Horas antes de que comparezca, Alonso lo define como «un juez decente» con «una trayectoria que hay que poner en valor»
MANUEL SÁNCHEZ / MARÍA PERAL (Publicado en e-pesimo Auxiliar 1, aquí)
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declarará hoy como imputado en el Tribunal Supremo bajo la acusación de haber prevaricado en la instrucción de unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo.
Ayer, poco después de conocerse la citación del famoso instructor, el PSOE salió de forma contundente en su defensa. El portavoz parlamentario socialista y ex ministro, José Antonio Alonso, deseó «lo mejor» a Garzón, de quien aseguró que es un «juez decente» cuya trayectoria «hay que poner en valor».
Fue la Sala Penal del Supremo la que, en dos decisiones unánimes, apreció indicios de criminalidad en la conducta de Garzón. En la admisión de las dos querellas presentadas contra él intervinieron hasta siete magistrados del Supremo, la mitad de la Sala Penal.
Baltasar Garzón fue citado ayer para que comparezca hoy por la mañana ante el magistrado de la Sala Penal del Supremo Luciano Varela, designado instructor del procedimiento abierto al juez de la Audiencia Nacional al existir indicios de que prevaricó en la causa que tramitó el año pasado sobre la desaparición de personas durante el régimen franquista.
La citación no sorprendió a Garzón, que a finales de julio ya había sido prevenido por el Tribunal de que la fecha más probable para su comparecencia sería el 9 de septiembre. La notificación estaba sólo pendiente de unos trámites formales que se realizaron la pasada semana, en concreto el cumplimiento por los dos acusaciones populares personadas -el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad- del requisito de designar una única dirección letrada.
El proceso se abrió a instancia de ambas entidades y con la oposición del fiscal, que en la Audiencia Nacional impugnó por todos los medios la actuación de Garzón en la causa sobre el franquismo, pero que ahora en el Supremo no considera esa actuación prevaricadora. Fue la Fiscalía la primera que advirtió a Garzón de que no era competente para investigar las desapariciones del franquismo.
Al apoyo del fiscal se sumó ayer una inequívoca defensa por parte del PSOE. El encargado de expresarla fue José Antonio Alonso, ex juez, ex ministro de Zapatero y actual portavoz del Grupo Socialista en el Congreso.
A las pocas horas de la declaración de Garzón, Alonso salió en su defensa ante su imputación por el Tribunal Supremo y, en conferencia de prensa posterior a la Junta de Portavoces, afirmó que Garzón «es un juez decente» con «una trayectoria bien conocida» que, en su opinión, «hay que poner en valor».
Además, Alonso recalcó que Garzón lleva años desempeñando su trabajo en un lugar «duro», como es la Audiencia Nacional.
A nivel personal, según precisó el portavoz socialista, indicó que le desea «lo mejor en este trance».
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a indicar que su grupo respeta la decisión del Supremo, como las demás decisiones judiciales, y manifestó que cualquier ciudadano «está sujeto a la ley, debe cumplirla y comparecer» ante los tribunales «en las mismas condiciones de igualdad».
Las dos querellas que han dado lugar al procedimiento abierto a Garzón fueron admitidas a trámite por unanimidad, la primera el 26 de mayo y la segunda el 15 de junio. En total, han intervenido en ese trámite siete magistrados, la mitad de los que integran la Sala Penal del Supremo.
Las querellas acusan a Garzón de haber mantenido abierta la causa sobre las desapariciones del franquismo a sabiendas de que no era competente y de haber imputado graves delitos a militares franquistas a sabiendas de que hacía décadas que habían fallecido, por lo que era imposible declarar su responsabilidad criminal.
La investigación de Garzón «se centró en delitos para los que el Juzgado reconoce carecer de competencia material, salvo por razón de su conexión con otro delito del que se proclama competente, pero que no está vigente ni se investiga (…) y en cuyo ámbito declara extinguidas unas responsabilidades penales por razón de fallecimientos sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación», indicaba el auto de admisión a trámite de la primera querella.
La Sala recordaba que «cuando la muerte es anterior a la condena, y la condena por ello no ha existido, lo que se extingue es la acción penal», por lo que un procedimiento contra personas fallecidas «resulta absolutamente imposible incoarlo».