Publicado en minutodigital.com, Redacción | ver aquí |
A Gómez de Liaño le correspondió por reparto, el 25 de febrero de 1997, investigar una denuncia que presentó el periodista Jaime Campmany contra el consejo de administración de Sogecable (presidido por Jesús Polanco y con Juan Luis Cebrián como consejero delegado, ambos máximos directivos del Grupo Prisa) y contra el socio en España de la empresa auditora Arthur Andersen. Poco después, el abogado Javier Sainz Moreno presentó una querella por los mismos hechos. Tras cenar con el fiscal en una reunión organizada por uno de los demandantes, D. Jaime Campmany, Liaño fué recusado y expulsado de la carrera judicial. Garzón, que debería haber decidido sobre la recusación se abstuvo alegando como justificación, que al margen de ese proceso judicial había tenido noticias (por parte del magistrado Joaquín Navarro y del profesor Jesús Neira) de que Gómez de Liaño había mantenido reuniones y encuentros con García Trevijano, el periodista Jaime Campmany, el juez Navarro y otras personas, en una especie de «confabulación» que perseguía mantener vivo el caso Sogecable el mayor tiempo posible e incluso llevar a la cárcel a algún querellado (en referencia al presidente de esta empresa, Jesús Polanco).
Sin embargo Garzón sigue conociendo de la llamada Operación «Gürtel», pese a que sus correrías cinegéticas con Bermejo y las continuas filtraciones procedentes de la causa que instruye aconsejarían, aunque fuera sólo por guardar las formas, que se apartase del caso.
Y es que Garzón atesora un largo historial de actuaciones judiciales de las que podría interpretarse que además de lo estrictamente jurídico, contienen una clara intencionalidad política o de protagonismo personal. No nos vamos a remontar a la época de los GAL. Basta recordar su decisión de acompasar al paso de la negociación del gobierno Zapatero con ETA la aplicación de la ley a los batasunos, siguiendo la doctrina de Pumpido de “mancharse la toga con el polvo del camino” y de su compinche de cacería Bermejo y aquello de “lo que la jugada aconseje”. ¿Y qué nos dicen sobre el caso del Bórico?, cuando Garzón quiso mantener su competencia frente a la jurisdicción ordinaria, pese a que hasta para un estudiante del primer curso de Derecho Procesal era meridiana su falta de atribuciones para instruir el asunto. Garzón se llevó un revolcón jurídico tras ser apartado del caso por el tribunal superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Como también acabó mal parado en su disparatada causa general contra el franquismo, calificada como tal hasta por el Ministerio Fiscal, y en la que dejó patente su parcialidad como juez, ya que en fechas anteriores había desestimado seguir procedimiento alguno contra Carrillo e investigar la matanza de Paracuellos.
Si una característica ha de reunir un juez es precisamente una independencia sin tacha ni sombra. Garzón nunca debió volver a la Audiencia Nacional tras su paso por política. Si su vocación es la judicatura su puesto habría estado en un anónimo juzgado de instancia (civil), ajeno a polémicas. Claro, que si su vocación es otra, lo que debería hacer es abandonar la carrera judicial y dedicarse a lo suyo, sea lo que sea.