(Publicado en El Mundo – e-pesimo Auxiliar 1, aquí)
EL CONTROL DE LAS COMUNICACIONES / Un sistema cuestionado
El Constitucional exige control judicial de todos los datos que implica una llamada
El secreto de las comunicaciones protege la identidad y la ubicación de los interlocutores
–>JOAQUÍN MANSO
Madrid
En 1984, la Corte de Estrasburgo, referencia universal en materia de derechos humanos, declaró contrario a las libertades fundamentales que Scotland Yard recibiese, sin control judicial, la información procedente de un sencillo sistema implantado por la Oficina de Correos de Inglaterra y Gales. Consistía en algo tan simple como una impresora que registraba los números que se habían marcado desde un teléfono -entonces sólo los había fijos y, por tanto, localizables al instante- y la duración de la llamada.
El Tribunal Constitucional de España recoge desde entonces que el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones «cubre, no sólo el contenido de la comunicación, sino también la identidad subjetiva de los interlocutores». Es decir que, sin autorización judicial y en casos excepcionales que lo justifiquen, no sólo está prohibido el acceso a lo que se dice en una llamada de teléfono o un correo electrónico, sino también conocer quién se lo dice a quién y, en definitiva, el mero hecho de la existencia de esa comunicación.
Sitel recoge en un potente servidor informático todos los datos asociados a todas las llamadas de teléfono que se realizan: quién llama a quién, desde qué punto geográfico exacto se emite y se recibe, cuándo y durante cuánto tiempo o incluso por qué se interrumpe la comunicación. A través de los repetidores, puede seguir los desplazamientos el portador de un terminal sin necesidad de seguimientos. Si se le pide, graba su contenido, también si se trata de sms.
Su regulación legal se encuentra en el filo de los límites constitucionales. La Ley General de Telecomunicaciones obliga a los operadores de telefonía a entregar a la Policía datos muy sensibles antes de que exista orden judicial y control efectivo por parte de un juez. Entre otros, la identidad de la persona, su domicilio y su ubicación geográfica en el momento de realizar una llamada, incluso aquéllas que se efectuaron en el pasado. Se trata de extremos que la Corte de Estrasburgo considera restrictivos de los derechos al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal.
Por todo lo expuesto, el Consejo General del Poder Judicial informó en 2002 de que la interceptación de esos datos sólo puede llevarse a cabo mediante «una resolución judicial motivada». El documento, que redactó el magistrado José Luis Requero, se posiciona en contra de regular mediante Real Decreto las obligaciones de las operadoras en esa materia -como pretendía entonces el PP y como hizo en 2005 el PSOE-, ya que, al afectar a derechos fundamentales, entiende que debe hacerse mediante ley orgánica. Desde 2007, se contemplan en dos leyes ordinarias. Suficiente rango legal, según dice el Supremo en una única sentencia de 2008 -que no sienta jurisprudencia-, en la que no se pronuncia sobre el contenido de esas normas, porque habría significado excederse en sus competencias.
Las asociaciones de jueces no ven, sin embargo, motivo para la alarma, siempre que se controlen «posibles abusos» en el uso de Sitel, y se restrinja «a casos especialmente graves, de narcotráfico, terrorismo o redes organizadas», según Marcelino Sexmero, portavoz de la Francisco de Vitoria. Antonio García, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, considera que «en materia de derechos fundamentales no caben interpretaciones restrictivas», por lo que entiende que el control judicial debe abarcar todos los extremos de la comunicación. Por Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa duda «que se utilice para fines distintos a los que prevé la ley».
EL CONTROL DE LAS COMUNICACIONES / Un sistema cuestionado
La Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo investigan Sitel
Estudian si es suficiente su regulación mediante ley ordinaria, en lugar de orgánica
–>PALOMA DÍAZ SOTERO
Madrid
La legalidad del Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones (Sitel) lleva días -antes de que lo denunciara el PP- bajo la lupa de la Agencia Española de Protección de Datos y del Defensor del Pueblo, ambas instituciones independientes y con capacidad para ejercer el control público. La Oficina de Enrique Múgica inició su investigación a raíz de una queja de los ciudadanos agrupados en la Asociación de Internautas.
Pero a la Agencia de Protección de Datos (AEPD) no le ha hecho falta denuncia ajena para dudar de la legalidad del Sitel y, por iniciativa propia, decidió abrir una investigación de oficio hace casi un mes.
La investigación de la AEPD se cierne sobre el propio sistema de interceptación de comunicaciones y «la habilitación legal» del mismo en relación con la protección de datos personales, según indicaron ayer fuentes de la Agencia, que estos días reúne en Madrid a las principales autoridades mundiales sobre protección de datos en la Conferencia Internacional de Privacidad.
