(Publicado en El Mundo – e-pesimo Auxiliar 1, aquí)
EL INFORME de la Unidad Central de Delincuencia Económica, a cuyo contenido hemos tenido acceso, describe una trama de financiación ilegal en el PP de Valencia cuya picaresca recuerda mucho a la trama de Filesa montada en su día por el PSOE.
Lo primero que hay que establecer es un elemento de cautela sobre la veracidad de este informe realizado por una unidad policial que depende del Ministerio de Interior, a cuyo frente no está precisamente un político cualquiera. Todas las reflexiones que se puedan realizar en estos momentos están condicionadas a esa veracidad.
Pero si lo que dice este documento es cierto, el PP valenciano habría organizado una trama ilegal de financiación, cuyo centro era Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez El Bigotes, que trabajaba en estrecha asociación con Francisco Correa.
Según el informe policial, esta trama operaba de la siguiente manera: el PP de Valencia habría establecido un sistema de doble vía de pago a Orange Market por la organización de sus actos. Una parte de la facturación se pagaba de forma legal, liquidando el IVA y con dinero A (de ahí la denominación Alicante en la contabilidad). La otra parte de los pagos se hacía con dinero negro, denominado B (estas operaciones se llamaban Barcelona).
Lo de Alicante y Barcelona recuerda mucho a la terminología de los intermediarios socialistas que constituyeron una empresa llamada GMP, siglas que correspondían a «Ganar Mucha Pasta». Pero no es la anécdota lo que debe centrar nuestra atención.
Lo esencial es que, establecido ese doble mecanismo, el PP recurría a sociedades constructoras que pagaban parte de sus gastos a cambio de adjudicaciones de contratos de la Generalitat Valenciana. En algunos casos, estas empresas desembolsaban su dinero por servicios no recibidos, como sucedía en el caso Filesa, y en otros, recurrían a la rupestre y burda entrega de dinero negro.
La Policía asegura que dispone de pruebas de que esta trama estaba coordinada por Ricardo Costa, número dos del PP valenciano. Si esto es así, evidentemente no estamos hablando ya del regalo de cuatro trajes sino de una red de corrupción en toda regla.
El asunto es tan grave que requiere hoy mismo una explicación pública tanto en Madrid del máximo responsable del PP, Mariano Rajoy, como en Valencia del presidente de la Generalitat y líder del partido, Francisco Camps. Y si Rajoy no puede acreditar que se trata de una completa falsedad, lo que debe hacer sin dilación es crear una comisión interna de investigación, como hizo Aznar en el caso Naseiro.
Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, pero si lo que dice el informe es cierto no solamente Costa y otros dirigentes tendrían que dimitir inmediatamente sino que además Camps quedaría en una situación insostenible.
El contenido del informe reabre el debate sobre el discutible criterio del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que optó por separar la investigación de la posible financiación ilegal del PP en esta Comunidad de la de los regalos efectuados a Camps y a otros dirigentes del partido. No parece razonable deslindar una cosa de otra a la luz de los nuevos datos, que arrojan otra perspectiva sobre la conducta de las personas que recibían esas dádivas.
Solamente hay dos posibilidades: o lo que dice el informe es falso y ha sido un montaje urdido por mandos policiales o lo que dice el informe es sustancialmente verdadero. Lo primero implica la dimisión de Rubalcalba y lo segundo, la de Camps