Carlos Martínez Gorriarán, responsable de Comunicación y Programa de UPyD (Publicado en UPyD, aquí)
Volvamos ahora a la segunda de las objeciones más habituales enumeradas en la primera entrega de esta serie: que un Estado federal no es necesario para garantizar la igualdad y viabilidad estatal porque bastaría con devolver al Estado algunas de las competencias estratégicas traspasadas a la comunidades autónomas, como la educación, las prestaciones sanitarias básicas o la gestión del territorio. Es, además, la propuesta recogida en el programa de UPyD para las primeras elecciones generales. Y los más inseguros o medrosos dicen: “pero hombre, si ya hacemos esta propuesta de devolución al Estado de competencias, ¿por qué ir más allá y proponer nada menos que un Estado federal, que es algo que no entiende nadie en España?”.
Comenzando por el final, eso de que nadie nos va a entender si proponemos un modelo federal me recuerda mucho a las pegas de personas muy expertas, enteradas y razonables que oímos cuando fundamos UPyD: que nadie iba a entender por qué hacía falta un partido nuevo creado por Rosa Díez y tres aficionados (esto era antes de que se hablara de los diez mil fundadores de UPyD), y por tanto iba a ser un completo fracaso. Como le pronosticó en tono conmiserativo un famoso columnista y editorialista de El País a Fernando Savater, podíamos darnos por satisfechos si en las primeras elecciones sacábamos 30.000 votos… Luego resultó que fueron diez veces más, que estos enterados no lo estaban tanto; nosotros teníamos razón y ellos no porque en la sociedad española había muchos más ciudadanos ilustrados y comprometidos de lo que sospechaban. ¿Por qué no confiar más en la capacidad crítica y comprensiva de nuestros mejores conciudadanos, en vez de fijarnos sólo en los zotes? También nos decían que lo del partido transversal era incomprensible, que “progresista” era una palabrota desprestigiada, y que el laicismo asustaría a las buenas gentes. Como nada de todo eso ha resultado cierto, no veo razón alguna para dar crédito al augurio de que asumir el modelo federal será nuestra perdición…
El problema de fondo estriba en que devolver competencias al Estado implica una profunda reforma constitucional: no es algo que se pueda hacer por decreto, ni mediante una ley orgánica aprobada en las Cortes por mayoría simple. Cuando hablamos de que las CCAA pierdan competencias e igualen las que tengan en el marco de un Estado descentralizado pero fuerte, que de eso se trata, hablamos de una reforma de la Constitución en toda regla. Y podemos rehuir la palabra federal, pero el resultado sería ese mismo, una especie de federación. Alguno dirá, “¿y qué?; si la palabra es un obstáculo, rehuyámosla, tampoco es una cuestión de principio”. Podemos discutir si es asunto de principios o no llamar a las cosas por su nombre –yo creo que sí, aunque admito que hay que tener en cuenta la oportunidad (no vas a darle el nombre que merece a un matón que puede fulminarte sólo por ser sincero, por ejemplo)-, pero me parece difícil de negar que una de las deficiencias más serias de la Constitución actual, y del sistema jurídico derivado, es su extremada imprecisión en asuntos que el tiempo ha demostrado claves. Por ejemplo, el de las competencias estatales y autonómicas.
La Constitución vigente deja abierto el grifo de la transferencia permanente de competencias incluso si ello afecta a la viabilidad del Estado. Si leemos la Constitución sin anteojeras resulta que, forzando las cosas, no hay ni una sola competencia estatal que no se pueda transferir a una comunidad autónoma: subrayo lo de ninguna. Es algo que comprendieron perfectamente los nacionalistas, o los redactores del nuevo Estatuto catalán. ¿Que no se lo creen? Pues lean: “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.”(VIII, II, art. 150.2) Y a estas alturas ya hemos visto la generosidad de chicle con la que se puede interpretar esta cautela de la naturaleza susceptible de transferencia.
¿Qué ventaja podría aportar entonces la definición del Estado como federal?: pues precisamente la eliminación radical de esta ambigüedad. El catálogo de competencias exclusivas del Estado (actualmente enumerado en el art. 149) definiría éstas como competencias federales de titularidad indelegable en cualquier caso; a efectos administrativos, el Estado podría delegar la gestión para que, pongamos por caso, una Comunidad Autónoma que deseara invertir más de sus propios recursos en educación, pudiera mejorar los centros educativos, pagar más incentivos a los profesores o cualquier otra medida semejante que no rompiera el principio de que el sistema educativo y el currículo escolar fuera básicamente el mismo en todas las comunidades, al margen de la lengua vehicular en que se impartiera y garantizando el Estado la libertad de elección de aquélla en las comunidades bilingües.
¿Y no se podría conseguir esto mismo sin mentar al dichoso federalismo? Pues quizás, pero hay una última ventaja en su mención expresa que debe tenerse en cuenta. Es esta: proponer un modelo de Estado federal es una propuesta política positiva y proactiva, que no va contra nadie en particular porque propone la igualdad y la viabilidad del Estado común. Va contra la disgregación nacionalista pero no es antinacionalista, del mismo modo en que la laicidad del Estado no va contra las confesiones religiosas legítimas, sino contra su confusión con el Estado mismo. Es, por tanto, una propuesta progresista que no sólo pretende corregir los líos actuales consecuencia de la ambigüedad de modelo competencial de la Constitución del 78, sino proponer un avance y una mejora general en vez de una mera reacción defensiva frente a los excesos actuales. Parece difícil negar la superioridad política de proponer una Constitución del Siglo XXI que el recorte de la vieja Constitución del 78 y de los Estatutos emanados de la misma, que ya amenazan con devorarla como una multitud de saturnos jurídicos… En vez de un recorte y un retroceso, un avance y una ampliación de la igualdad y por tanto de la libertad: ¿no representa una gran ventaja?