El cierre del tren exige responsabilidades: Cuenca no puede quedar al margen
La sociedad conquense demanda explicaciones a las instituciones que avalaron el desmantelamiento de la línea Madrid–Cuenca–Valencia.
Con el descrédito al que nos tiene acostumbrados el presidente actual de la Diputación Provincial de Cuenca, anunciaba anteayer esta corporación que se reunirá en el mes de septiembre con la Fundación del Ferrocarril para empezar a diseñar la transformación de las vías del tren en la capital conquense y en Tarancón. Álvaro Martínez Chana, confirma que es la actuación que «más retraso lleva» del Plan XCuenca en los terrenos de ADIF, «pero no la hemos olvidado».
Son palabras que le delatan, y, de por sí, lo ponen en el claustro que algunos comentaristas de la actualidad califican con la expresión de política de Mortadelo. La expresión “política de Mortadelo y Filemón” se utiliza en España para describir políticas caóticas, improvisadas, confusas o que parecen sacadas de una viñeta de cómic. En este caso, se sugiere que la decisión de clausurar el tren convencional fue tomada sin seriedad, de forma apresurada e incluso cómica, sin tener en cuenta consecuencias graves sobre la provincia.
¿Quién dijo que la política provincial no podía convertirse en una aventura de Ibáñez? En Cuenca lo hemos logrado: el cierre del tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia es, sin duda, nuestra historieta más lograda. Mortadelo estaría orgulloso. Filemón quizá no tanto, pero ¿a quién le importa el rigor cuando hay planes estratégicos con nombre de videojuego, como el flamante Plan XCuenca?
La jugada maestra consistió en vendernos que suprimir la línea ferroviaria más antigua de la provincia era modernidad pura. ¿Que nos quedamos sin tren? ¡Bah, detalles! Ahora tendremos autobuses, bicicletas y, con suerte, algún patinete eléctrico patrocinado por la Diputación. Total, ¿quién necesita cohesión territorial cuando se pueden plantar rotondas y zonas deportivas donde antes había raíles oxidados?
El presidente de la Diputación, tan discreto como Mortadelo disfrazado de ficus, firmó sin temblarle el pulso: la foto, la sonrisa, la consigna mágica de “vertebración del territorio”. Y todos contentos… salvo los pueblos, claro, que se quedaron vertebrados, pero por la columna rota.
El papel de la Diputación de Cuenca resulta central en este escenario. Su apoyo al plan ha sido interpretado por parte de la ciudadanía como un alineamiento con intereses externos a la provincia y ajenos a las necesidades reales de sus habitantes. Las voces críticas subrayan que, más allá de la justificación técnica, lo que está en juego es el modelo de desarrollo territorial: un futuro en el que Cuenca corre el riesgo de quedar relegada a la periferia, sin infraestructuras ferroviarias que conecten a sus municipios con el eje nacional.
Hoy, la pregunta es si la provincia ha ganado algo con esta operación. Lo cierto es que el tren convencional se halla pendiente de su vuelta y sujeto a varios procedimientos judiciales, con el resultado de que el vacío que deja tras de sí no se compensa con autobuses, carriles bici o promesas de regeneración urbana. Cuenca ha perdido la oportunidad de modernizar y dar brío socioeconómico a dicha infraestructura histórica y, con esto, una segregación desintegrada del eje inter-europeo de comunicación ferroviaria.
El debate, sin embargo, no debe cerrarse aquí. Lo que corresponde ahora es exigir claridad en la ejecución de los proyectos urbanísticos derivados del cierre, garantizar que no se conviertan en un escaparate de especulación y, sobre todo, abrir un diálogo real sobre las necesidades de movilidad y desarrollo de la provincia. Porque las decisiones que se toman desde las instituciones no son neutras: marcan el futuro de un territorio y el de sus habitantes. Y el de Cuenca no debería escribirse desde la resignación.
El llamado Plan XCuenca se presentó como una oportunidad de transformación, pero lo que ha dejado tras de sí es un territorio más aislado y una ciudadanía con la sensación de haber sido ignorada.
Durante años se repitió que la línea estaba infrautilizada, que su mantenimiento resultaba costoso y que el progreso pasaba por el autobús y la bicicleta. Sin embargo, los hechos desmienten esa narrativa. Allí donde el tren desaparece, desaparecen también oportunidades de desarrollo, y las alternativas planteadas difícilmente compensan la pérdida de una infraestructura estratégica.
La Diputación Provincial de Cuenca, junto al Ayuntamiento de la capital y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, respaldó la clausura con entusiasmo. Lo hicieron sin un debate público real, sin atender a la voz de los municipios afectados y sin explorar alternativas de modernización ferroviaria. El Ministerio de Transportes, primero bajo la dirección de José Luis Ábalos y más tarde con Isabel Pardo de Vera al frente de ADIF, ejecutó la operación con un guion bien definido: cerrar rápido y presentar el proyecto como un avance incuestionable.
Las consecuencias, sin embargo, las paga Cuenca. Los pueblos que pierden tren pierden también población, turismo y servicios. La “España vaciada” no se combate clausurando líneas, sino reforzándolas. Esa es la contradicción mayor: mientras Europa invierte en ferrocarril como motor de cohesión y sostenibilidad, aquí se dinamita una conexión histórica que integraba la provincia en el eje Madrid–Levante.
No basta con justificar el cierre con estadísticas de pasajeros. Es imprescindible aclarar qué intereses urbanísticos y económicos se esconden detrás del Plan XCuenca y quiénes se benefician de la conversión de los terrenos ferroviarios. El silencio institucional ya no es una opción: hace falta rendición de cuentas.
Por ello, es legítimo y necesario señalar responsables. El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, debe explicar por qué se plegó a un plan que ha debilitado a la provincia que representa. El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, tiene que dar la cara por su papel en la operación. Y el Gobierno central, que impulsó este proceso con una mezcla de opacidad y premura, debe asumir que las decisiones adoptadas desde los despachos han tenido un coste social incalculable.
Cuenca no puede aceptar este cierre como un capítulo cerrado. La provincia exige respuestas, exige responsabilidades y exige un compromiso real con su futuro. Porque lo que está en juego no es solo un tren: es la dignidad de un territorio que se niega a ser borrado del mapa.