(Publicado como Editorial de ABC, aquí)
POR segundo año consecutivo, los presupuestos asignados a la Presidencia del Gobierno no notan los efectos de la crisis económica que tiene a más de cuatro millones de ciudadanos en paro y decenas de miles de empresas y ciudadanos en situación de morosidad. Tampoco reflejan como sería deseable el principio de austeridad que proclamó el Código de Buen Gobierno aprobado en 2005 por el Ejecutivo como nomenclatura de las mejores pautas de administración de la cosa pública. Según los Presupuestos Generales del Estado para 2010, la Presidencia de Gobierno contará con 640 personas, entre funcionarios y colaboradores o asesores. Respecto a 2009 la cifra de personal se reduce en cuatro, pero el gasto asignado a este capítulo aumenta en más de un millón de euros, pasando de 28,28 millones a 29,58 millones. Independientemente de que esta previsión presupuestaria contemple el incremento necesario para atender los gastos que supondrán los seis meses de presidencia de la Unión Europea, el hecho cierto es que habrá menos personal y más presupuesto.
Mientras las principales partidas de la «economía sostenible» predicada por el jefe del Ejecutivo -Investigación y Desarrollo, por un lado, y Educación, por otro- contribuyen al control déficit público con sensibles reducciones de presupuesto para 2010, la Presidencia del Gobierno se desvincula de este esfuerzo de contención económica y da un muy mal ejemplo en tiempo de crisis. El último Gobierno de Aznar, al que tanto gusta compararse el Ejecutivo socialista, terminó su mandato en 2004 con 550 personas en Presidencia y un gasto de personal de 16 millones de euros. No puede decirse que las necesidades del actual Gobierno sean mayores, en calidad y cantidad, que las del último equipo del PP, ni tampoco los resultados del mandato socialista avalan estas cifras de personal y dinero. Desde luego, no guarda proporción lo invertido en asesores con el balance de la gestión.
El liderazgo implica, por lo pronto, ejemplaridad, sobre todo cuando el Gobierno pide a los españoles más «solidaridad», es decir, que paguen más impuestos para hacer frente a los ingentes gastos comprometidos por el Ejecutivo socialista para parchear los efectos de la crisis económica. Es seguro que una reducción de personal y de presupuesto asignados a la Presidencia del Gobierno no estabilizará las cuentas públicas, pero no se trata de esto, sino de transmitir empatía por la situación de los ciudadanos con gestos muy sencillos. El problema es el abismo entre La Moncloa y la sociedad. Como el Gobierno sigue creyendo que las cosas no están tan mal como dice la gente y que esta crisis parece más psicológica que real, suceden estas faltas de solidaridad con el drama de cientos de miles de familias, que es el paro, la morosidad, el desahucio.
No hacía falta ser muy perspicaz para haber advertido que las cuentas de La Moncloa para 2010 acabarían siendo revisadas con lupa, como pasó con las de este año. Si después de aquella polémica, no ha habido rectificación, hay que temer que se trata de un acto de arrogancia ante las críticas, una reafirmación contumaz en el error. Sea cual sea la explicación, el presidente del Gobierno ha perdido la ocasión de sumarse a los recortes o, al menos, congelaciones presupuestarias que se han aplicado a otras instituciones del Estado, que no resuelven por sí solas la crisis, pero, al menos, dan un buen ejemplo.