¿Están los países que suscribieron el Pacto de Kyoto, entre ellos España, en condiciones de sacar pecho y de atribuirse los méritos de que, durante el 2008, las emisiones en el sector eléctrico se redujeran un 17%? Es curioso como un artículo, aparecido en un rotativo de Catalunya, su autor se congratula de la baja del consumo de carbón y petróleo durante el año pasado, felicitándose del menor impacto ambiental registrado en dicho ejercicio, cuando todos sabemos que, si esto ha ocurrido, no ha sido debido a las medidas implantadas por el Gobierno, ni por una repentina concienciación de las empresas o los conductores de coches de la necesidad de reducir sus emisiones tóxicas; sino, más bien, a la recesión económica que ha ralentizado el consumo de ambos combustibles a costa, por supuesto, de no pocos puestos de trabajo perdidos y no menos tropiezos empresariales registrados, durante el pasado año, que han contribuido a aumentar, de forma más que preocupante, las listas del desempleo y el cementerio de empresas enviadas al desguace a consecuencia de la recesión que nos está afectando a todos. Es muy fácil decir que se ha reducido la contaminación, cuando todos sabemos que se han vendido menos coches, que la gente usa menos su vehículo y que las salidas de las familias, en los días de ocio, han sufrido una variación fundamental en cuanto a la reducción de la distancia a la que se desplazan, para así ahorrar combustible y evitar pagar los peajes de las autopistas.
Es evidente que tomar como ejemplo de los progresos contra el calentamiento climático, lo ocurrido durante el 2008, no tiene otra base científica que el espectacular descenso de la actividad industrial en todo el planeta, desde el gigante EE.UU a la no menos y espectacular República China que, no obstante su impresionante despegue económico de los años pasados, ha acabado cediendo a los efectos de la recesión; hasta el punto de que, en la actualidad, está pasando por unos momentos de incertidumbre y preocupación respecto a su futuro. Cuando los procedimientos para la implantación de otras energías renovables, como pudieran ser la eólica o la solar, apenas han comenzado a despuntar y representan un tanto por ciento ridículo en relación a su coste y a la totalidad de la producción nacional de energía, el considerarlas un elemento importante en la disminución de las emisiones tóxicas en España no deja de ser una voluntariedad que no se sostiene de ninguna manera. Por otra parte, no parece que el camino que ha emprendido Europa, al menos las naciones más industrializadas de la CE –como pudieran ser Alemania y Francia y, últimamente, la Italia de Berlusconi – parece que, más bien, han apostado por la energía más barata y más limpia que es la nuclear, que tiene un valor añadido que es el permitir una producción mucho más sostenida y una potencia mayor que el resto de centrales térmicas, hidráulicas, eólicas y solares que dependen de factores como las horas de insolación o los caudales de los ríos.
Pero hay algo sobre lo que deseo manifestarme. Si realmente queremos concienciarnos para luchar contra el tan cacareado “cambio climático”, si continuamos pretendiendo atribuirnos a la humanidad el ser los causantes de algo que ni se ha demostrado ni se puede negar la posibilidad de que sólo se trate de uno de los fenómenos naturales que afectan al globo terráqueo después de una etapa geológica determinada, en función de su propia dinámica; entonces, deberemos reconocer que no tiene pies ni cabeza que el hecho de poder contaminar, más o menos, esté en relación a la posibilidad de “comprar” cupos de contaminación que, al parecer deben ser de distinta ralea que los que habitualmente producimos. Porque, señores, el tener la posibilidad de cambiar contaminación por los famosos “derechos de emisión”, no es más que una burda engañifa destinada a favorecer a los países más contaminantes, más ricos y con mayor poder, a costa de otros que no podrán permitirse tales dispendios. Para poner un ejemplo, es como si un fumador rico se pudiera permitir, pagando una cuota, fumar en un hospital o en un restaurante en el que estuviera terminantemente prohibido el hacerlo. Al parecer, si un país financia inversiones anticontaminantes, pongamos por ejemplo, en el Congo, podrá obtener una magnífico “certificado” de la ONU que le permitirá tapar el exceso de CO2 que emitan los coches, las fábricas o las centrales eléctricas del país inversor. Me pregunto, ¿este “certificado” servirá para impedir que los ciudadanos españoles respiren la contaminación de nuestras calles? Veamos si nos aclaramos: nosotros financiamos medidas para que los “negritos” del Congo –un lugar, sin duda, donde circulan menos coches y hay menos industrias contaminantes –, respiren mejor y eviten padecer de cáncer a causa de la contaminación; para que, a cambio, en España, podamos contaminar más, intoxicarnos con más rapidez y padecer de cáncer de pulmón con mayor frecuencia, ¿hay quien pueda explicar semejante insensatez? Entonces, de lo que, al parecer, se trata es de favorecer que la industria española tenga patente de corso para poder contaminar más, aunque de ello se derive un problema de salud para los ciudadanos. ¡Magnífico ejemplo de la preocupación del Gobierno por la salud de los españoles! Y, de paso ¡extraordinario medio de ahorro para el país cuando los servicios sanitarios queden saturados de enfermos de pulmón!
Lo curioso es que parece que, en Europa, los vendedores de cuotas de contaminación van a ser, especialmente, los países del Este que, quizá por la pobreza que vienen arrastrando de la etapa en la que estaban sojuzgados por Rusia, contaminan menos y se pueden permitir hacer negocio a costa de su aire limpio de CO2. El articulista se muestra muy ufano e ilusionado con la posibilidad de que España cubra su excedente de CO2, o sea, superar el 37% de aumento permitido hasta el 2010 (¡casi nada!) que según sus datos, que no pongo en duda, se cifra en 289 millones de toneladas de CO en cinco años (2008 a 2012), por el sistema indicado anteriormente lo que, naturalmente, implica que la población española deberá soportar dicha cantidad ingente de polución para que la industria nacional pueda, impunemente, continuar lanzando gases mortales a la atmósfera. Yo me temo que todo este tinglado debe estar relacionado con los proyectos del señor ministro de Sanidad, señor Soria, para acelerar el proceso de aplicación de un método rápido de eutanasia masiva, aplicable a los viejos (ellos serán los principales afectados por las enfermedades pulmonares); con lo cual es probable que logre una importante disminución de los enfermos que en la actualidad saturan los centros de asistencia de la Seguridad Social. ¡Vayan ustedes a saber si consigue su propósito! Por si acaso, les recomiendo abundantes excursiones al campo y utilizar estas antiestéticas caretas que tan comunes han llegado a ser en las calles de las grandes ciudades japonesas. A grandes males grandes remedios.
Miguel Massanet Bosch