(Publicado en ABC, aquí)
RODRÍGUEZ Zapatero presume de los éxitos del Plan E, aunque se trata de un parche coyuntural y transitorio para aliviar las consecuencias del paro sin atender a sus causas estructurales. Los municipios españoles han respondido -con más o menos convicción- a la oferta gubernamental de financiación, aplicándola con frecuencia a proyectos secundarios y poco atractivos, a veces ya desechados con anterioridad. Cuando el Estado ofrece dinero, las ideologías quedan en segundo plano. Hoy informa ABC acerca de los beneficios obtenidos a cargo de los impuestos de todos los españoles por los municipios catalanes que promueven consultas independentistas como la ya celebrada en Arenys de Munt, por supuesto sin garantías jurídicas ni la más mínima seriedad democrática. Resulta que las quince localidades que han iniciado trámites para celebrar estos seudoreferendos se han llevado más de 85 millones de euros procedentes del Plan E, repartidos en 116 proyectos urbanísticos. Mientras ERC impulsa en todas partes esta iniciativa, CiU se suma con el fin de no dejar en manos ajenas la bandera del catalanismo, aunque sea mediante un procedimiento disparatado que irrita al sector más moderado de sus votantes. Como siempre, hay quien gana en la carrera del radicalismo, y los republicanos se ven superados por unas llamadas Candidaturas de Unidad Popular (CUP) que promueven sin pudor un Estado libre e independiente para los «países catalanes».
Como es frecuente, el PSC trata de navegar entre dos aguas, mientras el Gobierno mira para otro lado y no quiere incomodar a sus socios en el Congreso de los Diputados, ahora crecidos ante la posibilidad de vender caros los votos necesarios para la aprobación de los Presupuestos. Por lo demás, la eventualidad de una sentencia negativa para el estatuto catalán en el Tribunal Constitucional obliga a Rodríguez Zapatero a mantener una actitud ambigua y oportunista, con el objetivo inequívoco de culpar del fracaso -si es el caso- a los «españolistas» del PP y mantener su fuerza electoral en Cataluña. Lo cierto es que, salvo los populares y Ciudadanos, nadie se opone con la energía necesaria a unos planteamientos inaceptables en un Estado de Derecho. Así las cosas, mientras el estatuto establece un modelo de financiación que rompe el principio constitucional de solidaridad, los ayuntamientos separatistas ponen la mano para recibir fondos estatales, una actitud que no sólo resulta incoherente con sus proclamas de independencia, sino que supone una ofensa para muchos ciudadanos que rechazan -con toda razón- la debilidad del Ejecutivo y la doble moral de algunos políticos catalanes. El que no quiere saber nada de España carece de legitimidad para solicitar -y obtener- dinero público que procede del esfuerzo tributario de millones de españoles. El respeto a la ley es una exigencia ineludible para todos los poderes públicos. Por tanto, el Ejecutivo tiene que buscar fórmulas adecuadas para evitar esta burla a la democracia que genera un lógico rechazo social. Al margen de los intereses del PSOE y de las maniobras de los partidos nacionalistas, es obligado impedir que los independentistas declarados consigan financiación para sus proyectos municipales a cargo del Gobierno de un Estado al que no quieren pertenecer.