PATXO UNZUETA (Publicado en El País, aquí)
El líder de CiU, Artur Mas, ha exigido al presidente Zapatero "garantías de que la voz del pueblo de Catalunya será íntegramente respetada": que si la sentencia del Constitucional supone un recorte en un Estatuto que es resultado del "pacto con el Gobierno español" y fue ratificado en referéndum, Zapatero deberá plantear "las reformas legales que hicieran falta" para restaurar la lógica democrática. Coincide en esto con varios miembros del Gobierno de Montilla para quienes una sentencia que no avale la plena constitucionalidad del Estatuto supondría la ruptura del pacto entre Cataluña y España y plantearía "un conflicto entre dos legitimidades".
Amenazar con iniciativas ilegales o tremendistas también es presionar al Tribunal Constitucional
Irónicamente, esta advertencia fue planteada en su momento por quienes, desde dentro del PSOE, avisaron de que si no se corregía a tiempo la deriva anticonstitucional que estaba tomando la elaboración del Estatuto se caminaba hacia un conflicto irresoluble. Pues podía ocurrir que el Parlamento catalán aprobase por amplísima mayoría un Estatuto muy favorable para los intereses catalanes, pero incompatible con la lógica del Estado autonómico constitucional. Lo que obligaría a recortarlo a su paso por el Parlamento español (o por el Tribunal Constitucional). Para evitarlo, era preciso intervenir a tiempo: eliminar los elementos de inconstitucionalidad antes de su votación en el Parlamento de Cataluña.
Sin embargo, la intervención que hubo fue la de Zapatero ante Artur Mas (19-9-2005) para convencerle de que CiU se sumase al texto acordado por los socios del tripartito, con el sobrentendido de que lo que hubiera de inconstitucional ya se arreglaría después en el Congreso. El resultado fue un Estatuto con muchos artículos sospechosos de inconstitucionalidad pero aprobado por el 90% de la Cámara catalana.
En un libro reciente ("¿Hacia otro modelo de Estado?" Cívitas. 2009), el catedrático y ex diputado socialista Luis Fajardo concluye que, partiendo de un texto tan alejado de la Constitución, el meritorio esfuerzo de la Comisión Constitucional del Congreso por limpiarlo de contenidos confederales o directamente soberanistas (se modificaron casi 150 artículos) no evitó que conservara restos de inconstitucionalidad más o menos enmascarados en expresiones ambiguas o imprecisas mantenidas para "alentar futuras interpretaciones intencionadas". Por ejemplo, considerar -como de hecho hizo el partido de Artur Mas en su congreso de 2008- que las referencias del Estatuto al derecho a conservar la propia identidad (art. 4-2) o a los derechos históricos (art. 5) ofrecen una "base jurídica y política indiscutible" para reclamar en su momento la autodeterminación.
Una vez refrendado, el texto era, efectivamente, difícilmente revisable en su estructura fundamental: el Congreso podía limar los artículos más claramente inconstitucionales y establecer cautelas que limitasen el alcance de otros, pero no cuestionar frontalmente el nuevo Estatuto. Porque se habían respetado los procedimientos (excepto en la amenaza, incluida en los Pactos del Tinell, de convocar un referéndum ilegal si el Congreso recortaba demasiado); y porque los redactores aseguraban su voluntad de no desbordar la Constitución y su convicción de haberlo conseguido.
El Congreso hizo su tarea bajo ese condicionamiento, al que se añadió en la última fase de la negociación el pie forzado que suponía el acuerdo pactado por Zapatero y Artur Mas en una nueva entrevista celebrada en La Moncloa el 22 de enero de 2006 y en el que se fijaba las enmiendas a aceptar sobre los temas más conflictivos. Tras la votación en Pleno, en marzo de 2006, la única garantía de eliminar esos restos de inconstitucionalidad o de evitar interpretaciones contrarias a la lógica autonómica residía en el Tribunal Constitucional. Y es posible que algunos diputados, sobre todo socialistas, que votaron a favor, no lo habrían hecho si no hubiera existido esa última caución.
Es cierto que el procedimiento que sitúa la posibilidad de recurso después del referéndum plantea problemas políticos; pero, tal como se han hecho las cosas desde el comienzo, cualquier planteamiento tendente a prescindir del pronunciamiento del Tribunal sería mucho peor. Por ejemplo, algunos de los escuchados estos días: que los catalanes no se den por enterados de la sentencia y sigan aplicando el Estatuto (versión maragalliana del pase foral vasco: se acata pero no se cumple); o que si el Estatut no cabe en la Constitución, habrá que cambiar ésta; o que Zapatero sortee la sentencia mediante leyes aprobadas al efecto. O, en otro terreno, que se producirá la ruptura entre el PSC y el PSOE (que tendría el mismo efecto que el aguijonazo del escorpión a la rana: ambos se irían a pique).
No sólo se coacciona al Tribunal convocando manifestaciones preventivas; también se le presiona amenazando con iniciativas ilegales si recorta el Estatuto. Además, hay mucho de impostado en ese dramatismo. Si se confirmase que la sentencia es como se está diciendo (rechazo de la obligatoriedad del catalán, interpretación del alcance de la inclusión del término nación, y precisiones en alguna otra materia) significará que el Estatuto ha sido básicamente convalidado. Y aunque es cierto que el referéndum avaló el texto, no conviene elevar mucho la voz (la voz del pueblo) al proclamarlo cuando la participación fue inferior al 50%. En otros países se exige una participación superior a la mitad del censo para dar validez a las consultas.