(Publicado en ABC-Editorial, aquí)
RODRÍGUEZ Zapatero, quien ayer se permitió el lujo de afirmar que el nuevo modelo de financiación configura el auténtico Estado de las autonomías, identifica la política con una operación permanente de imagen, de tal manera que su objetivo consiste siempre en «vender» un producto mediático sin que los ciudadanos sepan con claridad cuál es su contenido. Esta vez se trata de la financiación autonómica, un acuerdo injusto a todas luces que altera sin reparos el principio constitucional de solidaridad para beneficio exclusivo del PSOE y sus necesidades coyunturales de apoyos parlamentarios. Después de sacar adelante la negociación inicial, todo se traduce en abrazos, parabienes e imágenes optimistas de cara a la galería, como refleja la reunión que mantuvo ayer Zapatero con los «barones» regionales. La satisfacción del tripartito catalán tiene cierta lógica, al menos desde una perspectiva particularista, y lo mismo cabe decir -en otro nivel- del socialismo andaluz, oportunamente utilizado para que Manuel Chaves reciba un apoyo político del que anda muy escaso en los últimos tiempos. En cuanto a los demás «barones» territoriales del PSOE, es evidente que hay mucha sonrisa desganada y muchos abrazos de compromiso porque todos ellos son conscientes de que su región se sitúa a la hora de la verdad en el bando de los perdedores. Ferraz acusa a los populares de centralismo y sumisión a los criterios del aparato de Génova, pero antes de hablar algunos líderes deberían mirar en su propia casa y escuchar lo que se dice por los pasillos sobre la «generosidad» del presidente del Gobierno hacia los compañeros y socios catalanes.
El ridículo debate sobre una imaginaria «catalanofobia» y otras fobias regionales refleja el absurdo que supone esta especie de guerra de todos contra todos desatada por Zapatero y cuyo origen directo e inmediato es la financiación privilegiada que establece el Estatuto catalán. Mientras tanto, la vicepresidenta Elena Salgado ha intentado negociar hasta el final con las comunidades gobernadas por el PP en un esfuerzo por abrir una brecha en el mensaje conjunto de todos sus líderes a cambio de ventajas particulares. El interés general es algo más que la yuxtaposición del interés egoísta de unos y de otros, porque exige que los problemas se enfoquen con sentido de Estado y al servicio de todos los ciudadanos. No es éste el caso, como es notorio, porque aquí prima el egoísmo de unos y el oportunismo de otros, por mucho que luego los «barones» socialistas hayan cerrado filas para aparentar en público una satisfacción que no es unánime ni mucho menos.
Mientras llega la sentencia del Tribunal Constitucional -ya superada, a estas alturas, por el desarrollo estatutario- se consolidan los efectos de la mutación del modelo territorial. El presidente del Gobierno ha eludido la reforma formal de la Constitución, pero este sistema de financiación autonómica quiebra las reglas que sustentan un Estado basado en los principios de unidad y autonomía, donde no hay lugar para el ventajismo insolidario. Las reuniones autocomplacientes y las declaraciones a mayor gloria del líder, sólo reflejan la debilidad de unos dirigentes regionales que son incapaces de plantar cara a sus jefes en Ferraz y en La Moncloa. Es probable que lleguen nuevas ofertas particularistas en los próximos días para abrir brecha en la respuesta homogénea de los populares. Frente a ello, es imprescindible que el PP mantenga la defensa sin fisuras de la Constitución y su modelo territorial.