(Publicado en ABC, aquí)
A Felipe González lo echaron del poder el tiempo y la soberbia, pero el hartazgo que ambos factores provocaban no cuajó hasta que se combinaron en la opinión pública con un triple escenario de paro, despilfarro y corrupción. La gente soportó el desempleo con estoicismo social, y se aguantó el derroche con la esperanza de que el país progresara, pero cuando a todo eso se le unió la evidencia de una gangrena que corrompía el Estado se produjo un cortocircuito político que achicharró al régimen felipista. Pues bien: de esos tres cables pelados capaces de electrocutar a un Gobierno cuando se juntan, el de Zapatero ha tardado la mitad de tiempo que el gonzalismo en pisar los dos primeros.
Y además le ha sucedido de forma simultánea, lo que acelera los tiempos de la temperatura crítica. El escandaloso dispendio institucional de Galicia y Cataluña, con sus coches tuneados, sus cristaleras «high tech» y sus sillas de 2.000 euros, se vuelve especialmente irrritante en medio de una coyuntura económica que produce 7.000 parados al día. El Gobierno es consciente de ello y por eso se apresura a construir fusibles que impidan el chispazo final capaz de hacer saltar el sistema. La estrategia consiste en exhibir escándalos de corrupción que salpiquen a su adversario.
Con una Fiscalía dispuesta a hacer un trabajo selectivo, no es difícil espigar episodios comprometidos en las autonomías, donde se ha refugiado la arbitrariedad del tráfico de favores y el abuso de poder. Lo que viene sucediendo es que el Ministerio Público actúa discrecionalmente con dos raseros y dos velocidades; una rápida y eficaz para los ámbitos gobernados por el PP y otra de ritmo lento y moroso para las tramas tejidas bajo responsabilidad socialista. Por desgracia el Estado autonómico ofrece en su variopinta estructura clientelar fisuras de todos los colores, pero no deja de ser curiosa la diligencia con que la iniciativa judicial se emplea en Baleares o Valencia mientras se vuelve espesa en Andalucía o Cataluña. Incluso en una misma comunidad como Madrid parece haber distinto criterio en la investigación de los presuntos mangazos de Boadilla y los de Ciempozuelos o Pinto, según a quien apunte la dirección de la sospecha. Demasiada reiteración para obedecer a la casualidad de lo aleatorio.
Claro que en esto no valen proporciones. El único grado de corrupción tolerable es cero; no basta con resultar menos corrupto que el de enfrente. En ese sentido, el PP va a tener problemas, porque un poquito de corrupción, aunque sea antigua, es mucha. Y el principal de esos problemas consiste en que mientras ardan sus propios cables no podrá unir la tríada con que quemar los del Gobierno.