Rosa Díez, Portavoz de UPyD (Publicado en UPyD, aquí)
La AUGC prepara movilizaciones si Interior no mejora ya las deficiencias de seguridad en la Guardia Civil. En una entrevista en "La Mañana", el secretario de esta asociación denuncia que "llevamos 30 años sin rechistar pero no podemos mantener al cuerpo en una situación que parece tercermundista".
Lo venimos diciendo desde que llegamos al Congreso de los Diputados. Tienen razón: es una situación insostenible. Y no hay ningún tipo de justificación (ni presupuetaria, ni competencial, ni ninguna otra) para que las cosas sigan como están. Es inaplazable que obliguemos al Gobierno a colocar esta cuestión en la primera linea de las prioridades. Lo haremos.

Desde Costa Rica, con esta expresión de determinación absoluta ( de mala leche, según se mire), la Vicepresidenta anuncia que ha dado instrucciones al Fiscal General del Gobierno para que recurra la decisión del TSJPV sobre Camps y el resto de altos cargos del PP valenciano. Como ven, la Vicepresidenta Primera del Gobierno de Rodríguez Zapatero, no pierde ripio; no le frena ni la diferencia horaria. Lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero para el Gobierno Zapatero? Perseguir a la oposición, naturalmente. ¿Y lo segundo? Que quede claro quien manda. Por eso a la Vicepresidenta no le duelen prendas en dejar en evidencia al Fiscal Conde Pumpido. Al fin y al cabo éste ya tiene costumbre de actuar con absuluta falta de respeto a su cargo; recuerden la época de la negociación con ETA: "¿Esto ya lo sabe Conde Pumpido"?, diría Otegui. O, "La Ley de Partidos no puede ser un Guantánamo electoral", diría el propio Fiscal para permitir a ETA volver a las instituciones.
Este Gobierno ha perdido hasta la vergüenza. La vergüenza de disimular, al menos. La confusión entre partido y Gobierno es absoluta para todos los dirigentes del PSOE. Ya no les importa que resulte evidente que los órganos de la justicia que dependen de la mayoría parlamentaria del PSOE o del nombramiento del Ejecutivo están al servicio de sus intereses partidarios, que no al servicio del interés general que debiera ser el del Gobierno. Una vez más queda de manifiesto que la reforma más urgente que necesita España es la de la Justicia. Una Justicia independiente, no sometida al poder de los partidos políticos ( ni del uno ni del otro, recuerden que ambos dos (con apoyo de los nacionalistas que se llevaron su guinda en la tarta), que actúe con eficacia, independencia y celeridad. Una justicia independiente que aplique las leyes a todos por igual.
Mientras los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por cupos pactados entre los partidos políticos, no habrá justicia independiente. Mientras el Fiscal General del Estado sea designado por el Ejecutivo (de facto, así es), no habrá Justicia independiente. Mientras el Tribunal Constitucional sea elegido por cupos partidarios, en número par, tal y como determina actualmente la Constitución, no habrá Justicia independiente. Mientras no haya una Justicia independiente y no esté garantizada la separación de poderes, España no podrá ser considerada una verdadera democracia. Esto es lo que hay. Y este es nuestro drama.