Recordemos que Sitel es un sistema usado por las Fuerzas de Seguridad capaz de interceptar llamadas telefónicas y de localizar a las personas que están al aparato, igual que la ubicación de los comunicantes de correos electrónicos. Su uso por parte de las autoridades estaría vinculado a la Ley 25/2007 de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones.
«Esta ley», indica la propia norma, «se aplicará a los datos de tráfico y de localización sobre personas físicas y jurídicas y a los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado».
Según la denuncia de la Asociación de Internautas ante el Defensor del Pueblo, que también ha denunciado el Sitel ante la Comisión Europea, «este sistema debería estar regulado por ley orgánica, dado que afecta a derechos fundamentales», tales como el derecho a la privacidad y la intimidad.
Según recuerdan los denunciantes, el Defensor del Pueblo, en respuesta a su queja, solicitó el 26 de octubre un informe a la Secretaría del Estado de Seguridad y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información sobre el funcionamiento de Sitel.
Respecto a las consecuencias de las investigaciones, si la AEPD constatara una invasión de la Ley de Protección de Datos, declararía una infracción (no económica) que debería obligar a los poderes públicos a corregir los aspectos ilegales. En el caso del Defensor, si aprecia una conculcación de derechos fundamentales podría instar a corregir la norma o recurrir al Tribunal Constitucional.
EL CONTROL DE LAS COMUNICACIONES / Un sistema cuestionado
Los policías lo consideran legal si está bien controlado, pero piden más supervisión
–>Madrid
La Confederación Española de Policía (CEP) opinó ayer que el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (Sitel) es «legal», aunque necesita más control sobre su funcionamiento. Ignacio López, secretario general de la CEP, se pronunciaba así, en declaraciones a Servimedia, sobre el hecho de que el PP haya asegurado que Sitel es «ilegal e inconstitucional», algo que ha rechazado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Según López, este sistema de escuchas debería estar controlado «con más garantías», ya que así «nos evitaríamos polémicas en un futuro y garantizaríamos que las investigaciones gozaran de todos los predicamentos judiciales y legales para que en el trámite del juicio no exista ningún tipo de problema». Por este motivo, este representante de la CEP estimó que es «de mera lógica» que, como ha reclamado el PP, el funcionamiento de Sitel esté regulado por una ley orgánica y no «a través de reglamentos y circulares internas que no tratan con rigor este mecanismo».
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que es «absolutamente legal» el sistema. José María Benito, portavoz del SUP, señaló que Sitel ha permitido que, en lo que se refiere a escuchas telefónicas, las Fuerzas de Seguridad hayan pasado «de estar en el siglo XIX a estar en el siglo XXI». Destacó que las grabaciones se realizan «con las mismas garantías que se hacían las otras escuchas, con intervención y autorización judicial». Añadió que lo único que podría ponerse «en duda» es que Sitel permita localizar el lugar desde el que una persona está hablando con su móvil. Sin embargo, afirmó que, hasta el momento, ningún juez ha cuestionado este aspecto
EL CONTROL DE LAS COMUNICACIONES
Usar armas legítimas
–>PEDRO MARTÍNEZ
La sociedad de la vigilancia ha llegado sin que casi nos hayamos dado cuenta. En parte, resulta esencial para facilitar los servicios que necesitamos. En parte, resulta cuestionable y puede resultar injustificable, intrusiva y opresiva.
En Europa todo comienza con la Resolución sobre Interceptación Legal de las Comunicaciones de 19 de mayo de 1999, que fue la que dio a conocer la palabra Enfopol al mundo, que abre el camino a un sistema de interceptación y vigilancia de las comunicaciones en todo el territorio de la Unión Europea. La extensión de los poderes otorgados a las policías europeas mediante este plan, unido al secretismo que ha rodeado su gestación y desarrollo, lo convierten en una grave amenaza potencial para la intimidad en la Europa del nuevo milenio.
En España, es a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 cuando el Gobierno (entonces, del PP) se implicó decididamente en este proyecto. Adquirió e implantó el software de interceptación de las comunicaciones electrónicas Sitel (versión española de Enfopol). Tras el 14-M, el PSOE, con todo su discurso sobre el buen gobierno, la ética y la trasparencia, generalizó el uso del sistema sin debate alguno y sin control judicial efectivo, escondiéndolo en una disposición de ínfimo rango normativo para ocultar, o al menos disimular, su existencia, para que los medios no hicieran preguntas.
