Algarra o Villar del Humo llevan décadas perdiendo población de forma constante. En muchos de ellos, el censo real en invierno apenas supera las varias decenas de habitantes. La edad media se sitúa muy por encima de la media regional. El relevo generacional es, en muchos casos, inexistente.
En este contexto, cada decisión administrativa pesa como una losa. El cierre de una escuela unitaria no es una reorganización educativa: es la desaparición del último incentivo para que una familia joven se quede. La reducción de horarios en un consultorio no es una optimización: es una condena a la dependencia. La eliminación de una línea de autobús no es eficiencia: es aislamiento.
Estas realidades, cotidianas para miles de conquenses, contrastan con la retórica oficial sobre la lucha contra la despoblación. Porque mientras se proclama la necesidad de proteger a los territorios más frágiles, en la práctica se los somete a una lógica de supervivencia mínima.
La despoblación no se combate solo con infraestructuras. Se combate, sobre todo, con servicios. Con presencia institucional. Con oportunidades. Y aquí el patrón vuelve a repetirse. Los nuevos organismos, centros administrativos, proyectos piloto, polos tecnológicos o programas estratégicos tienden a concentrarse en los mismos lugares. Esta concentración no es neutra: genera empleo estable, consumo, redes sociales, arraigo. Cuenca rara vez es elegida para estas iniciativas. No porque no lo necesite, sino porque no compensa políticamente.
Esta jerarquización silenciosa crea territorios de primera y de segunda. Los de primera reciben inversiones estructurales. Los de segunda reciben discursos. ¡Ya está bien! Repasen por favor nuestros representantes políticos los consejos de reestructuración orgánico-administrativa que desde hace tiempo vengo presentando en la sección de este blog titulada «Episodios provinciales», pues su corte pedagógico no es en absoluto banal, sino todo lo contrario.