(Publicado en El Mundo – e-pesimo Auxiliar 1,aquí)
EDITORIALES DEL DÍA
CUANDO EL CONSTITUCIONAL ELUDE SU DEBER
EL TRIBUNAL Constitucional admitió ayer a trámite el recurso del PP contra 38 artículos y cinco disposiciones de la Ley de Educación de Cataluña, aprobada el 10 de julio pasado. En principio, el PP no iba a recurrir esta norma, ya que esperaba el fallo del Constitucional sobre su recurso contra el Estatuto de Cataluña, presentado en julio de 2006. Ha sido la demora del Alto Tribunal lo que aconsejó al PP recurrir específicamente la Ley de Educación el mes pasado con argumentos muy parecidos a los que ya utilizaba en su recurso contra el Estatuto, en el que se sustenta la nueva ley.
Esta situación no hace más que poner en evidencia por enésima vez el incomprensible retraso del Constitucional, que lleva tres años y cuatro meses deliberando sobre el recurso del PP. A lo largo de este tiempo, el Parlamento de Cataluña ha aprobado decenas de leyes, decretos y otras disposiciones que desarrollan el Estatuto, en flagrante contradicción con la letra y el espíritu de la Constitución. La Ley de Educación es una muestra de ello, pues ignora totalmente las normas educativas del Estado. De entrada, prevé la creación de un cuerpo docente catalán que impide que profesores de fuera de Cataluña puedan dar clases en esa comunidad.
«La cuestión más crucial que la Ley de Educación plantea es si el legislador autonómico puede regular a su arbitrio cualquier materia o debe constreñirse a las materias que la Constitución le atribuye como propias», dice el PP en el recurso. Tras un repaso exhaustivo de la norma, concluye que el Parlamento catalán se ha erigido como «un poder constituyente» que vulnera el artículo 27 de la Constitución sobre el derecho a la educación, así como el artículo 3, que establece que el castellano es la lengua oficial del Estado.
El repaso que hace el PP de los abusos y las incongruencias de la Ley de Educación es devastador, pero lo más grave -como insiste el recurso- es que se impide que los padres puedan elegir la lengua vehicular de la educación de sus hijos. Hasta ahora, la ley catalana de Política Lingüística, de 1998, garantizaba la escolarización en castellano hasta los ocho años. Ahora se impone el catalán como única lengua desde la enseñanza primaria -salvo en su primer curso- hasta la Universidad, en el contexto de unas políticas de normalización que intentan borrar el castellano de Cataluña.
Los populares advierten, con razón, de que se pretenden vulnerar derechos de una parte considerable de los ciudadanos, y todo en atención a un principio tan discutible como el de que la enseñanza «cultivará el sentimiento de pertenencia a la nación catalana». No puede ser más clara la evocación de aquella asignatura llamada Formación del Espíritu Nacional que el franquismo impartía como obligatoria o la de las ideologías nacionalsocialistas de los años 30 en Europa, que exaltaban la supeditación del individuo a la nación y a la raza. No es casual que, nada más aprobarse la ley en cuestión, ERC anunciara que ésta serviría para avanzar «en la construcción nacional» de Cataluña. Ése es el verdadero propósito de la Ley de Educación y del Estatuto, que tantos puntos en común tienen.
Lo que resulta incomprensible es la tardanza en pronunciarse – por decirlo de una manera benévola- del Tribunal Constitucional. Todo indica que intenta hacer encaje de bolillos para salvar lo esencial del Estatuto, madre de todas las arbitrariedades de un nacionalismo que, con la activa complicidad del PSC/PSOE, queda reflejado en esta bochornosa Ley de Educación