En teoría, los impuestos son el precio de la civilización. En la práctica española, cada vez se parecen más al coste de una mala gestión sostenida en el tiempo. El problema no es pagar impuestos —ninguna sociedad avanzada funciona sin ellos—, sino cómo, a quién y para qué se pagan. Y ahí es donde el sistema tributario español deja de ser un instrumento de cohesión para convertirse en un mecanismo claramente depredador para millones de ciudadanos.
España no es un país con una presión fiscal extraordinariamente alta si se observa el dato agregado. Pero esa comparación es engañosa. Lo relevante no es cuánto se recauda, sino sobre quién recae realmente el esfuerzo fiscal. Y en España recae, de forma sistemática, sobre los mismos: trabajadores asalariados, autónomos y clases medias cada vez más estrechas.
El trabajo está exhaustivamente gravado. IRPF, cotizaciones sociales y retenciones hacen que el salario bruto y el salario neto pertenezcan a universos distintos. Para un trabajador medio, el Estado aparece antes incluso que él mismo en la nómina. La fiscalidad no acompaña al esfuerzo productivo: lo penaliza. Y lo hace con especial crudeza en un contexto de inflación, pérdida de poder adquisitivo y precarización estructural.
A esta presión directa se suma una dependencia creciente de los impuestos indirectos, especialmente el IVA. Se trata de impuestos que no distinguen entre quien llega justo a fin de mes y quien acumula patrimonio. Todos pagan lo mismo al consumir, pero no todos consumen con la misma holgura. El resultado es un sistema regresivo por diseño, donde quien menos tiene dedica proporcionalmente más recursos a sostener al Estado.
Mientras tanto, el tratamiento de las grandes rentas y patrimonios sigue envuelto en una complejidad que beneficia a quien puede permitirse navegarla. No se trata solo de fraude —que existe y es relevante—, sino de elusión fiscal legal, de estructuras societarias, deducciones, ingeniería financiera y deslocalización. El mensaje implícito es devastador: pagar impuestos es obligatorio… salvo que tengas medios para no hacerlo del todo.
La asimetría es evidente. El ciudadano medio cumple porque no puede no cumplir. Sus impuestos son automáticos, visibles y difíciles de esquivar. En cambio, quienes concentran mayor capacidad económica disponen de herramientas —legales o cuasi legales— para reducir su aportación efectiva. La igualdad ante la ley fiscal es más teórica que real.
Pero quizá el elemento más corrosivo no sea cuánto se paga, sino qué se recibe a cambio. La legitimidad del sistema tributario descansa en la percepción de contraprestación. Y esa percepción se está resquebrajando. Sanidad tensionada, listas de espera interminables, transporte público deteriorado, vivienda inaccesible, dependencia insuficiente, servicios públicos menguantes en amplias zonas del país. Todo ello mientras la recaudación marca récords históricos.
Cuando el Estado cobra más pero ofrece menos, el impuesto deja de ser una contribución solidaria y pasa a sentirse como una extracción forzosa. No es una cuestión ideológica, sino experiencial. El ciudadano compara lo que aporta con lo que recibe y concluye que el contrato social se ha desequilibrado peligrosamente.
Además, el sistema fiscal español ha adquirido una dimensión casi punitiva para quien intenta prosperar por su cuenta. Autónomos y pequeños empresarios soportan una presión fiscal y burocrática que desincentiva la iniciativa, penaliza el riesgo y castiga el crecimiento. No se grava tanto el éxito como el intento de alcanzarlo.
Todo ello configura un modelo que no fomenta la creación de riqueza, sino su redistribución imperfecta tras una recaudación agresiva. Un sistema que no amplía la base productiva, sino que exprime la existente. Y eso tiene consecuencias: economía sumergida persistente, fuga de talento, desafección cívica y una creciente percepción de injusticia.
Llamar “depredador” al sistema tributario español no es una exageración retórica. Es la descripción de un modelo que extrae sin cuidar, que cobra sin equilibrar, que exige sin responder. Un modelo que ha olvidado que la fiscalidad no es solo una herramienta de recaudación, sino un pacto de confianza entre el Estado y el ciudadano.
Reformar el sistema tributario no consiste en subir o bajar impuestos de forma aislada. Consiste en redistribuir el esfuerzo con justicia, simplificar las normas, cerrar vías de elusión, proteger el trabajo y garantizar que cada euro recaudado se traduzca en servicios públicos eficientes y visibles. Sin eso, cualquier subida fiscal, por muy bien intencionada que se presente, seguirá percibiéndose como lo que muchos ya sienten: un acto de depredación institucionalizada.