Cospedal, Sáenz de Santamaría y Jaime Mayor Oreja coinciden en culparle de la crisis social e institucional más grave que ha sufrido el país en las últimas décadas
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA (Publicado en e-pesimo Auxiliar 1, aquí)
El desembarco fue total, porque no faltó ni un solo dirigente nacional. Y así fue también la ofensiva contra Rodríguez Zapatero, convertido, discurso tras discurso, en autor del «desplome» de España. Antes de que los parlamentarios se distribuyeran en las distintas comisiones para pergeñar los preceptivos documentos de alternativa en materia de energía, financiación o gestión pública, la secretaria general y los tres portavoces ya habían dado un concertado repaso al jefe del Ejecutivo con un estribillo constante: crisis. No la recurrente crisis económica, sino una nueva, la «crisis social», que según insistieron uno tras otro, azota ahora al país.
Como viene siendo habitual, Cospedal fue la más dura. Tras curarse en salud en clave regional y criticar al Gobierno de izquierdas balear como «una macedonia de partidos que intentan, año tras otro, mantenerse en el poder tapándose las corruptelas los unos a los otros», la número dos lanzó un duro alegato contra Zapatero en términos muy similares.
Le acusó, nada menos, que de provocar «un atentado contra los intereses de España». Y es que, según afirmó, su proyecto político es el de «imponer un modelo social distinto al que tenemos, a través de algo malsano y peligroso: crear división entre los españoles».
Bajo este argumento, Cospedal no dudó en salirse de la tangente trazada con tanto cuidado electoral por su partido en Cataluña para referirse a la polémica sobre el Estatut. Así, responsabilizó a Zapatero de la «manipulación institucional» y le culpó de permitir la «deslegitimación» del Tribunal Constitucional por parte de quienes se han empleado en presionar en torno a la sentencia.
Y tampoco renunció Cospedal a incluir en la referida «crisis social» el actual «recorte de libertades», empezando por el del secreto de las comunicaciones, pasando por el intervencionismo en las páginas web y terminando por el chivatazo a ETA sobre cuya investigación, según aseguró, el PP no va a cejar. «El presidente del Gobierno no quiere que se sepa lo que pasó en el bar Faisán» dijo, antes de prometer que el PP, «va a impedir que se archive el caso».
Jaime Mayor no le quedó a la zaga a Cospedal. Dijo que Zapatero ha llevado al país «a la peor crisis económica, financiera, nacional y de valores que nunca ha vivido la democracia española».
El portavoz popular en el Senado, Pío García-Escudero se conformó con pegarse al terreno del paro -«dos millones en dos años»- para arremeter contra el jefe del Ejecutivo y reprocharle que mientras la situación empeora, él «sólo nos habla de la tierra y del viento, de la mar y de los peces de colores».
Su homóloga en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, tiró primero de eslogan al calificar la de Zapatero como la fast política en referencia a la fast food (comida rápida): «Política del anuncio, que dura poco, muchas calorías pero pocas vitaminas». Le reprochó, en este capítulo, los «20 millones de euros que costará la cartelería del nuevo Plan E».
Pero la portavoz no se quedó en el chascarrillo y compitió con Cospedal y con Mayor en hablar de la «crisis económica, social e institucional más grave de las últimas décadas». Sobre la primera, reclamó al presidente una «explicación» por lo ocurrido en el Ayuntamiento de Vic: «Hemos pasado del papeles para todos, al padrón para nadie», afirmó. Sobre la segunda, aseguró que el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, «mintió en el Congreso».
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