(Publicado en ABC, aquí)
HAY un hilo que cose, como un factor común invisible, conflictos tan aparentemente dispares como el del cementerio nuclear en Yebra y el de los inmigrantes de Vic, que en sus lógicas distintas y sus motivaciones diferentes simbolizan como un avatar uno de los grandes problemas de la política española: la desestructuración del discurso nacional a favor de un magma fragmentado de intereses territoriales que suplanta o minimiza cualquier política de Estado. Las grandes cuestiones que deberían vertebrar la estrategia de los partidos de gobierno -energía inmigración, agua, hacienda, justicia- han quedado solapadas por una turba de reivindicaciones regionales o locales lideradas por monterillas levantiscos dispuestos a aplicar en sus feudos la ley suprema del electoralismo de aldea, guiados por un cantonalismo montaraz que reduce las estructuras de sus organizaciones a un vago remedo confederal. Cuando la opinión pública demanda grandes pactos transversales que hagan frente a los grandes desafíos de la nación olvida esta lacra sobrevenida que impide todo acuerdo de alcance: antes de pactar con la fuerza adversaria, nuestros dirigentes tienen que tratar de ponerse de acuerdo con las taifas de sus propios poderes neofeudales.
Quizás el caso de Yebra haya alcanzado el paroxismo de la esquizofrenia en tanto que una misma personalidad política suscribe como secretaria general del PP lo que rechaza como candidata autonómica en Castilla-La Mancha, pero no pasa día sin que quede en evidencia en un partido u otro la falta de una autoridad única que articule un mismo concepto de la gobernanza. El peso de los votos en comunidades y ayuntamientos ordena las prioridades por encima de necesidades y programas nacionales, y subordina al interés inmediato de los territorios cualquier decisión de índole estratégica. Se trata de un problema común de cualquier administración descentralizada que en España se ha convertido en la clave de bóveda del Estado contemporáneo. Sin un sistema de valores comunes, basados en la ideología, los principios o el simple análisis de realidad, no existe política de Estado porque el Estado queda reducido a una mera entelequia retórica, a una vaga abstracción redefinida en la práctica por la yuxtaposición y la amalgama.
En un principio el problema lo crearon los nacionalistas, pero el crecimiento hipertrofiado de los regímenes periféricos y su enorme capacidad de distribución de recursos ha eliminado de hecho el concepto de partidos de Estado, reduciéndolos a vastas organizaciones dispersas, a menudo contrapuestas en sus intereses, y a menguados aparatos centrales que a duras penas logran embridar, como en Vic, los primarios impulsos tacticistas de unos jefes de tribu asimilados por conveniencia a la dinámica egoísta y alicorta del nacionalismo. El problema es que en las tribus los que mandan se llaman caciques.