La presión fiscal en España alcanzó en 2023 el 37,3 % del PIB, superando la media de los países de la OCDE. La cifra, por sí sola, dice poco. Pero en territorios como Cuenca, donde la renta media apenas roza los 24.000 euros anuales y el tejido productivo depende de autónomos, pequeñas empresas y funcionarios, ese porcentaje se traduce en una sensación tangible: el esfuerzo de muchos supera con creces la recompensa que obtienen a cambio.
Mientras el Gobierno de Castilla-La Mancha asegura que la presión fiscal regional está “por debajo de la media nacional”, los datos de recaudación muestran otra realidad: más de 4.600 millones de euros ingresados en 2024, con aumentos notables en IRPF, IVA y Sociedades. En la provincia de Cuenca, la recaudación total superó los 244 millones, y la del IVA se triplicó en solo un año. Son cifras que, en teoría, evidencian dinamismo económico; en la práctica, esconden una economía provincial que respira con dificultad.
El autónomo conquense es un ejemplo paradigmático. En 2024 había 18.222 trabajadores por cuenta propia, un 1,67 % menos que el año anterior. Muchos de ellos han visto cómo la combinación de cuotas crecientes, inflación y burocracia erosiona sus márgenes hasta el límite. “Vender más no siempre significa ganar más”, repiten con resignación. Y tienen razón: cuando la fiscalidad crece más deprisa que la rentabilidad, la iniciativa privada se paraliza.
En el plano local, el IBI se ha convertido en el termómetro de la presión tributaria. Con un tipo del 0,6 % en la capital —y superior en municipios rurales—, este impuesto representa más del 60 % de los ingresos municipales. Cualquier actualización catastral o ajuste al alza impacta directamente en el bolsillo de las familias y propietarios, especialmente en un territorio con viviendas envejecidas y bajo valor de mercado.
Lo más preocupante, sin embargo, no son las cifras, sino sus consecuencias sociales. Cuenca pierde población activa y capacidad emprendedora; cada cierre de negocio o marcha de un joven cualificado deja tras de sí un hueco que difícilmente se llena. La fiscalidad, cuando se aplica sin tener en cuenta la capacidad real de pago, se convierte en un factor más de despoblación.
No se trata de promover una “rebaja general” sin control, sino de adaptar los impuestos a la realidad económica local. Bonificaciones selectivas del IBI, incentivos al emprendimiento rural, reducción de tasas para nuevos negocios y una ventanilla única fiscal serían pasos sensatos. No cuestan necesariamente más al Estado, pero alivian el día a día de quienes sostienen la economía provincial.
El problema no es pagar impuestos, sino no ver un retorno proporcional en servicios, oportunidades o infraestructuras. Los conquenses cumplen; lo que reclaman es reciprocidad. Si la política fiscal no se ajusta al pulso real de las provincias interiores, Cuenca seguirá siendo un espejo de la España que contribuye mucho y recibe poco.