La buena evolución del paro registrado en julio (descendió en 74.028 personas y deja los parados inscritos en 4.046.276) permite insistir al Gobierno de Rajoy en el supuesto círculo virtuoso que se estaría expandiendo desde el momento en que España salió de la recesión. Sin embargo, la trastienda del mercado laboral presenta al menos tres puntos muy oscuros sobre los que el Ejecutivo no sabe o no puede actuar. Se llaman parados jóvenes, parados de larga duración y parados mayores de 45 años. Estos puntos negros de la recuperación están agravados por la ausencia de políticas reales de empleo; y, junto con la precariedad de la contratación, constituyen una de las razones que puede romper las costuras del gasto social.

Con frecuencia se alude, y con razón, al drama que viven los jóvenes que no encuentran empleo. Muchos de ellos son además parados de larga duración; un reciente desarrollo de las estadísticas de la Encuesta de Población Activa demuestra que de los 5,6 millones de parados, uno de cada cuatro lleva tres años o más sin trabajo. No es necesario subrayar el grado de desmoralización, individual y social, que genera una permanencia prolongada en el desempleo; ni la pérdida de credibilidad de las instituciones que implica tal abandono.

Gran parte de los parados de larga duración se convierten en desempleados permanentes cuando rebasan los 40 años. A partir de esa edad, el asalariado se convierte en invisible para las empresas; deja de contar en las pruebas de selección y, según el análisis de muchas empresas de empleo, es probable que no vuelva a encontrar trabajo en el resto de su vida laboral.

Como en otros ámbitos de su responsabilidad económica, el Gobierno ha interpretado que la tarea de gestionar consiste en dejarse llevar por las estadísticas si son favorables y, con frecuencia, silenciar las desfavorables. Los resultados de esta confusión están a la vista: la concentración del paro entre los jóvenes y los mayores de 40 años genera un malestar que tiene consecuencias sociales y políticas. Además, la desatención a los detalles del mercado laboral constituye una amenaza grave a la estabilidad financiera de la Seguridad Social, como Hacienda está a punto de comprobar en sus propias carnes.

Porque si bien es cierto que el número de afiliados a la Seguridad Social aumenta, la precariedad de los salarios disminuye considerablemente las cotizaciones. Hay más empleo, pero la contratación precaria no consigue enjugar el déficit persistente del sistema desde 2011. La reforma de las pensiones, vendida como una de las grandes ‘reformas estructurales’, ha resultado, por sus efectos, un parcheo inocuo. La situación real es que en poco tiempo el Ejecutivo que salga de las elecciones se verá obligado a proponer una nueva reforma del sistema de pensiones y que, muy probablemente, parte de esa reforma implicará que el pago de algún tipo de pensiones (por ejemplo, las de viudedad) tenga que pagarse con cargo a Presupuestos. Esto significa que el empleo precario no puede sostener la recuperación y, además, socava las ya muy débiles cuentas públicas.