Pilar Lozano Marco (Publicado en UPyD, aquí)
La corrupción es una plaga de consecuencias corrosivas para la sociedad. No sólo socava la democracia, sino que distorsiona los mercados y menoscaba la calidad de vida. Así se recoge en el prefacio de la Convención de la ONU contra la corrupción que entró en vigor en diciembre de 2005. En dicho instrumento, la Asamblea General, a fin de aumentar la sensibilización respecto de esta lacra, decidió proclamar el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción.
La Convención fue ratificada por España el 9 de junio de 2006, por lo que forma parte del ordenamiento interno de nuestro país. Ello implica que las normas relativas a los derechos fundamentales han de interpretarse conforme a las previsiones de dicho texto internacional, entre ellos el derecho a la intimidad, bajo el que muchas veces se amparan los gobiernos autonómicos, ya sean del PSOE o del PP, para no facilitar determinadas informaciones, como los listados de personal de empresas o entidades con participación público que escapan del control presupuestario y proliferan en España como auténticas «agencias de colocación» para los amigos del poder político de turno.
Entre otras medidas preventivas, la Convenciónrecomienda a los Estados Parte que establezcan sistemas contratación y promoción de empleados públicos basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud. Todo lo contrario de lo que sucede en nuestro país. Según el último boletín estadístico del Personal al Servicio de las administraciones públicas, el 86% de los empleados públicos tienen carácter laboral o eventual, incluidos cargos de confianza. De hecho, el uso y hasta abuso del sistema de libre designación facilita las prácticas corruptas. Así por ejemplo, el puesto de trabajo de muchos de los funcionarios encargados de controlar la adecuación a la legalidad de la actuación administrativa y la proporcionalidad de los gastos en que incurren los cargos públicos, (incluidos viajes, comidas y obsequios), depende de estos últimos. A las dificultades del control interno se suma el retraso endémico en la elaboración de los informes de los Tribunales de Cuentas, encargados de la fiscalización externa, y sus escasas consecuencias prácticas.
La Convención contempla asimismo medidas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones. Son los denominados «canales éticos», un sistema anónimo y confidencial a través del cual los funcionarios y ciudadanos pueden denunciar irregularidades y que funciona desde hace años en países como Suecia, Holanda o Canadá. La transparencia en las cuentas públicas y el establecimiento de suficientes controles contables internos, con procedimientos apropiados de auditoría y certificación también en la empresa privada, merecen también un lugar destacable entre los instrumentos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción,
Dentro del capítulo de «participación ciudadana» en la lucha contra la corrupción, la Convención recomienda garantizar el derecho a acceder libre y gratuitamente a los expedientes y documentos oficiales sin necesidad de acreditar un interés legítimo, como se exige ahora en España. El nuestro es precisamente uno de los pocos países de la UE, junto con Luxemburgo, Malta, Chipre y Grecia, que no cuenta aún con una Ley de Acceso a la Información. Esta es una de las promesas incumplidas del PSOE que en su programa electoral para las elecciones generales de 2004, antes de llegar al poder, afirmaba:
Desde un gobierno socialista impulsaremos una Ley sobre el derecho al libre acceso a la Información, que garantice que todos los poderes, autoridades públicas y entidades sostenidas con fondos públicos, faciliten, en tiempo útil, el libre acceso a toda información o documento oficial, con la única excepción de lo que atente a la legislación de protección de datos o de secretos oficiales. La autoridad requerida deberá motivar, en su caso, su negativa a dar información o documentación. La garantía del derecho a la libre información la ejercerá una Autoridad independiente elegida por el Congreso de los Diputados, por mayoría cualificada, con facultades para obligar a las Administraciones Públicas a la entrega inmediata de la información o dato solicitado.
En lugar de promover sin el necesario consenso iniciativas legislativas que no estaban en su programa y dividen a los españoles, el Gobierno debería explicar por qué ha «olvidado» tramitar este tipo de iniciativas que a buen seguro desempeñarían un papel disuasorio frente a la corrupción. Como afirma el presidente de la Asociación Pro Transparencia de las Cuentas Públicas, «no se trata tanto de conocer en qué se gasta el dinero, sino de que los responsables públicos sepan que los ciudadanos podemos llegar a averiguarlo con facilidad, y les inquiete, o cuando menos, les dé vergüenza».