(Publicado en El País – Reggio´s, aquí)
EDITORIAL EN EL PAÍS
El Gobierno perjudica a los ciudadanos para beneficiar a un grupo de comunicación afín
El Congreso de los Diputados convalidó ayer el decreto ley que regula la Televisión Digital Terrestre de pago, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario -dedicado a la crisis económica- que se celebró el pasado mes de agosto. El debate en el Parlamento permitió constatar los aspectos más negativos del despropósito promovido por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien, a través de un procedimiento excepcional, introduce más desorden en un sector, el audiovisual, necesitado de una ley global, y olvida el perjuicio que la medida causa en los consumidores. Incluso los grupos que votaron a favor de convalidar la medida -CiU y ERC- criticaron la utilización del decreto ley, un recurso reservado a situaciones de urgencia. La TDT de pago es un elemento que debe dinamizar nuestro modelo de televisión y colocar a España entre los países que disponen de tecnología audiovisual avanzada. Pero para ello es necesario criterio, seriedad y rigor, aspectos que, en este caso, han brillado por su ausencia.
Ante la inexorabilidad del plazo fijado por el Gobierno para el apagón analógico, los ciudadanos se han visto forzados a adquirir millones de sintonizadores de TDT que ahora deberán adaptar a la nueva modalidad de pago. El perjuicio económico que han padecido no es consecuencia de ningún avance tecnológico que haya dejado obsoletos los equipos, sino de una decisión del Gobierno que, sobre la marcha, ha decidido cambiar las reglas de juego. El porqué de ese cambio, así como las razones de la urgencia, es algo que el Gobierno ni ha explicado ni puede explicar sin dejar al descubierto los motivos espurios que le han movido.
El Gobierno tuvo que escuchar ayer de los grupos de oposición los mismos argumentos que avanzó en su día el Consejo de Estado en contra de la regulación de la TDT de pago por decreto ley. Improvisar una normativa cuando se está negociando una ley general para el sector audiovisual es privar a todos -partidos políticos, operadores y ciudadanos- de la posibilidad de defender sus legítimos intereses. La TDT de pago abre importantes expectativas de desarrollo que desbordan con mucho el reducido marco del fútbol y las retransmisiones deportivas. También en esto se ha equivocado el Gobierno, incapaz de ver más allá de sus necesidades, o de las de sus allegados.
En un alarde de desvergüenza, ignorancia o ambas cosas, Sebastián proclamó ayer: “Se ha resuelto una asignatura pendiente, que era la liberalización de la televisión de pago. Se ha terminado con 20 años de monopolio”. Esto lo dice el ministro de un país en el que, desde hace años, hay cuatro millones de abonados a no menos de 10 empresas de televisión diferentes que ofrecen sus contenidos de pago a través de satélite, cable o banda ancha. Son datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, un organismo que entiende de asuntos que dependen del departamento que dirige el propio Sebastián.