(Publicado en el blog de Carlos Martínez Gorriarán, aquí)
Esta entrega podría titularse mejor “Y los inconvenientes del federalismo vergonzante”. ¿Que por qué?: pues porque el llamado “Estado de las Autonomías” no es en realidad otra cosa que una mala federación. Un Estado federal caótico porque está mal constituido, mal organizado y peor denominado. En palabras de José Tudela Aranda en su reciente obra El Estado desconcertado y la necesidad federal (pg. 260): “Es cierto que poco hay que impida calificar al actual Estado español de federal. Desde la descentralización, nuestro Estado supera con comodidad el contraste con las caracterizaciones clásicas del estado federal. Más allá de la no descentralización del Poder Judicial, circunstancia no presente en todos los estados federales o de la retórica sobre la soberanía de los entes subestatales, lo cierto es que el llamado Estado autonómico español tiene un grado cualitativo y cuantitativo de descentralización que sólo lo puede acercar (…) al Estado federal. Ahora bien, si un examen ponderado de nuestro modelo de Estado suscita pocas dudas sobre sus condiciones federales, ninguna de las formaciones políticas ha asumido esta caracterización. Ello es importante porque de esta indefinición política, de éste no asumir la realidad, se acaban desprendiendo consecuencias que sólo pueden calificarse como negativas. Negativas especialmente para aquellos que desean un reforzamiento del Estado como estructura del poder público.”
Siguiendo el argumento de José Aranda –compartido por muchos juristas y politólogos españoles-, el problema no es si la fórmula federal nos conviene o no, sino que España ya es, de facto, un federación, pero mal articulada y, además, vergonzante. Tanto que para disimular ha adoptado el absurdo eufemismo de “Estado de las Autonomías”. Y del mismo modo en que el Estado de derecho es manifiesta y urgentemente mejorable, tenemos que mejorar con urgencia el extraño federalismo de hecho surgido de la Constitución del 78.
Ese innombrable Estado federal español está mal articulado y sumido en eterna provisionalidad porque, como hemos visto, la Constitución del 78 dejó abierta, sometida a la negociación entre partidos, la transferencia ilimitada de competencias que deberían ser exclusivas del Estado, es decir, federales. Tenemos una federación que, al carecer de un horizonte de cierre de la estructura territorial, se está convirtiendo en una confederación inviable. Una confederación con los males de la asimetría, la desigualdad y la confusión sobre soberanía nacional y competencias delegadas del Estado donde es posible imponer por la puerta de atrás la bilateralidad entre una comunidad y el resto del país, como establece el Estatuto catalán. Así pues, nuestro problema no es si federación sí o no, sino que las principales fuerzas políticas y el establishment se niegan a afrontar en público el problema de fondo: que es imprescindible una reforma de la Constitución que cierre el modelo territorial, restaure las reglas de juego de la democracia y restituya al Estado su papel de poder público.
Creo que tenemos argumentos de sobra para llegar a la conclusión de que no se trata tanto de una Constitución federal de nueva planta, cosa que no propongo, como de reformar la Constitución existente, comenzando por restaurar el rigor y la precisión del léxico constituyente. Es decir, comencemos llamando a las cosas por su nombre: del mismo modo en que una mujer con hijos se llama “madre”, un Estado unitario altamente descentralizado se llama “federación”. A partir de este imprescindible reconocimiento de la realidad y del nombre de las cosas reales, podemos comenzar a discutir cuáles serán las competencias exclusivas del Estado, es decir, las competencias federales, y cuál sería el margen de capacidad legislativa y financiera de las comunidades autónomas; sería posible restaurar el muy deteriorado principio, hoy irreconocible, de que en caso de conflicto la ley general del Estado, o ley federal, prevalece siempre sobre la autonómica; sería posible establecer sobre bases mucho más sólidas los principios de igualdad y libertad de todos los ciudadanos españoles con independencia de la comunidad donde residan, etc.
¿Sería la panacea, el remedio milagroso a todos los males del país? Pues claro que no, pero nos libraría de algunos problemas constitucionales que impiden abordar problemas tan actuales como la crisis y el cambio de modelo productivo, el buen funcionamiento de servicios básicos como sanidad, justicia o educación, la financiación de los partidos y la corrupción consiguiente, etc. Uno se queda atónito cuando se desaconseja el modelo federal recurriendo a los problemas derivados de las diferencias legislativas y administrativas internas de Estados federales como Estados Unidos, Canadá o Alemania (o Suiza, que ha pasado de ser una confederación teórica a una federación práctica), como si en España no sufriéramos algo peor: la existencia de cinco haciendas y dos sistemas de financiación que pronto serán 17, como ya hay 17 sistemas educativos y sanitarios, y varios mercados laborales fraccionados para según qué profesiones.
En resumidas cuentas, que el problema no es si federalismo sí o federalismo no, porque de hecho nos gobernamos por una variedad propia de ese sistema pero de mala calidad, sino de cómo mejorar a fondo este sistema federal. Propongamos un gran debate nacional sobre cómo reformarlo para tener un buen Estado federal. Y para empezar, que no se avergüence de serlo. Hay que sacarlo del armario y echarle un buen repaso. Y somos el único partido que puede hacerlo.