(Publicado en La Vanguardia-Caffe Reggio, aquí)
EL ÁGORA
Mas propugnaba en el 2010 una mayoría del 60% para que Catalunya tuviera un futuro claro
Pese a constituir una contradicción en sus propios términos, el president de la Generalitat ha logrado que todos asuman el carácter plebiscitario de las elecciones del próximo domingo. Incluso Rajoy ha entrado en la dinámica del sí y el no a la independencia y no hay candidato que no hable de ella sin mención alguna a otros temas de interés ciudadano aunque el CIS sigue constatando que lo que más preocupa a los catalanes es el desempleo y los problemas económicos. Así las cosas, ¿por qué trampea Artur Mas?, ¿por qué no asume con todas las consecuencias ese carácter plebiscitario del 27-S y establece la línea del éxito o del fracaso en la mayoría absoluta de votos populares en vez de en la de escaños? Quizá porque sabe que perdería el envite como acreditan todas las encuestas, incluso sumando a Junts pel Sí –que es mucho sumar– los votos de la lista de la CUP que, pese a su radicalismo, se fijará en los sufragios y ha anunciado que no investirá a Artur Mas.
Digo que el president de la Generalitat trampea. Efectivamente: el coste de cada diputado es muy dispar según qué circunscripción. En Barcelona es de 48.000 sufragios; en Tarragona y Girona, de 30.000 y en Lleida, de 20.000. Es evidente la infrarrepresentación de Barcelona que es la provincia con menor penetración independentista. Mas está jugando con un ventajismo que deslegitima sus pasos posteriores si son los que se pretenden en su hoja de ruta y una razonable negociación. Es verdad que España registra en su historia un ejemplo de elecciones plebiscitarias: las municipales del 12 de abril de 1931 que acabaron con el régimen de la Restauración y trajeron la II República. Se elegían 80.000 ediles. Más de 40.000 electos fueron de adscripción monárquica; poco más de 36.000, republicana, pero 41 de las capitales de provincias votaron por las candidaturas rupturistas y hubo una mayoría de voto popular republicano.
Lo más grave, sin embargo, es la incoherencia de Artur Mas. Tengo ante mí, mientras redacto estas líneas, la página 16 del diario El País de 25 de septiembre del 2010. Ha llovido mucho, desde luego, pero no tanto como para que al president de la Generalitat se le haya podido olvidar. El titular a cuatro columnas y entrecomillado era del siguiente tenor literal: “El derecho a decidir lo tendrían que apoyar más del 60% de los catalanes”. En el cuerpo de la entrevista, el presindent es todavía más explícito: “El futuro de Cataluña para ir bien, para que sea un futuro claro, tendría que ir a mayorías superiores a un 60%”. La hemeroteca juega estas malas pasadas –o buenas, según se vea– que retratan a los políticos y sus incoherencias. Porque si Artur Mas estimaba hace cinco años que para que Catalunya tuviera un futuro claro eran necesarias mayorías “superiores al 60%”, ¿qué es lo que ha cambiado para que ahora no estén indicadas esas mayorías como entonces?
Se aducirá que el 27-S no es un referéndum. Cierto. Un referéndum es un plebiscito, un sí o un no. Y como lo es ¿por qué Junts pel Sí lo asume como tal pero lo interpreta en sus resultados como unas elecciones ordinarias? El planteamiento carece de lógica y, de mantenerse como parece, afectará muy seriamente a la legitimidad –concepto enlazado con la legalidad pero que lo supera– de la política catalana próxima si las listas independentistas obtienen una victoria por mayoría absoluta de escaños pero no en voto popular. Los líderes secesionistas tienen meridiano que este es el punto débil, entre otros, de su planteamiento del 27-S, tan débil como subrayaron ante Mas, Romeva y Junqueras los corresponsales extranjeros acreditados en España.
El 27-S, de dar a los independentistas los resultados que apetecen en escaños y no en votos, resultará internacionalmente ineficaz, como lo será la segunda falla de su planteamiento que es la permanencia en la Unión Europea para el caso –una hipótesis muy lejana– de una posible independencia declarada unilateralmente. Estos dos aspectos del planteamiento independentista condicionan todo el proceso de una manera prácticamente absoluta, con independencia de las medidas que el Estado, a través del Estado, del TC o la justicia ordinaria, puedan adoptar.
Por esa razón, si la negociación que debería abrirse después de los comicios queda abortada por recíprocas tozudeces, o no prospera en unos términos ponderados y leales, no maximalistas, tendríamos que ir a una ley de Claridad a la canadiense interpretada esta como lo hizo Rafael Jorba en este periódico (“A la canadiense” de 15/X/2014): autorización del Estado, pregunta clara, participación determinada sobre censo y mayoría reforzada. Por ejemplo, de ese 60% al que hace cinco años se abonaba Artur Mas.