Rosa Díez, Portavoz de UPyD (Publicado en UPyD, aquí)
Hemos dicho muchas veces que el principal problema de nuestro país es la Justicia; es decir, la ausencia de una Justicia independiente. De hecho, la reforma de la Justicia es uno de los grandes objetivos de Unión Progreso y Democracia, una de las razones de nuestro nacimiento. Sin justicia independiente no hay democracia. ¿Hay alguien que pueda afirmar, si no es para justificar su última fechoría política, que la Justicia es independiente en España? Un país en el que los vocales del Consejo General del Poder Judicial son nombrados por cuotas acordadas entre los partidos políticos; un país en el que el Fiscal General del Estado es, de facto, un Fiscal General que actúa a las órdenes del Gobierno de turno; un país en el Tribunal Constitucional está sometido, por mor de su sistema de nombramientos, al poder político de turno, es un país en el que no existe separación de poderes. Todo eso (y más) es lo que ocurre en España. Por eso se puede afirmar (con vergüenza pero con total fidelidad a la verdad) que en España no existe una Justicia independiente. Y si no hay Justicia independiente, no hay democracia.
Determinados jueces y fiscales hacen adaptaciones de la ley a conveniencia del poder; recuerden la bochornosa actuación de algunos de ellos durante el período en el que Rodríguez Zapatero decidió negociar políticamente con ETA; el Fiscal General del estado argumentaba que los jueces deben mancharse la togas con el polvo del camino:; o sea, embarrarse y chapucear la ley, doblegarla, para darle la razón al Gobierno Zapatero, empeñado en tratar a ETA como si fuera una organización política; el mismo Juez que había argumentado jurídicamente ( y había conseguido que los más altos tribunales lo dieran por probado) que la izquierda abertzale y ETA eran la misma cosa argumentó lo contrario para permitir al Gobierno sentarse con la banda y a ésta celebrar mítines, asambleas, congresos, ruedas de prensa, etc… Las manifestaciones que determinados jueces declaraban legales hace un año, hoy son declaradas ilegales por los mismos magistrados. Los carteles con fotos de terroristas que hace un año no se podían retirar, hoy se destruyen sin ningún tipo de problema y siguiendo las instrucciones judiciales otrora imposibles de obtener. El terrorista trasladado hace un par de años a un balneario de San Sebastián para poder recuperarse de su estrés carcelario, ese al que acompañaba la novia a paseos fuera del hospital protegido por dos agentes de la policía autonómica, hoy ha vivir en Irlanda para no ir a la cárcel en España. Los mismos jueces y fiscales que argumentaban el derecho del criminal convicto y confeso a pasear por las calles vascas le meterían hoy a la cárcel si volviera.
Todo esto ocurre en el mismo país, con los mismos jueces, con los mismos fiscales, con el mismo gobierno… con las mismas leyes. Lo cual demuestra hasta qué punto en este país no hay separación de poderes. Insisto: sin separación de poderes, no hay justicia independiente. Y sin justicia independiente, no hay democracia.
Lo dramático de nuestra sociedad, tan joven y tan imberbe, con tan poco cuajo democrático, es que existe una tendencia a minimizar la importancia de estos hechos, porque siempre hay una mitad política que está de acuerdo con el comportamiento mediatizado de los poderes de la justicia. Como entre ellos se lo guisan y entre ellos se lo comen (entre el PP y el PSOE, con algún añadido nacionalista) ninguno de ellos está dispuesto a promover que las cosas cambien. No quieren renunciar a la parte grande de la tarta que les tocará cuando, inevitablemente, llegue la alternancia. O sea, cuando pierda el que ahora manda y le toque mandar al que ahora está en la oposición. Por eso esto es tan difícil de arreglar: porque requiere un cambio radical en las leyes que obligue a un cambio radical en los comportamientos. Y eso, amigos míos, sería revolucionario.
Ni el PSOE ni el PP están dispuestos a modificar las leyes que les garantizan el manejo del poder; esas que les garantizan que podrán ralentizar una sentencia durante años para no perjudicar sus intereses electorales en un territorio de España, y por ende, en todo el país. O esas que les aseguran que según a qué imputados políticos les llevarán a los calabozos esposados como vulgares y peligrosos delincuentes que podrían huir en otras circunstancias; o esas leyes ( y esos jueces o fiscales designados en aplicación de las mismas) que les permiten garantizar a determinados partidos minoritarios que no se iniciará contra ellos ningún procedimiento mientras sus votos sean necesarios para hacer gobiernos autonómicos; piensen en Baleares y no se equivocarán: miren cómo llegó a declarar el imputado del partido nacionalista que le ha hecho Presidente a Antich y comparen esa imagen con la de los con los imputados del PP.
Por eso, porque esperan su turno para manejar la Justicia, ambos dos grandes partidos parecen preferir pasar por estas cosas que renunciar al control de los jueces y de los fiscales cuando les toque a ellos mandar. Ambos dos partidos se conforman con insultarse y echarse los trastos a la cabeza; el "tú más", sustituye la acción regeneradora de la democracia, que les llevaría a cambiar las leyes para que ni uno ni otro pudieran ejercer mando alguno sobre un poder llamado a ser independiente en cualquier democracia que se precie de serlo. Ambos parecen haber asumido que les compensa padecer en propias carnes esos métodos antidemocráticos , que cuando se validan siempre terminan aplicándose contra uno mismo. Por eso hemos de ser conscientes de que la tarea es titánica. Remover tanta miseria acumulada, tanto conformismo, tanto egoísmo partidario, tan escaso nivel político, va a ser largo y complicado. Pero es imprescindible. Tenemos a nuestro favor que cada vez hay más ciudadanos plenamente conscientes de que todo esto es un escándalo; y que lo que hasta hace poco sólo era hartazgo empieza a tener visos de reacción. Nos corresponde liderar esa respuesta. Porque defender hoy la democracia es no renunciar a promover una justicia independiente.