Siguiendo el camino que nos marcamos en el anterior escrito, en el que repasábamos algunos artículos de nuestra vigente Constitución, intentando establecer un paralelismo entre lo que se dice en ella y la forma en que la interpretan los actuales gobernantes del país y algunos estamentos judiciales, más preocupados por arrimar el ascua a su sardina que por buscar en la Carta Magna su verdadera intención y significado. Una ley, a mi modo de ver, debe tener, entre otras, las siguientes cualidades: en primer lugar, ser justa, también deberá ser útil y comprensible para aquellos a quienes deberá afectar. No creo que nuestra Constitución adolezca de falta de claridad y, en líneas generales, se puede decir que sus preceptos se entienden con facilidad hasta que… entran en juego los que buscan encontrarle tres pies al gato y aquellos que quisieran que lo que quede claro para la persona más simple, se enturbie de tal manera que, al final, después de darle mil vueltas al tema y de sazonarlo de tecnicismos legales, acaben por hacerle decir todo lo contrario a lo que el legislador se propuso al redactar la norma.
Y, entrando en materia, examinando el artº 27.3 de la Constitución, observamos que lo que se dispone en él parece que se haya vuelto invisible para el gobierno del señor ZP, cuyos componentes da la sensación de que no se han enterado de su existencia, en cuanto se refiere a la obligatoriedad de su cumplimiento. Dice el artículo referido: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” No hay duda de que el texto del precepto es meridiano y no hace falta interpretación alguna para entender su significado. No obstante, hete aquí que, el ministerio que debiera ocuparse de mantener el derecho de los padres, el de Cultura, en lugar de cumplir con el mandato constitucional, se saca de la manga una infumable ley de Educación de la Ciudadanía en la que, aparte de una serie de disposiciones absurdas y torticeras de adoctrinamiento tendencioso de tipo socialista, que nada tienen que ver con los deberes de los ciudadanos, resulta que se impone como asignatura obligatoria para todos los alumnos, sin tener en cuenta la opinión y el derecho de los padres que salvaguarda la Constitución en el mentado precepto. No obstante, la pasividad del Gobierno, de la Oposición y la fiscalía (ante semejante atraco a mano armada) ha sido nula, si no parcial.
Otro tema chocante. Dice el artº 32 de la Constitución. “1) El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2) La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los conyuges. Las causas de separación y disolución y sus efectos” Más claro agua, pero llegan los del colectivo homosexual y ya que su constitución física no les permite emular de una forma natural (coniuncto maris feminae es de iure naturae) lo que siempre se ha entendido como la unión del hombre con la mujer, deciden buscar la solución a través del absurdo, y tratan de elevarse al mismo rango que los heterosexuales, pretendiendo que se le llame “matrimonio” a la aberrante unión entre dos hombre o entre dos mujeres. Pero estos grupos han encontrado, en el gobierno del señor Zapatero – que cuando se trata de buscar votos no para mientes en el procedimiento para conseguirlos – el caldo de cultivo propicio para conseguir entrar por la puerta grande en esta nueva “sociedad” española donde lo cutre prima, lo hortera se considera lo “exquisito” y el ir en contra de las buenas costumbres y de la religión se ha convertido en el objetivo primordial para los llamados progresistas, dispuestos a implantar su nuevo adoctrinamiento, su filosofía relativista ad hoc por la que cada uno se fija los límites a sus libertades sin tener en cuenta los derechos de los demás a ejercer las suyas. Una ley, por supuesto inconstitucional, pero ¿a quién le importa, si la Constitución para el PSOE se ha convertido en el blanco de sus ataques?, ha conseguido transformar a quienes eran grupos marginales, minorías escasas y preocupación de sus familiares, en verdaderos vencedores, que se toman su revancha de la sociedad exhibiéndose disfrazados de mamarrachos por las principales avenidas de las grandes capitales, mostrándose en su propia salsa y demostrando, con sus actos procaces y con su comportamiento desvergonzado, la verdadera calaña que se oculta bajo su apariencia festiva.
Es obvio que el Estado opresor que padecemos, no sólo ha demostrado su desconocimiento de la función social de los bienes, sino que, con dicha excusa y después de haber demostrado su incapacidad para administrar debidamente el dinero público, en lugar de atender al bien común de los españoles; ha despilfarrado 250 mil millones de euros en favorecer a quienes tienen más, los bancos y cajas, con el pretexto de salvar la economía y prometiendo créditos para las empresas necesitadas de ellos, créditos que nunca han sido concedidos. Lo peor que los supuestos beneficiarios de las ayudas estatales, las pequeñas y medianas empresas no han visto ni un solo euro de aquellos créditos que les prometieron. Pero está endeudado y esto supone aumentar los impuestos.
El artº 33 de la Constitución reconoce “el derecho a la propiedad privada y a la herencia”, pero aquí conviene recordar lo que especifica el artº 31 “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. ¿Cómo actúa el Gobierno, al respecto? En primer lugar, no existe en la realidad la igualdad que pide la Constitución, porque las grandes fortunas, sea con socialistas o conservadores, son las que menos tributan, porque todos sabemos que existen triquiñuelas legales, sociedades familiares, sociedades interpuestas etc, con las que los grandes millonarios acaban por pagar menos que cualquier empleado de la clase media, las verdaderas víctimas del afán recaudatorio de la Administración. Pongamos un ejemplo, el Impuesto de Sucesiones, un impuesto absurdo que impulsa a malgastar el patrimonio en lugar de utilizarlo para el bien común y servir para que los herederos sigan al frente del negocio. En todo caso es humano, recomendable y laudatorio que una persona que ha trabajado toda su vida para hacerse un patrimonio para su vejez, pueda legarlo a la persona que prefiera, sea por afinidad, amor o interés o, incluso, como pago por unos cuidados recibidos; sin que el Estado, al que ya ha cotizado por todo lo que ha reunido, se quede con la parte del león.
Sin embargo, en esta España de las autonomía, cada una de ellas ha hecho de su capa un sayo y, mientras en la comunidad madrileña el Impuesto de Sucesiones prácticamente no existe, en Catalunya, la comunidad más progresista de España y la de más afán recaudatorio ( ya se sabe los de la izquierda necesitan mucho dinero para viajes, dietas ect) un hijo puede pagar a la Hacienda hasta el 30% del importe heredado. Y uno, en su ignorancia, piensa: ¿cuándo acaba el derecho a recaudar y cuándo empieza la confiscación? Mucho me temo que habría que preguntarse si estamos ante un caso flagrante de abuso por parte de la Administración y si sería conveniente oponerse a ello. Es difícil pero no imposible y, como quienes tomaron la Bastilla, todo es empezar.
Miguel Massanet Bosch