Alarma social ante la Ley del Menor

Aver, ¿dónde están los paladines del pensamiento políticamente correcto, los arúspices de la ortodoxia igualitarista, los intérpretes del buenismo que iluminen la perplejidad colectiva ante las violaciones múltiples de Baena o Isla Cristina? ¿Qué dice el manual del buen progre cuando el espíritu rousseauniano de la Ley del Menor se contradice con la doctrina represiva de la de Violencia de Género? ¿Es justo que prevalezca en un hecho tan odioso la tutela reinsercionista que protege a los violadores por su edad frente al manifiesto abuso sexual de una repugnante agresión machista? ¿Qué deben de pensar ante un episodio tan brutal los ciudadanos que aspiren al nirvana de la perfección moral socialdemócrata? ¿Justifica la crueldad contra una muchacha indefensa un paréntesis hobbesiano y reactivo de la justicia comprensiva? Digan algo pronto las ministras y consejeras de Igualdad, emitan los juristas y maestros pensantes de la sociedad líquida una referencia epistemológica que nos aclare esta contradictoria zozobra. Si el zapaterismo ha construido un marco legal para encerrar tirando la llave a los agresores masculinos de mujeres indefensas, ¿qué pasa cuando esas alimañas se amparan en la inmunidad de una norma que los considera penalmente irresponsables?

Sí, ya, se puede culpar a la sociedad en abstracto. A la banalización de la violencia, a la desintegración estructural y familiar, a la marginación social y al fracaso educativo. Se puede entonar una palinodia general con rasgamiento de vestiduras, pero la grieta sigue ahí: existe una ley de gran firmeza represora contra los bárbaros que maltratan a las mujeres, y otra que atenúa o disuelve sus responsabilidades en atención a una edad que sin embargo no les impide cometer actos de maldad horripilante y escabrosa. Siete muchachos que violan por turnos a una deficiente mental, ¿constituyen o no constituyen un flagrante supuesto de violencia de género? Y si lo constituyen, ¿merecen un castigo consecuente o hay que acogerlos bajo el complaciente manto moral del buen salvaje?

Sucede que pedir la reforma de la Ley del Menor, por cuyos resquicios de inimputabilidad se cuelan a menudo delitos execrables, representa una posición doctrinal autoritaria incompatible con la modernidad buenista que inspira el pensamiento dominante. Está mal visto, no queda presentable. Pero el silencio piadoso rechina ante la creciente alarma social; urge un argumento, una consigna, una respuesta. Podrían los gobernantes aplicar la sugerencia de Joaquín Leguina sobre el aborto de las menores, esto es, preguntar a los padres que votan socialista, aunque tiene sus riesgos porque hay ocasiones en que la realidad es muy impertinente. Así que… ¡Ya está! La Ley del Menor se aprobó en tiempos de Aznar, y por tanto suya es la culpa de esta quiebra. El republicanismo cívico está a salvo; cómo no se habrán dado cuenta antes.