¿Qué es lo que ha fallado para que en menos de una semana 13 chavales menores de edad violen a dos niñas, una de 13 años y otra de 12 y con una deficiencia psíquica?, ¿la educación?, ¿la disciplina?, ¿la familia?, ¿el colegio?, ¿la Ley del Menor?, ¿todo?…

Estas preguntas asaltan estos días la conciencia de la sociedad española. Una cuestión que, inevitablemente, reabre una vieja polémica y que sitúa bajo sospecha una controvertida Ley del Menor.

No imputables con 13 años

Una norma que establece que la mayoría de edad penal en España se sitúa en los 18 años; que recoge que los menores de esa edad no serán responsables criminalmente (jamás irán a la cárcel); que detalla que a partir de los 14 se pueden aplicar medidas correctoras que como mucho les podría conducir a centros de internamiento y que considera que todos los que no lleguen a los 14 quedan exentos de cualquier responsabilidad por lo que se deberán buscar para ellos soluciones en el ámbito educativo y familiar.

Una ley que ha permitido que el «Rafita», que a los 14 años lideró el rapto y violación de Sandra Palo a la que luego él y sus amigos atropellaron y quemaron viva, se encuentre ya en libertad tras cuatro de años internado. Una legislación que apenas rozará al «Cuco», acusado a sus 15 años de violar y asesinar a Marta del Castillo, en colaboración con Miguel Carcaño. Una situación que ha redibujado el mapa de la delincuencia en nuestro país, hasta el punto de que casi todas las bandas organizadas tienen en «plantilla» a algún menor para que sea él quien cargue con las consecuencias penales de las acciones más graves…

Una realidad legal que destapa el debate sobre la necesidad de reformar la ley del menor. En este sentido, el PP, por medio de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, comunicó que su partido tiene ya preparada una «reforma de la ley». Será presentada en el Congreso en septiembre y perseguirá «endurecer las condiciones para los menores que cometen delitos». Entiende Cospedal que es «necesario cambiarla porque existe una ley que protege a los menores que cometen actos delictivos, pero no existe una normativa que proteja a los menores o personas adultas víctimas de delitos cometidos por menores». Y apuntó que la propuesta del PP incluirá la aplicación de medidas para los menores de 14 años que cometan delitos graves.

La réplica desde el PSOE la aportó su secretaria de organización, Leire Pajín, que no fue excesivamente clara. Por un lado se mostró abierta a debatir sobre la hipotética reforma de la ley, pero, inmediatamente, advirtió: «nuestra posición es bien conocida y preferimos legislar de una forma responsable, no dejándonos llevar por casos concretos». Añadió que en el debate habría que implicar «a todos, tanto a la sociedad como a los poderes públicos».

Desde el Gobierno, el ministro de Educación prefirió señalar a una «crisis de valores». Invitó por ello a «reflexionar sobre qué ocurre en una sociedad donde los menores tienen los valores tan dislocados como para cometer atropellos como la violación de una niña». Y apuntó que la educación de los niños es «corresponsabilidad» de toda la sociedad, incluyendo «las familias, los colegios, los medios de comunicación y aquellos que ostentan el poder político».

Como Gabilondo, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, insistió en que existe «una verdadera crisis de valores. Lo ocurrido es un síntoma de una enfermedad, de que algo está fallando, o de que en algo estamos fallando».