Ignacio Camacho (Publicado en Blog ABC.es, aquí)
NO está escrito que para ser un buen político haya que poseer un currículum académico brillante –ni Suárez ni González, por poner dos ejemplos de personas especialmente bien dotadas para el arte de la política, fueron estudiantes destacados–, pero parece evidente que el nivel medio de la clase dirigente de un país será tanto más alto cuanto mayor preparación reúna. En Francia, una nación de sólida tradición educativa, las escuelas técnicas de la administración han provisto al Estado de un cuerpo de dirección que garantiza la buena gestión y la continuidad de un servicio público competente. El panorama en España es más bien desolador, porque el excesivo peso de la partitocracia ha poblado la política de militantes sin mayor mérito que el de la permanencia y la obediencia, incapaces en su mayor parte de competir con éxito en un mercado de trabajo igualitario.
Un estudio reciente del Ministerio de Política Territorial, que dirige Manuel Chaves, ha puesto negro sobre blanco esa indigencia de estudios: la mayoría de nuestros alcaldes y concejales sólo tiene la EGB o estudios elementales equivalentes (un 22 %); el 13 por 100 ha alcanzado el bachillerato y sólo un 13,28 ha cursado alguna licenciatura. Los datos son pavorosos habida cuenta de que el poder local es la principal estructura política de la administración española. Y aunque el bajo nivel puede ser relativizado por el hecho de que en la estadística se incluyen los ediles de todos los pueblos y municipios pequeños, la extensión de la educación en España permitiría pensar en una mayor cualificación de la dirigencia pública. Resalta, por otra parte, el hecho de que la cuarta parte de los encuestados se negó a ofrecer información sobre sus estudios, lo que invita a la conclusión de que no se siente muy satisfecho con ellos. Es decir: que el 50 % de los políticos municipales en España tiene una formación insuficiente.
La relevancia de este panorama es grave por cuanto informa del deficiente grado de competencia de nuestra política, y puede explicar al menos en parte la venalidad de muchos ediles y el alto nivel de corrupción del poder local, que ha sido resaltado en algunos informes internacionales. Una clase política funcionalmente analfabeta resulta letal para un país. Téngase en cuenta, además, que el ámbito municipal es la cantera de la política parlamentaria y autonómica, y que son muchos los alcaldes y concejales que al cabo de un cierto tiempo de permanencia en sus cargos se sienten habilitados para dar el salto a un escenario mayor, apoyados en el control que sus parcelas de poder les ofrecen sobre las organizaciones locales y provinciales de sus partidos. En este contexto, la eterna polémica sobre el salario de los políticos no debe centrarse en los diputados al Congreso o los miembros del Gobierno y los altos escalones de la Administración del Estado, por lo general retribuidos con escasa generosidad; es en las autonomías y municipios donde vegeta una tropa mal preparada, con pocos estudios o ninguno, que suele ganar en el ejercicio de la política más dinero del que su preparación les permitiría obtener en cualquier otro trabajo a su alcance.
La baja calidad de la democracia española no es casual. Llevamos años despreciando el mérito y el esfuerzo, y la política se ha convertido en un espacio del que huyen o al que rehúsan acercarse muchas personas capaces que no soportan el poder de la mediocridad.