- La formación ha revocado más de 1.000 afiliaciones en el último año y cambia su organización para evitar la aparición de barones territoriales
Albert Rivera, en una imagen de archivo. / EFE
Ciudadanos ha revocado o impedido la afiliación de más de 1.000 personas desde las elecciones europeas de 2014, ha expulsado a más de una decena de concejales por no acatar las directrices de su Comité de pactos, y está reorganizando sus delegaciones regionales. Esas decisiones tienen tres puntos en común: la dirección quiere evitar la aparición de voces discordantes, protegerse contra el nacimiento de barones territoriales y la llegada de arribistas, y asegurarse el control del discurso.
“A Ciudadanos puede afiliarse todo el mundo, pero no todos tienen cabida”, explica Fran Hervías, secretario de organización del partido, que estos días afronta tensiones internas que podrían derivar en acciones disciplinarias en la agrupación de Galicia. “Ante la posible expansión nacional del partido y siendo conscientes de la posibilidad de arribistas y oportunistas, hace años que nos dotamos de una serie de mecanismos de control para evitar que personas que anteponen sus intereses personales a los colectivos nos pudiesen utilizar”, argumenta. “Así, una persona no pasa a ser un afiliado de pleno derecho hasta pasar los seis meses de militancia y tenemos un reglamento disciplinario claro. Cuando localizamos una persona tóxica o un oportunista, se revoca su afiliación durante los primeros meses”, cuenta. “Casi la totalidad de ellos [han sido expulsados] por dañar la imagen pública del partido o la de alguno de sus afiliados, así como por ir en contra de los acuerdos democráticamente adoptados por los órganos del partido”.
Con más de 25.000 afiliados y 100.000 simpatizantes y con más de 1.500 concejales, 74 diputados autonómicos y dos eurodiputados, hemos de adaptar la estructura a la realidad
(Fran Hervías, secretario de organización)
A finales de junio, Pablo Echenique y otros dirigentes de Podemos firmaron un manifiesto en el que criticaban la deriva del partido y pedía una mayor apertura. La polémica no pasó desapercibida entre los dirigentes de Ciudadanos, que vieron en ese ejemplo una nueva razón para cribar la incorporación de afiliados y afinar los mecanismos internos para aplacar a los críticos. Un ejemplo: cuando la dirección supo que había quejas por la elaboración de las listas para las elecciones municipales y autonómicas se puso en contacto con la Casa de la Moneda para que certificara y controlara el sistema telemático con el que se ha votado en primarias a los candidatos para las generales y las catalanas.
El partido está ahora en plena transformación de su estructura territorial. Un coordinador, un portavoz y un delegado territorial compartirán el poder en cada Comunidad y tendrán representación en el Comité territorial autonómico. El objetivo, según fuentes consultadas, es evitar la aparición de barones territoriales y mantener el control del discurso centralizado en la Ejecutiva, desde donde se nombrará al portavoz y al delegado. Al mismo tiempo, grandes agrupaciones, como la de Madrid, Sevilla, Valencia o Zaragoza, han sido subdivididas.
“Con más de 25.000 afiliados y 100.000 simpatizantes y con más de 1.500 concejales, 74 diputados autonómicos y dos eurodiputados, hemos de adaptar la estructura a la realidad”, dice Hervías sobre los cambios en un partido que ha pasado de estrictamente catalán a nacional en unos pocos meses. “La estructura territorial de Ciudadanos se aleja de la de los viejos partidos, ya que no hay direcciones autonómicas autónomas, si no que toda la estructura territorial debe ejecutar y llevar a cabo las directrices aprobadas por los órganos centrales de gobierno. Eso nos permite dotarnos de una mayor coherencia y cohesión”.