Dudo mucho de que los llamados “padres de la Constitución” tuvieran consciencia del avispero en el que se metían y, de paso, metían a todo el país, cuando se decidieron a implantar el Estado de las Autonomías. Es probable que estuvieran llenos de buena voluntad, que temieran que los evidentes odios generados por la contienda de 1936 se reavivaran con la muerte de Franco y con la nueva entronización de un Borbón. Es posible que intentaran evitar que la yesca de la transición encendiera una revolución si se estiraban demasiado las riendas mediante la elaboración de una Constitución más conservadora. Sin duda se vieron enfrentados al recelo de que se produjera una escalada de reivindicaciones, peticiones de compensaciones, aspiraciones a independentismos y demandas de venganza que, sin duda, hubieran podido poner en un brete las aspiraciones de reconciliación entre todos los españoles. No obstante sólo consiguieron aplazarlo porque todo lo que intentaron evitar se está produciendo en un momento donde los mecanismos para evitarlo han desaparecido y España se encuentra inerme en manos de los herederos de la Segunda República.
La actuación sibilina del señor Suárez, sus evidentes deseos de conciliar a las dos Españas y un cierto temor de que la gobernabilidad se les escapara de las manos, hizo que se cometieran dos errores que, en la actualidad, estamos pagando caros y que pudiera ser que, debido al rumbo que se está imprimiendo a la política por los socialistas que nos gobiernan; aquello que se pretendió evitar; aquellas precauciones que se tomaron para evitar enfrentamientos entre derecha e izquierdas; aquellos miedos a lo que pudiera ocurrir a causa del fallecimiento del general Franco, es posible que, a la larga, vista con perspectiva la ruta que ha seguido España desde aquellas fechas y teniendo en cuenta como han evolucionado aquellas izquierdas, (al principio comedidas y temerosas de que se les cortaran las alas si se mostraban demasiado exigentes), cuando, poco a poco, han conseguido apoderándose de los resortes del poder, ante el papanatismo endémico de la derecha que siempre se fía de la buena voluntad de sus adversarios políticos hasta que, tarde y a destiempo, se encuentra desbancada del poder de decisión y sometida a la fuerza de los hechos, de las habilidades y de la evidente desfachatez de la izquierda para pasar por encima de leyes, acuerdos, pactos o compromisos cuando es preciso para alcanzar sus objetivos que, en definitiva, se concretan en alcanzar el poder para, cuando lo ostenta, imponer con mano de hierro las limitaciones de las libertades ciudadanas.
Los dos errores fueron permitir que regresara a España el señor Carrillo (causa evidente del golpe fracasado del 23-F) y la implantación, en concesión a las aspiraciones nacionalistas, del llamado Estado de las Autonomías. Si, en un principio, se pensó que con ello se evitarían pleitos entre españoles, que se conseguiría aplacar las ambiciones nacionalistas de los vascos y catalanes (en el resto de autonomías apenas existían pequeños corpúsculos, sin influencia alguna) y que se conseguiría, con la implantación de gobiernos locales, simplificar los trámites administrativos y descargar al Gobierno Central de parte de su carga de funcionarios y de una parte importante de sus responsabilidades de gobierno; deberemos admitir que el resultado del engendro ha sido como crear un gran monstruo con 17 cabezas famélicas que no paran de pedir, que amenazan con devorar por completo al Estado y que, como las amebas, se van multiplicando y creciendo en fuerza y poder, a medida que se hacen más fuertes a costa del estado central. Al contrario de lo que se pretendía, el debilitamiento de Gobierno de la nación no ha supuesto que los problemas provinciales disminuyesen ya que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los asuntos burocráticos en lugar de simplificarse se han ido complicando, que las leyes locales han proliferado como los segmentos de una tenia interminable y que, las aspiraciones independentistas, no sólo han aumentado de forma exponencial en Catalunya y País Vasco, sino que se han extendido, en una metástasis incontenible, a otras autonomías como las Baleares, Galicia y, con menos virulencia en Andalucía y Canarias.
El terrible resultado de esta división de España es que se ha generado una fuerza centrífuga que amenaza con separar a todas las autonomías del núcleo central, en el que está concentrado el Gobierno de la nación. Lo que debía ser un ahorro de funcionarios se ha demostrado ser como una enorme coneja administrativa que los va pariendo con tal proliferación que, en poco tiempo, ya estamos rondando los 3.000.000 de empleados del Estado y autonomías; de los cuales 1.000.000 se ha formado en los últimos meses. Lo que debía ser una simplificación administrativa y la eliminación de trabas y retardos, se ha convertido, en muchos casos, en procesos más largos y sujetos, más que nunca, al intervencionismo de los organismos locales, en ocasiones movidos por intereses que nada tienen que ver con lo que mejor conviene a los ciudadanos. Pero, donde sí se ha armado un verdadero galimatías es en el tema de los traspasos de competencias, de la financiación y de las relaciones de los gobiernos locales con el Central que, a medida que pasa el tiempo y va traspasando sus facultades a la comunidades, se está quedando sin posibilidad de imponer sus decisiones y, a veces, atrapado por el chantaje de aquellos de quienes depende para poder seguir gobernando. El Financial Times retrató en un artículo el excesivo coste que para España representa este modelo de estado de autonomías que, contrariamente a lo esperado, nos está costando a los españoles mucho más que cuando el Estado mantenía su gestión sobre todas las regiones y provincias de España.
Por si no bastara: la igualdad entre los españoles ante la ley, la solidaridad entre regiones y la equidad de las financiaciones, añadiendo la falta de unidad de mercado; se han convertido en una pesadilla constante para los españoles que vemos como los miles de millones circulan desde el Estado a las autonomías y viceversa sin que, por el camino, quede alguno que podamos comprobar que se ha utilizado para algo útil para el conjunto de españoles. Si hace poco se les dieron 11.000 millones de euros más a las autonomías (la parte del león se la llevaron, como siempre, Catalunya y Andalucía); ahora sale la ministra Salgado diciendo que las autonomías le deben al Estado 6.000 millones de euros porque el 2008 no ha resultado lo rentable que se suponía (vamos, que suponía el Gobierno, porque los ciudadanos ya nos habíamos hecho a la idea de apretarnos los cinturones). No obstante, por otra parte, el Gobierno les entrega a las CC.AA 1.800 millones de euros para compensarles por la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio (este mismo que ahora los de Hacienda piden que se vuelva a implantar). ¿Ustedes son capaces de aclararse? Pues yo, debo de confesar que sólo veo motivo de gasto en todo esto y más confusión. Dejemos aparte el aspecto político en el que no se puede uno acercarse sin que el olor a podredumbre le asfixie. La Generalitat poniéndose por montera la sentencia, que aún no ha emitido, el TC, ya ha anunciando que, aunque les sea adversa ya buscarán el medio de soslayarla para que, al fin y al cabo, salirse con la suya, amenazando con romper sus pactos con “España” ¿qué son ellos, zulúes? ¡Y así vamos! ¡Esto, señores es lo que queda de España y, si seguimos por este camino, pronto no va a quedar ni rastro de ella! Al tiempo me remito.
Miguel Massanet Bosch