Sitel no reúne los requisitos para ser utilizado en una sociedad democrática:
1º. Los jueces no han recibido información y formación sobre esta tecnología.
2º. Las operadoras de telefonía deben facilitar, sin que lo autorice el juez, datos personales de sus clientes, como su identificación, domicilio, cuenta corriente o su DNI.
3º. Las operadoras de telefonía deben facilitar datos personales de los interlocutores, aunque la orden de interceptación no los incluya expresamente, como la localización de los interlocutores.
4º. No existe garantía alguna de la autenticidad de la información que se aporta a los juzgados, ya que no existe autoridad certificadora que garantice la autenticidad, y los discos se entregan sin firma electrónica y sin encriptar.
5º. Toda la información que se intercepta queda almacenada sine díe en unos servidores que se encuentran en los llamados Centros de Interceptación de las Comunicaciones, a disposición del Poder Ejecutivo.
Es probable que Sitel haya servido para atrapar a algunos delincuentes, aunque las estadísticas criminales no dejan de crecer. También puede ser que desde el Gobierno se haya usado para dar un zarpazo a sus rivales políticos, lo cual es gravísimo y debe ser investigado, pero tampoco olvidemos que quienes ahora alzan su voz acusadora demandando justicia también son padres de la criatura. Nadie niega que el Estado pueda utilizar la tecnología para la lucha contra la delincuencia. Pero el Estado de Derecho no puede usar armas que no sean legítimas, a menos que la sociedad empiece a perder su alma democrática. Pero si el escándalo actual sirve para instalar controles democráticos y judiciales eficaces, bienvenido sea.
Pedro Martínez es fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
EL CONTROL DE LAS COMUNICACIONES / La propuesta 'popular'
El PP reclama una ley orgánica para el sistema de escuchas
Sáenz de Santamaría cree que la falta de regulación puede afectar al 'caso Gürtel'
MANUEL SÁNCHEZ
Madrid
El uso del sistema Sitel, que permite todo tipo de escuchas de teléfonos móviles y localización de cada interlocutor, ha desatado toda una batalla política que, además, afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos.
La batalla, sin embargo, se libra sólo en el aspecto más político, sin tener en cuenta la inquietud ciudadana que está provocando.
Así, el Partido Popular ha entrado de lleno en este asunto tras sufrir las consecuencias en el 'caso Gürtel'.
Fue la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, quien salió ayer a criticar que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, prefiera el descontrol del uso del sistema Sitel en lugar de una regulación. Por ello, anunció que su grupo registró ayer una Proposición no de Ley en la que se reclama al Gobierno una Ley Orgánica para garantizar el control judicial en el uso de dicho sistema.
Sáenz de Santamaría explicó que el secreto de las comunicaciones es una libertad que tiene que defenderse y que cede ante determinados delitos graves, pero siempre con una regulación legal que diga cómo y hasta dónde, «para que los españoles tengan la tranquilidad de que sus libertades están garantizadas».
Una y otra vez, la portavoz del PP insistió en que no comprende los recelos del PSOE, «y como no los comprendo, llevaremos un debate a la Cámara para que se apruebe una ley que diga cómo, cuándo y hasta dónde se utilizan estos dispositivos. Estamos hablando de la intimidad, de la libertad de la comunicación de los españoles, y este tema exige una debida regulación», afirmó. Incluso, la portavoz del PP indicó que si esta iniciativa prosperase podría afectar a «procedimientos en marcha», como el caso Gürtel.
El PSOE siguió en el puro debate político. Así, su portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, se limitó a censurar la hipocresía del PP en este asunto.
Alonso, jurista de reconocido prestigio, se puso el traje de político y acusó al PP de tener «bastante cara dura» para reprochar el uso de un sistema que fue comprado durante el Gobierno de José María Aznar.
El portavoz socialista indicó que el sistema es «perfectamente legal y constitucional», pues se usa bajo control judicial y en el marco de un proceso judicial, y recordó que está avalado por el Tribunal Supremo.
Y añadió: «La sospecha permanente sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado es una muy seria irresponsabilidad. No merecemos como país que se lancen sospechas permanentes sobre nuestras instituciones, que es lo que hace el PP, sin fundamentos, arbitrariamente y sin prueba ni acreditación».
En el resto de grupos parlamentarios hay posturas encontradas. Así, la portavoz en la Comisión de Interior de CiU, Mercè Pigem, indicó: «No tenemos nada en contra del sistema, pero sí de su utilización, que tiene que ser con plenas garantías legales».
Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, se inclinó por criticar la hipocresía del PP: «Es un sistema legal, avalado por el Tribunal Supremo, que compró el Gobierno del Partido Popular»