(Publicado en ABC, aquí)
UN par de tipos que probablemente considerarán un disparate el precio del traspaso de Cristiano Ronaldo se reunieron el otro día en una taberna de Madrid para regalarles a las cajas noventa mil millones de euros. Acodados en la barra, ellos dicen que para tomar un poleo, los señores Granados y Montoro, portavoces económicos del PSOE y el PP, urdieron en un plisplás un acuerdo para acudir con fondos públicos al rescate del desastre en que sus manirrotos colegas han sumido al sector financiero español, antes conocido como el más sólido del mundo. Al menos Florentino Pérez va a pagar a su estrella con dinero de los socios del Real Madrid; en cambio el agujero de las entidades de ahorro lo vamos a sufragar a escote entre todos los españoles, y va a costar hasta mil veces más. Aunque lo más irritante son las formas; a estas alturas nadie duda de la necesidad de sostener el sistema para que no se desplome, pero al menos que se guarde un cierto respeto institucional. Los símbolos tienen en política más importancia de la que les otorga nuestra clase dirigente; no se puede cerrar un pacto de este calibre en una tasca.
Claro que peor fue lo del día siguiente a la cumbre tabernaria: el PP anunció con máxima solemnidad un acuerdo con Comisiones Obreras para repartirse el control de Cajamadrid, cuyo futuro presidente será designado por Mariano Rajoy en persona. El compromiso resulta sin duda muy importante para la cohesión del partido, toda vez que viene a zanjar ciertos conflictos internos y deposita en su líder una prerrogativa pretendida por Esperanza Aguirre, pero choca de frente con su razonable discurso sobre la despolitización de las cajas: al final, prevalecen los intereses de casta y nadie está dispuesto a renunciar al control del aparato financiero. Los dirigentes peperos se agarran al argumento de que mientras la ley sea la que es están de su derecho de aplicarla, pero de un partido que aspira a regenerar vicios adquiridos cabría esperar que empiece a comportarse de un modo diferente al que pretende cambiar.
El espectáculo de las cajas, muchas de las cuales están en quiebra disimulada, constituye un escándalo que retrata la degradación del sistema. Los partidos que las tomaron al asalto para subordinarlas a los poderes autonómicos son incapaces de arbitrar una regeneración en la que tendrían que hacerse el harakiri. La única solución que se les ocurre es acordar un rescate multimillonario con el que se cuidarán de poner en la picota a los responsables del fracaso. Les une la solidaridad corporativa, porque están todos involucrados: socialistas, populares, nacionalistas y hasta los sindicatos. Todos han metido las manos en un negocio que desconocían, y ahora nos las van a meter en los ciudadanos en la cartera. Esto se veía venir, pero no que el atraco lo urdiesen en una taberna.