Carlos Martínez Gorriarán, responsable de Comunicación y Programa de UPyD (Publicado en UPyD, aquí)
En las segundas Jornadas de Llanes del pasado fin de semana afloró una coincidencia muy ilustrativa: la mayoría de los ponentes, todos de lo más variado –economistas, sindicalistas, científicos y analistas, ligados a UPyD o independientes, con ideas diversas-, coincidían en que atravesamos una crisis triple: económica desde luego, pero también política e institucional y, además, ética o de valores. ¿Están relacionadas? Lo están, y el vínculo causal entre las tres no sólo es de lo más interesante, sino que apunta tanto al origen de nuestros problemas como a las soluciones necesarias. La triple crisis reclama tres reacciones: de política económica, constitucional y de ética pública. La primera es cosa de quien gobierne (y de un Pacto de Estado), la segunda de un gran acuerdo político (otro Pacto de Estado) y la tercera de la sociedad y de cada uno de nosotros. Vista la cosa con optimismo –imprescindible en este caso, en que tantos datos aconsejan migrar a países más sensatos que el nuestro-, la crisis por triplicado nos da la oportunidad de acometer un conjunto de reformas que de otro modo serían imposibles, por impopulares, audaces y progresistas. Es decir, porque tienen un costo, porque asustan y porque tocarán privilegios.
El diagnóstico de la crisis económica tiene ya pocos secretos: es una crisis financiera internacional empeorada en España por los vicios de nuestra economía, sobre todo por la baja competitividad y la burbuja inmobiliaria. Pero agravada también por la estructura institucional del país, es decir, por su sistema político y la deriva constitucional de los últimos años (cuya última opereta es la autodeterminación de Arenys de Munt). ¿Cuál es el nexo entre crisis económica y política? Para captarlo, basta con recordar la actitud de Zapatero, su gobierno y su partido en este periodo: negó la burbuja inmobiliaria, negó la crisis económica y ahora niega su profundidad, adoptando erráticas medidas fiscales y económicas, populistas, que la están agravando.
En una democracia más exigente, con mayores contrapesos institucionales y civiles, las inacabables mentiras, chapuzas y desmanes del Gobierno de Zapatero habrían tenido un precio muy alto para éste. Pero en España no, porque el sistema político y la opinión pública son tales que garantizan la impunidad de los responsables políticos de la mala gestión, la pasividad, el engaño masivo y el derroche con corrupción. Pese a las broncas por este traje o aquél tránsfuga, los partidos tradicionales se apoyan unos a otros y comparten el reparto de la tarta, sea ésta la Justicia o, ahora, la nueva Financiación Autonómica. Pronto veremos, por ejemplo, como las acerbas críticas del PP a ese inaceptable sistema de financiación quedarán en nada por los altos beneficios que reportará a los gobiernos de la sra. Aguirre o del sr. Camps, por ejemplo. Mientras protesta con la boca pequeña, el PP asumirá con la boca grande el saqueo del Estado en beneficio de las autonomías ricas. Al tiempo. Lo cual permite a Zapatero cometer error tras error y perpetrar dislates sin sufrir demasiado.
¿Es la española una sociedad de avestruces? No, sólo es una sociedad de nuevos ricos que viven por encima de sus posibilidades, enfrentados a un empobrecimiento repentino que para algunos será pavoroso, que sacrifica el futuro de jóvenes e innovadores por los de colocados y rutinarios, y sumida en una profunda crisis de valores. Esa crisis de valores explica por qué un gobernante tan mentiroso, irresponsable e intelectualmente inane como Zapatero apenas se vea afectado por tamaño pandemónium. Si la veracidad, la responsabilidad y la calidad intelectual fueran valores apreciados y exigidos por la ciudadanía española, la mayoría social no soportaría a los políticos mendaces, irresponsables e ignorantes que dominan el cotarro a día de hoy. Pero, por desgracia, la mayoría social española prefiere que le canten nanas, le eviten las malas noticias y le pinten el futuro de rosa (aunque será magenta). De ahí Zapatero y sus apoyos, de ahí la blanda y vacua, aunque chillona, oposición mayoritaria.
Pero no puede durar. Dos instantáneas de estos días anuncian la que se avecina. Una es la digna actitud de los parados catalanes que abuchearon a sus insoportables autoridades en la última Diada, con el preciso grito de “más trabajo y menos banderas”. En castellano, como no podía ser de otra manera ya que han convertido al catalán en idioma único de la Cataluña imaginaria que les oprime. La otra es de signo inverso: esos padres que han denunciado a la policía por agredir a sus brutales retoños en los “incidentes” de Pozuelo: su pretensión de impunidad e inocencia total y sin educación está en el polo opuesto de cualquier concepto de ciudadanía responsable educada. Y esto es lo que hay. Así como la II República murió por falta de suficientes republicanos de verdad –todos se la querían cargar, los supuestos partidarios y los enemigos conjurados-, la democracia de la Constitución de 1978 se va deshaciendo por carecer de suficientes ciudadanos y demasiados parásitos o aspirantes al chollo, la sinecura y la subvención. Esto último es lo que se debe cambiar, precisamente.