(Publicado en República de las ideas-Caffe Reggio, aquí)
A poco más de cuarenta y ocho horas de la constitución de los Ayuntamientos de toda España siguen, de forma acelerada dentro de una gran tensión y algo de confusionismo, las negociaciones entre los distintos partidos, a la espera de que, a partir del sábado, se terminen de cerrar los flecos para la formación de los gobiernos autónomos, el más complicado sigue siendo el de la Comunidad Valenciana, después de que se haya venido abajo la candidatura del alcalde Joan Ribó, perteneciente al sector ecologista de Compromís, el partido nacionalista que, tras haber obtenido el visto bueno de los socialistas para hacerse con la Alcaldía, reclaman también, la Presidencia de la Comunidad para Mónica Oltra.
De esta forma, lo que teóricamente, era un acuerdo de las “fuerzas progresistas” para terminar con la corrupción en la Comunidad Valenciana, a la cabeza de los mayores abusos, fraudes y dilapidación de dinero público de toda España, y llevar a cabo una auténtica regeneración política, se ha convertido en una lucha desgarrada y sin disimulo, por instalarse en el poder, sea como sea, olvidando incluso, la voluntad de los ciudadanos. El caso valenciano no beneficia en nada el clima de los pactos que, poco a poco, se están alcanzando en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, aunque hay todo tipo de suspicacias sobre los gobiernos tripartitos, cuatripartitos, e incluso, quintapartitos, a la luz de la experiencia de anteriores etapas en Cataluña y Baleares.
Como contrapeso a la situación valenciana, (en estos momentos Ciudadanos está intentando pactar con los socialistas la posibilidad de un alcalde, Fernando Giner, del partido de Rivera y un socialista, Ximo Puig, presidente de la Comunidad, a lo que se opone el PP, negándose a la abstención, en la que se ha llegado a proponer una especie de Gobierno a lo Monti, como en Italia, presidido por el candidato socialista Puig, e integrado por independientes y notables para formar parte del Gobierno autonómico y de las diferentes Consejerías. Como avance hay que citar los acuerdos a los que se ha llegado en Andalucía y en Madrid, donde Susana Díaz será investida presidenta este jueves, con el apoyo de Ciudadanos, y Cristina Cifuentes, que será presidenta de la Comunidad de Madrid, después de comprometerse a firmar el decálogo contra la corrupción impuesto por el partido de Albert Rivera y toda una serie de medidas para la regeneración de la política.
Lo único sorprendente es que los acuerdos en Andalucía y Madrid, han llegado en el peor momento, cuando en Andalucía se ha iniciado la segunda fase de la Operación Edu, con la detención de numerosos funcionarios de la Junta de Andalucía, que puede llegar al centenar, tras una primera fase en la que han sido los empresarios los implicados en el fraude de los cursos de formación para parados y, cuando en varios Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, se han reiniciado las detenciones de la llamada “Operación Púnica” uno de cuyos jefes era, nada más y nada menos, que el secretario general del PP madrileño Francisco Granados, el hombre de la total confianza de Esperanza Aguirre y que actualmente, permanece en prisión.
Este miércoles Albert Rivera, el artífice de los pactos en Andalucía con el PSOE, y en Madrid con el PP, ha demostrado cintura política, responsabilidad, coherencia y, también, porque ha rechazado entrar en ningún Gobierno, entre otras razones porque no quiere equivocarse de cara al verdadero reto de las elecciones generales, en las que ya habrá votantes que pidan responsabilidades por esos pactos y por sus resultados. Rivera que cree que su partido ha contribuido en solo unas semanas a la regeneración política y a la lucha contra la corrupción en Andalucía y en Madrid, que esa oposición que durante muchos años no ha dejado huellas de esos intentos de limpieza en la vida pública nacional.
Es más, las condiciones impuestas en lo que se refiere a medidas económicas, con la rebaja de impuestos, y con otro tipo de medidas que afectan a la reforma de la Ley electoral, a la eliminación de los aforamientos y a aspectos sociales como la dependencia, así como la introducción de la responsabilidad subsidiaria patrimonial de los partidos sobre la corrupción de sus miembros, y la separación de sus cargos a los imputados por corrupción política, es casi todo un programa político que tendrán que cumplirse en Andalucía y Madrid.