HACE tiempo que el Gobierno ha perdido el rumbo y ofrece continuamente pruebas evidentes de incompetencia y descoordinación. Parecía imposible empeorar la penosa gestión del secuestro del «Alakrana», pero Rodríguez Zapatero y sus ministros han demostrado una vez más su incapacidad en otra semana negra para un Ejecutivo superado por las circunstancias. Los diferentes departamentos ministeriales compiten entre sí en la carrera del despropósito. Exteriores anuncia a bombo y platillo el acuerdo con Marruecos sobre la activista saharaui Aminatu Haidar, pero las autoridades del Reino alauí desprecian y ridiculizan a la diplomacia española y obligan a paralizar el despegue del avión desde Lanzarote a El Aaiún. Es una consecuencia lógica de la debilidad en política exterior que permite a los interlocutores sacar provecho de las amenazas y chantajes al Gobierno. El mismo día, el secretario de Estado de Investigación abrió una nueva crisis en el departamento que dirige Cristina Garmendia, otro fichaje fallido del presidente, que ha perdido notoriamente su confianza en la ministra. Los recortes presupuestarios en I+D son fiel reflejo de la cruda realidad: en contraste con la retórica oficial, Zapatero no tiene interés alguno por la política científica ni por el impulso del desarrollo tecnológico.

Tampoco le sale nada bien al PSOE en el Congreso de los Diputados. El esperpento de la proposición no de ley sobre la retirada del crucifijo en los centros escolares obligó a sus portavoces a lanzar mensajes contradictorios: si los socialistas no saben qué están votando, son unos incompetentes; si pretenden eliminar el símbolo religioso de todos los centros, sean públicos o privados, incurren en un radicalismo que obligó a dar explicaciones al propio jefe del Ejecutivo. Así, una y otra vez, la desorientación se apodera de un equipo deslavazado e ineficaz. La ley de economía sostenible es el ejemplo culminante del desastre colectivo: los titulares de Justicia y de Cultura quedan en ridículo ante los internautas y el presidente anuncia la modificación de un proyecto que en realidad todavía no existe. Lo cierto es que ni siquiera saben utilizar a los funcionarios competentes en materia de técnica normativa. Un despropósito total.