Ignacio Escolar (Publicado en Reggio´s – Estrella Digital, aquí)
Los hay que están, literalmente, brindando con champán. El lunes por la noche, en un restaurante de Madrid, un alto ejecutivo de La Coalición de Creadores -un lobby contra la piratería que agrupa, entre otros, a la SGAE y las discográficas- presumía de haber metido “un gol al Gobierno”: colar en anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible una enmienda que permitirá cerrar páginas web que supuestamente violen la propiedad intelectual sin necesidad de ese engorroso trámite llamado juicio. La anécdota de la cena la cuenta César Calderón en su blog, y no es un cualquiera. Calderón es uno de los principales asesores del PSOE en temas de internet, uno de los muchos socialistas del Gobierno y de Ferraz que el martes se desayunaron, cabreados, con el penalty de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Pero antes de seguir con la interna del PSOE, algunas explicaciones técnicas, que el tema se las trae.
¿En qué consiste esta espinosa reforma legal que tanto ha enfadado a muchos internautas? Básicamente, lo que hace es permitir que sea el Ministerio de Cultura, en lugar de un juez, quien tenga autoridad para cerrar una página web por incumplir la legislación sobre la propiedad intelectual. Hasta ahora, si la SGAE pretendía bloquear una de las muchas páginas donde se clasifican enlaces a descargas de música o películas, tenía que hacerlo por medio de una orden judicial. Y los jueces españoles, por el momento, estaban absolviendo a este tipo de webs por entender que no incumplen la ley, ya que sólo proporcionan información sobre dónde encontrar el archivo pirata, y no el archivo pirata en sí. Por llevarlo a la calle, donde los ejemplos son más fáciles de entender: es como si acusasen de piratería al vecino que te dice dónde se ponen los del top manta.
Como la justicia era un problema, Ángeles González Sinde ha decidido saltarse las siempre molestas garantías del Estado de Derecho. El Ejecutivo no sólo se ocupa de promover las leyes y de hacerlas cumplir, también será quien castigue a los supuestos infractores. Si esta reforma legal sale adelante, en lugar de que sea un juez quien sentencie si hay que cerrar o no una página web cuando existe una denuncia de piratería, lo hará una comisión nombrada por el propio Ministerio de Cultura. Esa comisión, que según González Sinde estará formada por “expertos” (ja) “independientes” (ja, ja, ja), no sólo decidirá los cierres. También podrá imponer sanciones administrativas, e incluso tendrá potestad para solicitar a los proveedores de acceso a internet que identifiquen al dueño de la página pirata, un dato que de nuevo sólo debería poder solicitar un juez. Será una comisión tres en uno: juez, fiscal y policía. Es lo bueno que tiene cargarse el Estado de Derecho: al menos ahorras.
La legislación vigente, desde que llegó la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, ya permitía que la Administración ordenase el cierre de una web sin esperar a que opinase el juez, aunque sólo en casos excepcionales, urgentes y muy graves. La reforma amplía esta puerta falsa para convertirla en el portón principal: las entidades de gestión de derechos de autor, que no han encontrado en los jueces el respaldo que esperaban, a pesar de su ingente nómina de abogados, tendrían así un árbitro mucho más proclive a sus intereses.
La reforma ha sido toda una sorpresa: no se había dicho ni una sola palabra sobre ella en ninguno de los numerosos actos con los que el PSOE, el Gobierno y el propio presidente habían adelantado los contenidos de la Ley de la Economía Sostenible, un ley ómnibus a la que sólo le falta salir a comprar el pan y hacer la colada. De hecho, las operadoras de telefonía -directas afectadas por el plan- no sabían nada de ella hasta que lo contó la prensa el martes. Pero la decisión también pilló en fuera de juego a muchos diputados, y a varios altos cargos del Gobierno directamente implicados en el desarrollo de internet.
Los que sí sabían que el balón había cruzado la portería eran los del lobby antipiratería. El martes, a la vez que la polémica por la nueva reforma encendía la red, varios artistas se manifestaban frente al Ministerio de Industria. La elección de la fecha no es casual, y pretende parar la presión en internet -que se ha movilizado contra la reforma- para que así el Gobierno, atrapado entre dos fuegos, no anule el tanto. “La reforma no va a salir”, confían aún en el PSOE los que no comulgan con las tesis de la SGAE. “Es lo bastante laxa para que luego, en el trámite parlamentario, se rebaje”, explica un miembro del Gobierno. Y será ahí, en el Parlamento, donde probablemente este abuso se recorte: el PSOE tendrá difícil encontrar aliados para una ley así. Y ojalá sea así, pero sin duda queda mucho partido por delante.