(Publicado en ABC – Editorial, aquí)
EL caso de Aminetu Haidar, la activista saharaui que lleva más de veinte días en huelga de hambre en Lanzarote, es un foco de problemas para el Gobierno socialista, empeñado en demostrar siempre que puede su incompetencia para abordar conflictos que ponen a prueba su capacidad política, diplomática o simplemente gestora. Ahora bien, la suerte que corra la vida de Haidar es responsabilidad exclusiva de Haidar. Bajo ningún concepto el Gobierno español -ni el juez que tenga que resolver sobre una hipotética alimentación forzosa- será responsable de la posible muerte de esta activista, que se ha mantenido intransigente en el rechazo a todas las soluciones que le ha ofrecido el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde el estatuto de refugiado hasta la nacionalidad española. La torpeza del Gobierno en la gestión de este problema y la legitimidad de la causa saharaui no justifican la actitud rayana en el chantaje que está manteniendo Aminetu Haidar y que está poniendo a España en un compromiso que no le corresponde, porque la solución a sus demandas sólo está en manos del Reino de Marruecos. Ni España ni sus más altas instituciones pueden ser puestas entra la espada y la pared por la protesta personal de Haidar.
Sí depende del Gobierno revisar las bases de su relación con Marruecos, en aras del interés nacional al que aludía Rodríguez Zapatero -no siempre ducho en la utilización de ese principio- para justificar su gestión en el caso Haidar. Nuevamente, pese al gran acierto que fue el viaje de los Reyes de España a Ceuta y Melilla, esta relación bilateral se ha revelado inestable, desequilibrada e insincera, sometida por completo a las indicaciones personales del monarca alauí, Mohamed VI. Mientras España emplea una política exterior -acertada o no- con los recursos diplomáticos de un Estado moderno, de su interlocutor recibe en ocasiones respuestas propias de una monarquía feudal e incluso amenazas, como las que ayer lanzó contra España el régimen alauí. Esta vez, el Gobierno español tiene la ventaja de contar con una oposición que no practica la diplomacia paralela, como hizo el PSOE durante la ocupación marroquí de la isla de Perejil, cuando Zapatero viajó por su cuenta, y sin éxito, a Rabat mientras Aznar ponía en marcha los apoyos internacionales y la determinación política de los que ahora carecemos. España no puede quedar en evidencia cada vez que le interesa a Marruecos, sea a costa de Haidar, del Sáhara, de sus aspiraciones expansionistas o de los caprichos de su gobierno.