El CGPJ arremete contra la «minoría» que secunda el paro del 18-F _ Toda la oposición pide que Bermejo vaya al congreso
(Publicado en ABC, aquí)
O el presidente del Gobierno no captó el mensaje de los jueces cuando su ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, vinculó las que entonces sólo eran amenazas de huelga al «caso Tirado» o directamente está lanzando el mensaje de que no hay nada que negociar. También en este punto las asociaciones judiciales coinciden en sus planteamientos: la referencia que ayer hizo José Luis Rodríguez Zapatero al juez de Sevilla no sólo está «fuera de lugar» sino que no contribuye a crear la «atmósfera de sosiego y responsabilidad necesaria» para abordar la problemática de la Administración de Justicia.
Como ya hizo el titular de Justicia, y en su momento también la vicepresidenta del Gobierno, el jefe del Ejecutivo sostuvo ayer en Zamora que la convocatoria de huelga por parte de la carrera judicial (las principales «plazas» decidieron en sus juntas del miércoles, adelantarla al 18 de febrero) «no parece el camino lógico» mientras esté abierto el diálogo con el Gobierno. A cuatro días de la reunión que Bermejo mantendrá con los representantes de las asociaciones el próximo lunes en el Ministerio, Zapatero volvió a sostener que las protestas judiciales se han producido después de la polémica sobre la sanción al juez Tirado.
«Yo no valoro las causas; lo único que sé son las secuencias de los tiempos, y los tiempos es que esto no había sucedido hasta que no hemos tenido el debate en torno a la responsabilidad del juez Tirado», sostuvo el presidente del Gobierno.
Este comentario ha dejado atónitos a los portavoces de la magistratura, que, en declaraciones a ABC, insistieron ayer en que pensaban que ya había quedado claro que sus reivindicaciones nada tienen que ver con eso, sino que se trata de poner fin a una situación que arrastra ya desde hace muchos años la Administración de Justicia. «Un político, y aún más, un presidente del Gobierno, tiene que ser el primero en dar ejemplo y serenar este tipo de situaciones. Hay que construir, no envenenar», señaló Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Declaraciones «preocupantes»
En la misma línea, Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), sostuvo que «con declaraciones como ésta no sé hasta qué punto se quiere volver a la negociación. Es preocupante». dijo.
Desde Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, Lorenzo del Río y Conrado Gallardo abundaron en la misma idea: «Esto sólo contribuye a seguir reavivando la falta de entendimiento. Nuestras reivindicaciones están totalmente desvinculadas de aquella sanción», aseguró el primero.
Entretanto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) arremetió ayer contra los jueces que en sus juntas del miércoles decidieron adelantar la huelga al día 18 de febrero (las principales capitales de España) y calificaron su postura de «precipitada». Además de encuadrar en una «minoría» a los profesionales que se han decantado por esta opción (entre los que figuran los jueces de Madrid -los que acumulan la mayor carga de trabajo de toda España-, tildaron su decisión de «medida de presión que puede dejar indefensos a los ciudadanos en su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva». En una supuesta «declaración institucional» -luego quedó rebajada a simple «comunicado»-, el órgano de gobierno de los jueces «lamenta» la decisión adoptada por esa «minoría» y asegura que es «difícilmente comprensible una postura tan drástica en esta etapa crucial de negociación (…)».
Fue la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, la encargada de leer este comunicado, que fue redactado tras «pulsar» el sentir de «algunos» vocales en la sede del Consejo y también «por teléfono»; eso sí, con el beneplácito del presidente, Carlos Dívar. Por la tarde se precisó que había sido adoptado por una comisión delegada.
Por otra parte, toda la oposición se ha unido en el Congreso de los Diputados para pedir que se reúna la Diputación Permanente y decida sobre la conveniencia de que comparezca el ministro Bermejo en relación con la huelga del 18-F.