El Ministerio de Trabajo urge a sindicatos y patronal a llegar a un acuerdo en el diálogo social antes de que finalice la próxima semana. Una de sus propuestas es 'poner a cero' el contador de las prestaciones por desempleo para los afectados por un ERE temporal de hasta 120 días.
Juande Portillo – Madrid – (Publicado en CincoDías.com, aquí)
Estamos entrando en el tiempo de descuento', advirtió ayer el ministro de Trabajo a los agentes sociales. Celestino Corbacho les conmina a llegar pronto a un acuerdo en el marco del diálogo social. La recesión económica y la dramática tasa de paro requieren de medidas concretas e inmediatas, y el ministro sabe que aunque no haya acuerdo habrá que tomar una decisión. 'Buscamos un consenso razonable', avanzó, 'pero el proceso no puede ser eterno y medidas habrá'. Por eso, su ministerio envío a comienzos de mes un documento, dirigido a patronal y sindicatos, en el que proponía una serie de actuaciones que aún se están negociando. Pero el plazo se agota y el ministro cuenta con lograr un pacto 'esta semana o la siguiente'.
Dentro del paquete de propuestas ministeriales destaca la de 'poner a cero el contador' de las prestaciones sociales de los trabajadores afectados por un ERE temporal. La horquilla que se maneja en la negociación está entre 90 y 120 días, pero Corbacho es partidario de establecer la cifra máxima. Así se ha estipulado en el plan de automoción, y el ministro aseguró ayer que lo más 'razonable' sería usar la misma para todos. Así, un trabajador que tras 90 días de suspensión -en los que cobra prestaciones- vea extinguido su contrato, no vería disminuida la prestación por desempleo a la que tenga derecho. Si pasa suspendido 130 días sólo se le restarían de las ayudas que le correspondan los 10 días que sobrepasan el margen. El ministerio estima que hacerlo costaría de entre 255 a 319 millones de euros.
Por otra parte, plantea ofrecer a las empresas la bonificación de un 50% de las cuotas que pagan a la Seguridad Social -excluyendo la incapacidad temporal- por los trabajadores suspendidos, siempre que la compañía se comprometa a mantener sus puestos, al menos, un año después de la suspensión. Aunque no concretó el coste, el documento ministerial lo tasa en 134 millones de euros.
Corbacho es optimista en cuanto a la recepción de estas dos propuestas. Con ellas busca conservar puestos de empleo, y resolver uno de los asuntos que más le preocupan: evitar el cierre de más empresas. A tal fin, propone a los agentes sociales una doble medida que compense a unos y a otros al acometer expedientes de regulación temporales.
Aunque el resto de propuestas gozan de desigual fortuna en la mesa de diálogo laboral, Corbacho subrayó ayer tres líneas de trabajo prioritarias e irrenunciables sobre las que el acuerdo debe ser inmediato: garantizar las prestaciones por desempleo, rebajar los costes sociales y facilitar la financiación a las empresas, e incentivar la contratación.
A la primera de ellas le obliga la ley. A no ser que el Gobierno socialista decida recortar la cobertura, el Estado deberá pagar hasta dos años por desempleo a los parados que hayan cotizado seis años. El documento enviado a los agentes sociales estima que exigirá invertir 10.000 millones de euros más en 2009.
El 60% de los trabajadores se mudaría por un empleo
La crisis está reduciendo las exigencias de los trabajadores a la hora de aceptar un empleo. Así, según un estudio del grupo Randstad de trabajo temporal, seis de cada diez trabajadores estaría ahora dispuesto a cambiar de residencia para conseguir una ocupación. Hace sólo un año, cuando la crisis aún no había golpeado la economía española, no llegaban a tres de cada diez, los trabajadores dispuestos a aceptar movilidad geográfica a cambio de un empleo. La disponibilidad de los extranjeros (el 73% cambiaría de ciudad) es mayor que la de los españoles (56%).
El estudio, realizado sobre 1.455 personas -casi todas desempleadas- de toda España, revela que la edad resulta determinante. Los más dispuestos al cambio son aquellos de entre 16 y 44 años. La Encuesta de Población Activa dejó de recoger esta pregunta en 2004, pero los últimos datos también demostraban que cerca del 70% de los trabajadores no estaba dispuesto a cambiar de residencia, como antes de la crisis, informa Raquel Pascual.